Sobre las filtraciones de los Panama Papers, Pandora Papers y otras más, Eduardo Bohórquez, director Ejecutivo de Transparencia Mexicana y miembro de Transparency International, comenta que aunque tener inversiones en paraísos fiscales es legal, el que se oculte al fisco, siempre genera suspicacia. Por eso es importante que se aclare qué transacciones son legales y cuáles podrían tener recursos de procedencia ilícita.
“Se debe de esclarecer quién es quién en los Pandora Papers, esa es una obligación de las autoridades fiscales y hacendarias. Porque si hay elusión o evasión fiscal debe saberse, así como también si son recursos de procedencia ilícita, especialmente cuando se trata de funcionarios públicos”.
Después de las primeras filtraciones, Bohórquez comenta que pese a que las autoridades se comprometieron a hacerlo, nunca llegaron las explicaciones.
“Queda en entredicho si efectivamente se investigó y qué resultados arrojó la investigación. Este es un asunto todavía más delicado cuando se trata de funcionarios públicos. Porque si omitieron información en su declaración patrimonial, solo por ese hecho, deben ser sancionados. Y si la omisión dejó fuera recursos que no pueden explicar como parte de su situación patrimonial, estamos frente a un tema muy delicado”, dice.
El especialista agrega que en un país como México en el que hay acusaciones continuas sobre influencia del narcotráfico en la vida pública, con la existencia de cuentas en paraísos fiscales se deben de encender las alertas.
Para que se pueda avanzar en las investigaciones, el especialista propone que se cumpla con el compromiso realizado en 2016 de crear un Registro Público y Abierto de Beneficiarios Finales que permita conocer a los verdaderos dueños de las empresas.
“El sector privado ya tiene que publicar la información, pero no está actualizada y está desperdigada entre registros públicos diferentes. Esta es una oportunidad de ordenar la conversación, lo cual no solo es útil para las empresas, sino que da certeza jurídica a los mercados, ya que con el endurecimiento de las políticas antilavado de dinero, el riesgo de hacer negocios con empresas fachada o fantasma crece y ese riesgo lo corren todas las empresas, incluidas las honestas”, concluye.
