El Consorcio reclama al GDF desde principios de este año más de 4 mil 500 millones de pesos por obra ejecutada que no le fue pagada
ICA y sus socios mantienen la postura de que la decisión de cerrar la Línea 12 fue extrema y se pudo haber evitado
Corría el primer minuto del 30 de octubre de 2012. Un grupo de ingenieros reunidos en las oficinas de Proyecto Metro discutían los trabajos faltantes y mal ejecutados de la Línea 12.
La obra aún no estaba lista pero urgía entregarla. Ese día, Marcelo Ebrard cortaría el listón.
Los ahí reunidos –ingenieros de Proyecto Metro y del Consorcio Constructor, ICA, CARSO y ALSTOM– firmaron la hoja de entrega-recepción. Marcelo Ebrard había prometido inaugurar la línea en compañía de un grupo de poderosos de México.
No había marcha atrás, terminada o no, la Línea 12 tenía que estar en funcionamiento de manera inmediata.
La mañana de ese día Ebrard cumplió su sueño. Se tomó la foto sonriente en compañía de Felipe Calderón Hinojosa, entonces presidente de México y del empresario más rico de México y el mundo, Carlos Slim.
Ocho meses después la escena se repitió.
Esta vez la reunión fue a las once de la mañana del 8 de julio de 2013 en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la calle Delicias en pleno Centro Histórico.
El objetivo de dicha reunión era convertir de preliminar a definitiva la entrega de la Línea 12.
Oscar Díaz González Palomas, subdirector de mantenimiento del Metro, reportó el 6 de junio de 2013 al entonces director, Enrique Horcasitas, que existían 3 mil 105 faltantes y trabajos mal ejecutados por ICA, Carso y Alstom.
Pese a ello, Horcasitas Manjarrez y el propio director del Metro, Joel Ortega Cuevas, firmaron de recibido a ICA.
Hoy la constructora se aferra a este documento mientras que el equipo de Miguel Ángel Mancera apuesta a la póliza número 932309 de Fianzas Monterrey que garantiza el pago de mil 758 millones 350 mil pesos por vicios ocultos.
El documento en poder de Reporte Indigo garantiza la ejecución total de los trabajos materia del contrato.
Además obliga a responder por los defectos que resultaren en el proyecto a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la Línea 12.
La polémica entrega y recepción
Durante la reunión del 8 de julio de 2013 en las oficinas del Metro, el representante común del Consorcio ICA, CARSO y Alstom, Ricardo Moscoso Durán, tomó la palabra.
Manifestó frente a todos que no reconocía ni aceptaba la existencia de trabajos faltantes o mal ejecutados.
Estaban Enrique Horcasitas y Joel Ortega Cuevas. Había caras largas no un ambiente de festejo.
El equipo recién llegado al STC entregó por áreas: Instalaciones fijas; obras y mantenimiento, transportación y mantenimiento de material rodante, los faltantes y los trabajos mal ejecutados por las constructoras.
Al informe de 3 mil 105 hallazgos de los trabajadores del Metro se sumó un informe demoledor de 29 hojas que entregó Consultoría Integral en Ingeniería S.A de C.V (CONIISA).
Esta empresa supervisora se negó a pasar por alto el cúmulo de trabajos inconclusos que desde hace meses las constructoras no reponían.
El 12 de junio de 2013 CONIISA entregó a Proyecto Metro la actualización de trabajos mal ejecutados de la Línea 12.
En la carpeta se documentaron casi 500 desperfectos encontrados; estación por estación de las instalaciones mecánicas, sistema de vías, mando centralizado, telecomunicaciones, peaje y equipo de talleres.
Roberto Palacios Peralta, gerente de CONIISA adelantó que el documento que entregó tendría sus efectos legales más adelante cuando el GDF y las constructoras revisaran la letra chiquita de la conclusión del contrato para la construcción de la Línea Dorada.
El informe CONIISA evidencia que la obra se entregó circulando pero con una larga cola de desperfectos que el consorcio constructor se comprometió a reparar sin que eso ocurriera.
En junio de 2013, los reportes de faltantes provenían no solo del STC sino también de las supervisoras IPISA, CONIISA y del propio Proyecto Metro.
Dicho reporte concluyó que faltó terminar la instalación de los videoporteros en los 51 elevadores, hacía falta instalar escaleras eléctricas, además de que había durmientes fisurados, entre otras irregularidades.
Pese a ello, el consorcio constructor entregó a Proyecto Metro diez cajas llenas de documentos en los que presuntamente acreditó la terminación de la mega obra.
ICA, CARSO y ALSTOM dieron por terminada la obra y manifestaron de conformidad que de acuerdo con lo estipulado en el contrato, la propia fianza que exhibió para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, también servía para garantizar por el término de dos años posteriores a la fecha en que se formalice la entrega recepción, los defectos que resultaran, sus vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.
Justo esa póliza es la que el gobierno de Miguel Ángel Mancera pretende hacer efectiva en caso de que el consorcio no se haga responsable de las fallas en la Línea 12 que obligaron a la suspensión del servicio.
Sin embargo para las constructoras la Línea 12 fue terminada desde el 2012, mientras que para el GDF la póliza toma como fecha de recepción definitiva el mes de julio de 2013 por lo que el documento estaría vigente hasta el 2015.
