Acaparamiento de militares en actividades estratégicas

En apenas dos años, las Fuerzas Armadas recibieron el control de áreas estratégicas para la movilidad en territorio nacional. Aeropuertos, puertos navales, aduanas y, recientemente, el Tren Maya se suman a las áreas bajo el mando de militares.

Más que una militarización, opinan expertos consultados por Reporte Índigo, sería el síntoma de una falta de perfiles civiles y la urgencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de avanzar con su Cuarta Transformación.

Además de las tareas de seguridad pública encomendadas con la creación de la Guardia Nacional, López Obrador recurrió al corporativo armado para “limpiar” las áreas de movilidad en el país. En desacuerdo con traspasar estas funciones, Javier Jiménez Espriú dejó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en julio de 2020.

Desde febrero de 2019, López Obrador anunció que la Secretaría de la Defensa Nacional construiría y administraría el aeropuerto de Santa Lucía. En abril de 2020, anunció que Horacio Duarte, nuevo administrador general de aduanas, se coordinará con la Sedena. Para octubre, el Congreso de la Unión aprobó la reforma que dejó puertos en manos de la Secretaría de Marina.

El 2020 cerró con los anuncios de que también los militares estarán a cargo de los nuevos aeropuertos de Tulum, Chetumal y Palenque, por lo que incluso constituirán una empresa de administración.

Ya en 2021, López Obrador nombró al general Carlos Rodríguez, comandante de la Fuerza Aérea durante la gestión de Salvador Cienfuegos, nuevo titular de Aviación Civil y confirmó que la Sedena también se quedará con el Tren Maya, del cual construye tres tramos.

“Es notable que se han amplificado las atribuciones del Ejército mexicano en los últimos años, en el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Esas medidas señalan la profundización del control por los militares de las políticas de movilidad y que los políticos, cada vez más, son dependientes de los militares para implementar políticas públicas”, dice a Reporte Índigo Anaís Medeiros, profesora de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil.

La especialista en democracia y conflictos militares explica que lo crucial es garantizar la subordinación de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles democráticas. Contrastando el caso de México con el de Brasil en donde militares han vuelto a ejercer cargos políticos, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, con el gobierno de Jair Bolsonaro, él mismo fue capitán paracaidista del Ejército brasileño durante el régimen castrense que concluyó en 1985.

Sobre la estrategia de López Obrador, Medeiros considera que es por las carencias de las agencias civiles del Estado mexicano, como en la mayoría de los estados latinoamericanos, que se recurre a las Fuerzas Armadas y recuerda que estas han jugado un papel significativo en el desarrollo de las infraestructuras de estos países.

“No es bueno para la democracia que los políticos se vuelvan tan dependientes de las Fuerzas Armadas en un número tan grande de tareas, como es el caso de México. Eso no es bueno para la democracia, no es bueno para los políticos y al final tampoco es la función ideal para las Fuerzas Armadas”, advierte.

“Una vez que atribuimos a los militares misiones no tradicionales de ellos, la problemática es asegurar que ellos regresen después a los cuarteles. Hay que calcular ahí, en el caso de la movilidad civil, qué están ganando o si, más bien, esa es una tarea que para ellos no tiene tanto atractivo, como es el caso de la lucha contra el tráfico de drogas”, concluye Medeiros al considerar que estas atribuciones no bastarían para fragilizar el control civil.

Para este regreso a los cuarteles, Javier Oliva, profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adelanta que “hay que comenzar a analizar cómo van a ser las relaciones civiles-militares en el próximo sexenio. Ya iremos viendo cómo va resultando la construcción y la gestión de tanta obra, porque en buena parte en eso va a radicar el futuro de estas relaciones”.

El especialista en seguridad nacional recalca que “No es construir y administrar” debido a la alta complejidad necesaria para encargarse de instalaciones y actividades de este tipo. Para el caso de los puertos, explica, el Centro de Estudios Superiores Navales tuvo que abrir la especialidad de administración portuaria. Mientras que, para el caso del Tren Maya, se tendrá que subcontratar a empresas ferroviarias.

Oliva señala que sin darles presupuesto extra, López Obrador encomendó a las Fuerzas Armadas estas tareas de movilidad y otras como los programas de bienestar y tareas de seguridad pública, por lo que, considera, “en este momento hay una sobreexigencia a las Fuerzas Armadas”.

“México sigue siendo, con datos internacionales comparativos, el segundo país que peor trata a sus Fuerzas Armadas en términos presupuestales”, destaca. En los dos años de López Obrador el presupuesto de la Sedena pasó de 81 mil millones de pesos a 112.5 mil millones, pero esto solo representa el 0.5 por ciento del PIB. En contraste, Colombia y Estados Unidos destinan el 3.6.

Con este ejemplo, rechaza las versiones de que el poder político castrense incremente en este sexenio. Menciona que en el 2000 concluyeron los períodos del último gobernador de extracción militar, el general Jorge Carrillo en Morelos, y del último senador, el general José Vallarta. Desde entonces, su participación política a nivel federal se restringe a Sedena y Semar.

“Cada nombramiento que no sea estrictamente relacionado con el ámbito militar y que sí es civil, es porque ni encuentran los civiles competentes ni tampoco existe capacidad para instrumentar de manera expedita la instrucción del presidente. Me parece que esto también obedece a su estilo personal de gobernar, es más una cierta premura del presidente en virtud de que tiene tres años para implantar lo que él considera la Cuarta Transformación”, concluye.

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