Acoso, delito invisible a pesar de Ley Olimpia
Los incidentes relacionados con el robo de identidad y las extorsiones sexuales se han incrementado durante la pandemia en México; aunque ya hay leyes aprobadas para ir en contra de estos delitos, víctimas denuncian omisión por parte de las autoridades
Montserrat SánchezLa Ley Olimpia está aprobada en 18 entidades del país, entre ellas la Ciudad de México pero ésta apenas logra visibilizar el tema de la violencia de género en la web.
Erick Williams fingió ser mujer para obtener fotografías íntimas de al menos 40 chicas a las que contactó con distintos perfiles falsos en redes sociales.
Él usurpaba las cuentas de sus víctimas —e incluso se hacía pasar por mujer— y a través de perfiles falsos las chantajeaba para mantener relaciones sexuales.
“Erick hackeó mi cuenta de Instagram, lo hizo a través de un link que me mandó por una de sus tantas cuentas falsas, decía que aparecía en una página y que había fotos íntimas, desgraciadamente lo abrí y fue cuando accedió a mi correo y a mi red social”, relata Hilda, de 32 años.
“Cuando tuvo acceso a mi cuenta comenzó a mandarles mensajes a otras chicas, se hacía pasar por mí, les pedía fotografías desnudas y las citaba para algún encuentro. Él las convencía mandándoles fotos íntimas mías, esas las obtuvo de mis mensajes que yo tuve con mi novio de ese momento”, explica.
A la joven le robó su identidad y filtró sus imágenes íntimas en Internet, aunque no fue la única víctima. Tras exponerlo en redes sociales, al menos 40 mujeres más de la Ciudad de México y del Estado de México denunciaron que les había hecho lo mismo, pero sus casos siguen impunes.
En diciembre de 2019, en el Congreso de la Ciudad de México se aprobó la iniciativa conocida como Ley Olimpia, que busca castigar la violencia digital contra las mujeres a través de reformas al Código Penal local y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la capital del país.
Entre los cambios, se incluyó la figura de “violencia digital” que sanciona a quien “por cualquier medio, difunda, exponga, divulgue, almacene, comparta, distribuya, compile, comercie, solicite, haga circular, oferte o publique, o amenace con difundir, imágenes, audios o videos contenido real, manipulado y/o alterado de una persona desnuda parcial o totalmente o cualquier contenido erótico o sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima”.
Actualmente, las penas aprobadas van de cuatro a ocho años de prisión y multas de mil a dos mil unidades de medida y actualización.
Aunque Hilda denunció desde 2018 la filtración de sus fotografías, lo cual está penado por la Ley Olimpia, desde agosto del año pasado en que fueron recabando las 40 denuncias hasta la fecha ninguna de las autoridades capitalinas, entre ellas la policía cibernética, ha dado seguimiento al caso.
Delito al alza a pesar de Ley Olimpia
La Ley Olimpia está aprobada en 18 entidades del país, entre ellas la Ciudad de México pero ésta apenas logra visibilizar el tema de la violencia de género en la web.
Carlos Estrada, encargado de ciberseguridad de la firma Vestiga Consultores, detalla que en México los incidentes relacionados con el robo de identidad y la pornografía infantil han crecido de manera desproporcionada en los últimos años.
De acuerdo con Estrada, de 80 células del crimen organizado, una tercera parte tiene como negocio extorsiones donde se hacen pasar por otra persona para tener acceso a material íntimo de las víctimas como videos o fotos con el objetivo de obtener un pago.
Según el Módulo sobre Ciberacoso 2015 del INEGI, al menos nueve millones de mexicanas han vivido ciberacoso, siendo el mayor número de víctimas las mujeres entre 20 y 29 años, seguidas por el grupo de 12 a 19 años.
“Aunque se han fortalecido las capacidades de agencias de investigación, en la mayoría de los casos hay poca efectividad de ir contra los responsables.
“El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, reveló que en el primer trimestre de este año había 35 mil incidentes delitos cibernéticos, de los cuales solo desactivaron 1500 sitios, abrieron 395 investigaciones y tuvieron 12 casos de éxito, es decir el gobierno tiene solo 3 por ciento de efectividad contra cualquier tipo incidente cibernético”, menciona.
Como medidas de protección, Estrada recomienda no pagar la extorsión, hacer cambio de contraseña en redes sociales cada tres meses, hacer respaldos de información y en la medida de lo posible verificar que las otras personas con las que se tiene contacto sean legítimas.
Agneris Sampieri, oficial jurídica de la organización R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, dice que hasta que las autoridades no sean capacitadas a trabajar con perspectiva de género, crear leyes no será sinónimo de acceso a la justicia.
“Urge que las autoridades estén capacitadas sobre los alcances de la violencia en línea y en materia de género para evitar la revictimización, no se puede jamás culpar a las mujeres, hay que partir de la idea de que el sexting o difusión consensuada y privada entre dos personas de imágenes íntimas son manifestaciones de derechos sexuales y reproductivos de las personas y no por eso tenemos que adaptar políticas paternalistas que castigan a la propia víctima”, expresa.