De acuerdo con los reportes sobre la comida en las escuelas que El Poder del Consumidor y Redim recibieron hasta el ciclo escolar 2018-2019, último antes de la pandemia de COVID-19, la venta de refrescos persistió en el 74 por ciento de las escuelas del país.
En el 98 por ciento de estos centros educativos se ofreció comida alta en azúcar, sodio y grasa, mientras que en el 75 por ciento no ofrecía fruta y verdura a los estudiantes.
Solo en el 44 por ciento de las instalaciones estaba disponible agua simple gratuita para los estudiantes.
Aunque la ley prevé que cada escuela debe contar con un comité de vigilancia que procure la venta de comida saludable, en el 94 por ciento de los planteles no existía esta figura de supervisión.
“Tenemos que ser mucho más exigentes con el cumplimiento de las leyes. Hasta ahorita hay impunidad, o sea está la ley, está, entre comillas, la supervisión, que prácticamente no existe, pero incluso en aquellos casos que las familias y los propios estudiantes, junto a organizaciones, han documentado y denunciado, no hay ningún tipo de sanción como está establecido en la norma”, asegura al respecto Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.
Las organizaciones que siguen de cerca el desarrollo e implementación de políticas públicas referentes a la alimentación saludable en escuelas de educación básica, señalan el papel que la industria de los alimentos y bebidas con alto contenido de grasa, sodio y azúcar ha tenido en la prevalencia de estos alimentos en los centros educativos.
“Los gobiernos no tomaron la decisión de regular, sino que dejaron a la autorregulación de las empresas, las cuales no lo hicieron, sino que estuvieron simulando y modificando la presentación de productos para no perder ventas.
“Sin embargo, se ha avanzado en la normativa con el etiquetado frontal de productos, que va aumentando aunque hay algunas burlas que logran hacer las empresas”, mencionó Pérez, quien fue director de la Red por los derechos de la Infancia en México (Redim), una de las organizaciones que impulsa el cambio de paradigma alimenticio en las escuelas.
Otro de los problemas por resolver, señalado por Pérez García, es la facilidad con la que se consigue un alimento “chatarra”, mientras que conseguir comida que se ajuste a una dieta saludable implica más esfuerzo y dinero.
“Una más de las dificultades es ¿cómo ayudamos a niñas, niños y sus familias a regresar a una dieta saludable? Porque lo más barato, lo más accesible es comida chatarra y bebidas azucaradas. Hace poco, el Instituto Nacional de Salud Pública, señaló que para poder comprar una bebida azucarada o comida chatarra se tiene que caminar menos de un kilómetro, mientras que para adquirir la dieta de milpa; que serían frutas, verduras, entre otros alimentos, se tiene que caminar de 4 a 10 kilómetros. Esos son elementos que dificultan o hacen complejo que los individuos se incorporen una dieta saludable.
“Ya tenemos al menos dos décadas de alerta sanitaria emitida por el Instituto de Salud Pública por el cambio en la talla y peso de niñas y niños, particularmente en los últimos 10 años, además de problemas de nutrición en dos sentidos: desnutrición y sobrepeso u obesidad, cambios que han generado alertas sanitarias que la propia Organización Mundial de la Salud ha estado señalando en el caso mexicano”
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