Otro deslinde
La empresa ILF también se deslindó de la auditoría de los trenes. En un desplegado aclaró que solo revisó la documentación que le entregó CONIISA sobre los trabajos mal ejecutados que realizó el Consorcio
En medio de este río revuelto, una de las firmas internacionales que le entregó a Marcelo Ebrard la certificación de que la Línea 12 estaba en condiciones para operar con pasajeros, ILF ya publicó su propio desplegado.
En el documento la empresa se deslinda de la revisión de trenes.
ILF precisó que respecto a las vías, sólo revisó la documentación que le entregó la supervisora CONIISA, autora del informe de 29 páginas que detalló cerca de 500 irregularidades de trabajos mal ejecutados por ICA y sus socios.
Cabe recordar que ILF forma parte del consorcio certificador junto con DB International, TUV-SUD Rail GmbH y Hamburg Consult.
Ellos dictaminaron (en la polémica certificación de una hoja, firmada y entregada el mismo día de la inauguración de la Línea 12) que los sistemas de señalización, pilotaje automático, mando centralizado, energía eléctrica en alta tensión, telefonía de trenes, funcionaban correctamente y que la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac podía ponerse en servicio con pasajeros.
Sin embargo, esa misma empresa es la que en noviembre de 2013 entregó a la administración de Joel Ortega el informe de fallas a lo largo de la Línea 12.
La certificadora internacional ILF con oficinas en México hace hincapié en las vías a raíz de que Michel Lannoye –quien se acredita como experto en instalaciones fijas de la firma STIB, contratada por el STC Metro– subrayó en el documento “Misión Línea 12” que la primera prioridad de las acciones correctivas son los aparatos de vía.
“Si los aparatos de vía no están protegidos y el perfil de las ruedas no respeta las normas internacionales tenemos un riesgo potencial de descarrilamiento”, destacó.
A partir de esos informes hechos públicos por Reporte Indigo el 18 de febrero en su edición “Peligro en la Línea 12”, vino el caos de la suspensión del servicio.
Para algunos funcionarios del GDF, a un año y medio de aquellas firmas de entrega-recepción la madrugada del 30 de octubre de 2012, hoy se puede evidenciar una serie de errores fatales.
Y es que muchos de los ingenieros, funcionarios, supervisoras, certificadoras, firmaron la documentación para avalar la puesta en marcha de la Línea 12 presionados por los tiempos de entrega del entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, a quien le urgía inaugurar antes de concluir el sexenio.
El turno de ICA
Luego de aplazar su reunión con la Comisión que investiga las fallas de la Línea 12, está previsto que los representantes de las constructoras acudirán este lunes a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Los diputados esperan que en esa reunión los expertos de las empresas les den luz para saber por dónde avanzar en la resolución del problema.
Esto se dará luego de que ya escucharon al exdirector de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas; al director del Metro, Joel Ortega Cuevas y a su antecesor, Francisco Bojorquez.
Aunque el presidente de dicha comisión Jorge Gaviño Ambríz tomó la precaución de pedir asesoría de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), los diputados siguen sin encontrar el hilo negro en los miles de documentos relacionados con el proyecto; contratos, obras, procedimientos y demás.
ICA y sus socios mantienen la postura de que la decisión de cerrar la Línea 12 fue extrema y se pudo haber evitado.
El escándalo de la suspensión del servicio le pegó de lleno a la constructora quien fue desmentida públicamente cuando se demostró que nunca se impidió el paso a su personal para trabajar en la Línea 12.
Por eso ICA se avala en la firmas de Enrique Horcasitas y Joel Ortega que le recibieron la obra de julio de 2013.
La firma de ingenieros intenta no reconocer los documentos que reportan las fallas y los trabajos mal ejecutados, tampoco las obligaciones estipuladas en la póliza de Fianzas Monterrey.
Dicha garantía la obligaría, en su caso, a pagar poco más de mil 700 millones de pesos por incumplimiento de obra o vicios ocultos.
Sin embargo, el Consorcio reclama al GDF desde principios de este año más de 4 mil 500 millones de pesos por obra ejecutada que no le fue pagada. En todo caso, el gobierno de Mancera le saldría debiendo.
El caso se politiza
Pero más allá de lo que ocurra este lunes con ICA y comisión de la Asamblea Legislativa del DF, muchos actores políticos están interesados en que el conflicto brinque el terreno local y llegue a la Procuraduría General de la República (PGR).
En el Senado de la República, los panistas buscan que el gobierno federal entre al grueso expediente que hasta el momento revisa la Contraloría General del Distrito Federal.
Pese a sus diferencias, el senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) echaron por tierra la intención de panistas quienes intentaron que el pleno aprobara un punto de acuerdo a fin de que la PGR atrajera de oficio la investigación de las fallas de la Línea 12.
La panista, Mariana Gómez del Campo exige que se castigue a los responsables de las irregularidades de la Línea 12.
Dolores Padierna del PRD mandó el mensaje claro de que no permitiría linchamientos mediáticos de funcionarios del Distrito Federal del sexenio de Ebrard, pero tampoco de Mancera.
Mientras en el senado se calienta y se enfría la intentona de que la investigación llegue a manos del equipo de Jesús Murillo Karam en la PGR, en la ciudad de México, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa es cuestionado reiteradamente respecto a si removerá del cargo a Joel Ortega Cuevas, director del Metro.
A muchos les interesa que suba el tema de su destitución, aunque hasta ahora, el jefe de Gobierno, se muestra aliado.
