Las alumnas de la UNAM están encerradas en un laberinto burocrático porque las mismas autoridades de la Máxima Casa de Estudios les impiden que sus denuncias de acoso procedan.
A pesar de que la institución reconoce de manera pública los problemas relacionados con la violencia de género al interior de sus planteles, las estrategias para erradicar este problema no rinden frutos y tampoco ofrecen soluciones claras a las exigencias.
El hartazgo de las mujeres víctimas de agresiones puso a la UNAM en la mira desde hace meses debido a que varios campus universitarios y de bachillerato fueron tomados por estudiantes que piden con urgencia que se atiendan los casos de acoso, abuso, hostigamiento sexual y violación.
En todas las protestas y paros de actividades existe un factor común, y es que los directivos de los planteles no dan seguimiento a las quejas presentadas o no imponen sanciones ejemplares para los responsables entre los que se encuentran profesores, alumnos, trabajadores administrativos y de servicios, así como personas externas.
Pese a que la UNAM implementó protocolos de denuncia para motivar a que las alumnas agredidas denuncien y se garantice su seguridad, esto no es suficiente para combatir el problema que se presenta en las aulas y pasillos todos los días de curso.
Datos obtenidos vía ley de transparencia por Reporte Índigo revelan que de 2012 a 2019 la Unidad para la Atención de Denuncias (UNAD), adscrita a la Abogacía General de la UNAM, tiene registro de mil 150 denuncias o quejas: 331 por acoso, 351 por hostigamiento, 371 por abuso y 97 por violación.
La información entregada por la UNAD a este medio, revela que la mayoría de los acusados de cometer estos abusos son académicos, debido a que de todas las quejas en 393 están involucrados.
Los alumnos son los segundos señalados en las denuncias. En total, 348 fueron responsabilizados por agredir de forma sexual a alguna de sus compañeras.
Le siguen trabajadores administrativos con 135, sujetos externos a la Universidad con 76, personas no identificadas con 48, trabajadores de confianza con 41 y prestadores de servicios profesionales con 11.
Aunque las quejas y los acusados se cuentan por los miles, son pocas las sanciones ejemplares impuestas al interior de la institución.
De los mil 52 castigos promovidos, solo 30 ameritaron la expulsión del agresor. Otros 120 fueron amonestados, 256 suspendidos y a 147 se les rescindió su contrato.
También se puntualizó que 49 acusados renunciaron, 23 recibieron un exhorto y 16 firmaron una carta compromiso, entre otras acciones.
En contraste, muchas de las denuncias no concluyeron en un castigo o no reunieron pruebas suficientes para determinar la culpabilidad del acusado.
Las autoridades del UNAM determinaron que en 65 quejas no encontraron elementos para sancionar, 19 fueron catalogadas como improcedentes por el Tribunal Universitario, en 129 la persona agresora fue identificada como externa o no identificada, por lo que no recibieron un castigo, 120 denuncias se encontraban en trámite y 3 expedientes prescribieron.
El 28 de febrero, cuando 15 planteles se encontraban en paro de actividades como protesta, el rector de la UNAM, Enrique Graue, anunció la creación de la Coordinación de Igualdad de Género con el propósito de que se instrumenten políticas para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres que convivan en la institución.
Graue mencionó que una de las primeras acciones de la nueva Coordinación sería convocar a foros en facultades, escuelas e institutos de investigación con el objetivo de conformar un congreso universitario sobre género.
FCPyS ignora paro estudiantil
A pesar de que la UNAM decretó un paro de clases, conferencias y otros eventos por la emergencia del Covid-19, la polémica por las denuncias de acoso y hostigamiento sexual no cesa.
El último episodio sobre esta controversia se dio entre estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y las autoridades del plantel.
Ayer por la mañana, la FCPyS informó a través de un comunicado que el Consejo Técnico de la facultad sesionó de manera extraordinaria y acordó de manera unánime que los profesores ofrecerían a los estudiantes la posibilidad de continuar con las actividades de enseñanza “a través del uso de la tecnología”.
La FCPyS se mantiene tomada desde el 30 de enero por el grupo Mujeres Organizadas, quienes exigen que la autoridad universitaria resuelva sus demandas relacionadas a combatir las agresiones de carácter sexual
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Visibilizar la violencia
Que la única preocupación sea estudiar y no cuidarse de la violencia sexual por parte de compañeros o profesores es la meta de las alumnas que tomaron más de un plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En los últimos meses, las preparatorias 3, 5, 6, 7, 8, 9; los Colegios de Ciencias y Humanidades Oriente, Sur y Azcapotzalco, además de las Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, de Artes y Diseño, entre otros centros educativos, se cerraron por voluntad de grupos estudiantiles como parte de sus protestas.
Toma de instalaciones y tendederos de denuncias anónimas son las formas en las que la comunidad estudiantil se manifiesta ante la falta de acción para erradicar la violencia sexual por parte de las autoridades universitarias
De esa forma, alumnas organizadas decidieron alzar la voz para reclamar los abusos de los que son víctimas y al mismo tiempo visibilizar esta problemática.
