“El denunciar el acoso no es una cosa fácil y mucho menos desde la posición en que se encuentra el maestro. No estamos hablando de cualquier maestro, estamos hablando de un coordinador, de un hombre que presume los vínculos que tiene y ahora vemos que no sólo los presume sino los tiene”.
Así lo señaló este martes la abogada y coordinadora nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Alejandra Cartagena López, al dar un informe público sobre la situación que guarda el caso de acoso suscitado en la carrera de Antropología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
El hecho, que fue denunciado penalmente a finales de mayo ante el Centro de Justicia para las Mujeres por la maestra Tanya Méndez Luévano, ha abierto una cloaca de señalamientos e historias que se suman a la demanda de la académica.
Esto, denunció Cartagena López, también ha significado un difícil camino, pues la Universidad de Guadalajara y, específicamente, la oficina del abogado general, Javier Peña Ramos, han tratado de obstaculizar y favorecer a Horacio Hernández Casillas, coordinador de la carrera y denunciado como artífice del hostigamiento a las mujeres de dicho espacio universitario.
Después de meses, el avance en la investigación al interior del CUCSH, llevado a cabo por la Comisión de Responsabilidades de dicho centro, ha sido poco. Incluso en el proceso se ha vulnerado a las víctimas, pues en lugar de que la casa de estudios sea un mediador que las acompañe, se ha convertido en una entidad que confronta a las partes y las sienta en un banquillo de acusados, señalan las involucradas.
“Sigue aportando en el propio expediente, según él, pruebas, cuando realidad son elementos que siguen constituyendo el acoso. Por ejemplo, acaba de extender su denuncia mostrando fotografías del perfil de la profesora Tanya”, señaló Nohemí, egresada de la universidad.
La vulnerabilidad ha sido tal, que en la carpeta de investigación la defensa de Hernández Casillas ha introducido capturas y fotografías de los perfiles personales de las víctimas del acoso para señalar sus actividades privadas, como el salir de fiesta o el beber en los espacios recreativos.
“Ha violado totalmente mi intimidad, información privada, utilizando fotos mías, publicaciones mías de Facebook para poder defenderse y ridiculizar todo el proceso que se está llevando. Sinceramente me siento aterrorizada porque son publicaciones del año pasado y es información privada donde solamente las personas que yo tengo agregadas pueden ver”, denunció Miriam, estudiante.
En contraste, Cladem –organización que ha acompañado todo el proceso de denuncia al interior y fuera de la UdeG– explicó que existe una carta con más de 180 personalidades de la academia que respaldan a las denunciantes. Pero cuyo contenido no ha sido tomado en cuenta por dar peso a las pruebas que presenta la defensa del denunciante.
De forma anónima se mencionaron a tres chicas más que estarían dispuestas a presentar sus denuncias, pero se argumenta que el miedo a la exposición es tal que no han llegado a la determinación de ampliar este caso.
Caso emblemático
“Lo que nos queda claro es que este caso es emblemático. Sabemos que no es el único. Porque hay muchísimos de otras chicas que siguen dentro de la universidad pero tienen mucho miedo. Porque de verdad, y ahora lo estamos viendo, que el tipo sí tiene vínculos, sí tiene ese poder que presumía y le tienen mucho miedo”, declaró Alejandra Cartagena, coordinadora nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).
El caso de Miriam, estudiante, es representativo. Pues hasta ahora había tenido una denuncia penal que a partir de este martes será presentado a la UdeG, entidad a la que se había rechazado llevar su caso por el encubrimiento que percibía. Además de que previo a su aparición pública, la estudiante había tenido que optar por cubrir su rostro para evitar las represalias.
Son muchos reproches a las formas en las que ha actuado la entidad universitaria. A pesar de que se le separó de su cargo de coordinador, Horacio Hernández sigue acercándose al centro.
Las defensoras señalaron que en días recientes Tanya Méndez se presentó al espacio escolar y se encontró con el denunciante, lo que la pone en una situación de vulnerabilidad y por ello se pidieron medidas cautelares que la UdeG no dio de forma proactiva.
Al contrario, Hernández Casillas obtuvo un amparo para que se le pudiera pagar el 30 por ciento de su sueldo. Acción por la cual la universidad no hizo ninguna acción de respuesta. Por lo que Cladem señaló que hay razones para entender que el encubrimiento a este persona por parte de Javier Peña Razo, abogado general, motivó la inacción.
Peña Razo depende de la Secretaría General, cuyo titular es Alfredo Peña Ramos, y de quien se ha señalado públicamente que es amigo personal del acusado, relación que el mismo funcionario de la UdeG reconoció públicamente en una conferencia de prensa que dio la casa de estudios sobre el caso de acoso.
“Hay mucha resistencia por parte de la Oficina del Abogado General. Porque para ellos no hay acoso ni hostigamiento. Lo hemos visto cuando nos hemos sentado con ellos, ¿cómo les digo para no usar frases groseras? Son unos machos. Y hablar de hostigamiento y acoso para ellos es una payasada”, criticó Cartagena López
Por ahora, la organización espera que las autoridades determinen que este caso se atraiga al Consejo General Universitario, pues se cree que en esta entidad podría haber mayor imparcialidad sobre el caso. En tanto que la autoridad no ha hecho declaraciones al respecto, limitándose a llamar a rueda de prensa este miércoles a mediodía.