Acoso sexual: delito sin sanción

El tema de la violencia sexual vuelve a estar bajo los reflectores en Jalisco. La ausencia de marcos normativos en algunas instituciones y su poco reconocimiento en otras leyes, como el Código Penal estatal, ha tenido como consecuencia el señalamiento de que prácticas como el acoso y hostigamiento carecen de sanciones reales y sólo es simulación.

Luego de varios meses en los que la Universidad de Guadalajara y el Consejo del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades avalaran el cese de Horacio Hernández Casillas, excoordinador de la carrera de antropología acusado de acoso, se dio a conocer que recibe una pensión de 34 mil pesos por la propia casa de estudios.

En redes sociales comenzó a circular una captura de pantalla en donde se podía leer un cheque para Hernández Casillas con un monto de 17 mil pesos quincenales por “retiro anticipado edad avanzada” de parte de la dependencia de Jubilaciones y Pensiones, lo que causó indignación entre la comunidad estudiantil

“Ahora resulta que Horacio Hernández Casillas, profesor destituido del CUCSH por acoso a mujeres se jubiló a partir de septiembre. Sin duda las autoridades de la UdeG siguen siendo amos y señores de la ¡simulación! Ahora hay que esperar qué respuesta da la autoridad”, se criticó en redes este fin de semana.

“Con la destitución y separación, esta Casa de Estudio ratificó su postura inamovible de cero tolerancia a esas conductas entre la comunidad universitaria. No obstante, como trabajador activo, el entonces coordinador cumplió en su momento con los requisitos para jubilarse”, señaló la UdeG.

Así, la universidad pública más grande del estado se deslindó de su responsabilidad en lo que se percibió como una concesión a la parte acusada al señalar que Horacio Hernández ya tenía derecho a una pensión por los fondos que maneja un fideicomiso creado desde 2003 y que se corresponden con el dinero de los trabajadores para su retiro.

Rechaza congreso penas

La percepción de la injusticia y la falta de sanciones también se ha dado fuera de los muros de espacios públicos educativos. El Congreso Local de Jalisco también ha rechazado construir un marco normativo estatal para que las autoridades puedan hacer algo en caso de presentarse el acoso callejero.

Bajo argumento de que estos delitos ya se contemplan en la normativa local, con el tipo penal de hostigamiento y acoso sexual, los diputados locales de Jalisco rechazaron tipificar el llamado acoso callejero.

La diferencia sustancial entre la propuesta y los tipos penales actuales es que estos contemplan daños a las mujeres que implican un acercamiento u acoso de mayor magnitud, es decir, hasta que estos presentan un carácter sexual tradicional. Sin embargo, el acoso callejero es aquel que molesta con frases de carácter sexual o exhibición de algunas partes del cuerpos hacia otras personas.

“Tenemos que desnaturalizar el acoso callejero porque es la antesala para cometer abusos sexuales. Hay una incongruencia al rechazar la propuesta, se habla de prevenir la violencia, pero no se apoyan estas medidas. Tenemos que trabajar y sensibilizarnos, no ver natural estas practicas”, dijo Liliana Morones, diputada local y autora de la propuesta de ley.

La propuesta surgida desde la bancada de Movimiento Ciudadano fue rechazada por la presidencia priista de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Legislativo de Jalisco, pese a que contaba el aval del gobierno en turno a través del Instituto Jalisciense de las Mujeres.

El rechazo causó impacto entre quienes promueven la agenda contra el acoso callejero, ya que la iniciativa tenía poco más de un año congelada, al haber sido presentada desde el 29 de junio de 2017.

Acoso callejero, delito sin reconocer

El acoso callejero es una realidad en Jalisco, pues el Ayuntamiento de Guadalajara ha sido una vanguardia en el seguimiento de estos casos y su diagnóstico. Desde su Instituto Municipal de las Mujeres se ha promovido la denuncia del acoso y la generación de nuevas prácticas con personas acusadas, ya sean funcionarios públicos o trabajadores de las obras municipales.

En conjunto con la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, la Oficina de las Naciones Unidas para Mujeres (ONU Mujeres) y el programa Ciudad Segura Guadalajara, se presentó un estudio-diagnóstico sobre Acoso sexual y otras formas de violencia sexual en el espacio público: municipio de Guadalajara, donde se expresa que el acoso no está contemplado en la normativa policial como para que los cuerpos de seguridad tengan conocimiento a profundidad de estas prácticas en la calle y eso genera que no haya sanción.

Según el estudio, el 84.7 por ciento de mujeres entre los 15 y 25 años se sienten inseguras en las calles y los espacios públicos de la metrópoli. Pero además, la falta de sanciones ha llevado a que generen estrategias para prevenir por sí mismas los ataques en la ciudad.

El 82.8 por ciento de las mujeres de quince años y más que participaron en el diagnóstico expresaron que ahora intentan andar acompañadas, como medida de cambio en sus actividades o rutinas por el temor a ser agredidas o acosadas sexualmente. En segundo lugar, el 78.9 dijo procurar no caminar sola por la calle y el 57.9 ha dejado de salir de noche o muy temprano de sus hogares.

También se muestra que de las encuestadas para hacer el estudio, sólo el 3 por ciento de mujeres entre 15 años y más acudió a la policía como acción al haber sufrido acoso en los espacios público.

“Un aspecto relevante de las formas de afrontar el problema de la violencia sexual en los espacios públicos es que la denuncia no es percibida como una alternativa frente a los episodios vividos”, se lee en el informe.

En ese sentido, las encuestas muestras que el 22.6 por ciento de las personas que no denuncian es porque no sabían que podían hacerlo, el 17 por que se trató de “algo sin importancia” y el 16.8 dijo no confiar en las autoridades.