La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FESC) Campo 1 fue de las primeras escuelas en denunciar que las estudiantes eran blanco de miradas lascivas, propuestas indecorosas, tocamientos o grabadas y fotografiadas sin su consentimiento.
El colectivo Juntos Contra El Acoso de la FESC fue de los que comenzaron a denunciar que las autoridades no cuidaban de las alumnas y protegían a los docentes.
“Mamá necesito estudiar pero el maestro no me deja de acosar“, fue la mayor consigna de las alumnas para pedir la destitución de académicos acusados.
Tendederos con denuncias anónimas, pintas y marchas con destino a Rectoría en Ciudad Universitaria fueron las formas en las que las estudiantes lograron ser escuchadas.
Las alumnas organizadas de distintos planteles de la Máxima Casa de Estudios coinciden en que la autoridad no actúa como debería y que al dar aviso de algún hecho violento en su contra se desestima la acusación y se les revictimiza
En FES Aragón, Preparatoria 1 y 6, las jóvenes afirman que al momento de sufrir la agresión y querer denunciar en el área jurídica, como lo exige la UNAM, se encontraron que les pedían pruebas de la agresión tales como fotos y videos, intentaban convencerlas de no denunciar bajo el argumento de que iban a perder clases e incluso buscaban confrontación entre el supuesto agresor y las víctimas.
Ante esta situación, las alumnas incluyeron en sus pliegos petitorios contar con una abogada y psicóloga con perspectiva de género, además exigen que se detenga la simulación en cuanto a las sanciones contra los señalados de acoso ya que en más de una ocasión no son despedidos o expulsados sino que solamente los cambian de plantel o de turno.
La más reciente agresión fue contra una joven del CCH Azcapotzalco, quien fue golpeada en el baño de la escuela y cortada en el brazo. Sin embargo y pese a la oposición de la comunidad, las mujeres aseguran que el movimiento no se detendrá.
Maité, a quien llamaremos así por seguridad, pasó parte de su carrera en FES Iztacala con el profesor Israel Trejo de la carrera de psicología.
“Este profesor siempre quiere que lo saludemos de beso, nos dice que las agresiones en nuestra contra en parte son nuestra culpa porque algo hacemos para que nos pasen cosas malas”, comenta en entrevista.
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Medidas insuficientes contra el acoso
Si el acoso no se atiende de manera oportuna y eficaz, en cualquier momento la UNAM puede “estallar”, opina Eduardo Betancourt, presidente del Tribunal Universitario.
En entrevista, Betancourt afirma que aun cuando la Universidad modificó su Estatuto General para considerar especialmente grave la violencia de género, todavía no hay medidas suficientes para atender el problema de raíz.
“En lo que terminó el año pasado fueron 130 (castigos) y ahora en este año que ha sido mi periodo hemos llegado a 270 alumnos que han sido sancionados. En cuanto a los docentes es distinto porque tienen un contrato colectivo y se manejan por cuerda separada”.
El informe que ha dado el rector Enrique Graue y, que debo decir no me consta, es que 100 profesores han sido separados pero esa información está sujeta a confirmación
El presidente del Tribunal Universitario agrega que el hecho de que los profesores señalados de agredir sexualmente al alumnado no sean cesados de su cargo o reciban alguna otra sanción, se debe a un contubernio entre las autoridades y los acusados.
“Por ejemplo a un maestro acosador muchas veces en lugar de sancionarlo buscan que mejor termine su contrato, lo que hacen es adelantarle la jubilación o les dan un año sabático con sueldo para que mientras pase esta época de tanta molestia en el ámbito, se vayan a su casa.
“Los directivos de las escuelas llegan a estos arreglos porque tienen complicidades con los maestros acosadores y prefieren guardarlos, a mí me lo han dicho: ‘la ropa sucia se lava en casa’. Se ignora que esta problemática se intensifica y al final de cuentas no avanzamos”, comenta.
Con relación a la decisión del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de reanudar las clases vía remota mientras las instalaciones permanecen tomadas por alumnas inconformes por el tema del acoso, Betancourt lamenta que se haga a espaldas de los estudiantes que exigen una solución a la problemática de violencia de género.
“Hay una disposición muy clara en el sentido de que las actividades académicas se suspenden para evitar la aglomeración, dar clases en línea creo que no es muy recomendable porque parece que se hace a espaldas de la comunidad estudiantil aunque no lo vería incorrecto o ilegal pero sí muy lamentable que se estén tomando decisiones cuando la escuela en este momento está en paro”, añade.
El presidente del Tribunal Universitario, Eduardo Betancourt, considera que a pesar de que la UNAM impulsa acciones para mitigar la violencia de género, éstas no rinden frutos para aminorar la incidencia y satisfacer las exigencias de los alumnos
