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Si permanece vigente el amparo otorgado por un juez del Estado de México, Mario Aburto podría salir de prisión en marzo del próximo año. Foto: Especial

Aburto, una herida abierta que pronto se podría cerrar

A 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, su homicida confeso, Mario Aburto, podría quedar en libertad por haber sido torturado y dictarle una sentencia basada en el Código Penal Federal cuando el homicidio ocurrió en Baja California y se debió aplicar la legislación local

Ningún caso ha conmocionado tanto a la sociedad mexicana en las últimas décadas como el asesinato del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1994, Luis Donaldo Colosio.

Su asesinato en Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de 1994, marcó un antes y después en la política mexicana, pero también a la familia de Mario Aburto, quien fue señalado como el autor material del ataque, confesó y permanece en prisión.

Ahora, con su posible liberación, su abogado Jesús González Schmal, platica con Reporte Índigo sobre todas las fallas y vicios en el proceso, su posible liberación en marzo del próximo año, y su siguiente batalla, la búsqueda para que se le reconozca como inocente.

“La familia está esperando a que salga libre en marzo, pero él no está satisfecho, él y su familia como no tienen ningún concepto de la responsabilidad sobre el suceso, quieren reivindicar su nombre. Han sufrido un Víacrucis de casi 30 años. Su madre está deshecha, porque su hijo inocente está privado de la libertad.

“Y el propio Aburto está enfrentado la realidad, está estudiando Derecho y pese a eso se ha sobrepuesto a las condiciones. Está más que disponible para salir en  libertad, pero eso no lo hace desistir de seguir defendiendo su inocencia”, comenta el defensor.

Con el tiempo encima y con un expediente de nueve tomos y de más de un metro de alto, apilando los documentos, González Schmal recuerda que hace poco más de un año pidió apoyo al Instituto Federal de Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal.

Gracias al apoyo del órgano del Poder Judicial federal, lograron conseguir un amparo de anulación de sentencia ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México, mismo que ya fue impugnado por la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que analizará el caso.

El argumento de la defensa de Aburto fue que la sentencia de 45 años de prisión se basó en el Código Penal Federal, cuando en realidad debió de haberse aplicado el del estado de Baja California, lugar en donde ocurrió el homicidio.

En Baja California la pena máxima es de 30 años de prisión, misma que Aburto estaría cumpliendo en marzo de 2024, mes en el que debería quedar en libertad si la Suprema Corte no resuelve lo contrario.

“Fueron tiempos muy convulsos porque se tenían en puerta las elecciones, y por eso se fueron por lo más rápido, por los tiempos”, explica el litigante.

Otra de las cartas de González Schmal es un amparo por las torturas que padeció Aburto prácticamente desde el momento de su detención.

“Hasta antes de su liberación, el amparo que se va a resolver es si en realidad hubo, como lo estoy cierto, tortura. Esto invalida todo el procedimiento y en este caso debería de proceder la declaración de inocencia”, explica el abogado.

La voz de Aburto

Jesús González Schmal comenta que tras todas las narrativas, periodísticas, políticas y documentales que se han publicado a lo largo de los años, casi ninguna se centra en las declaraciones de Mario Aburto.

“Al único que no hemos oído con plenitud es al propio Aburto, cómo él vivió los propios hechos. (…) Y lo más importante de todo es que en el momento en el que ocurrieron los hechos fue sometido a tortura, es decir, no le tuvieron ninguna consideración, ni respeto. Si no que inmediatamente lo atacaron aprovechando la histeria colectiva.

“Hicieron que declarara sin defensa, algo que se llama efecto corruptor del proceso. Es decir, en la primera confesión estaba sometido a una presión por parte de un comandante de la Policía Federal que era quien lo interrogaba. No tuvo la libertad, estaba sedado, no estaba consciente. Tampoco pudo declarar ante una autoridad competente, es decir un Ministerio Público, sino que estaba ante el acoso de un policía federal que seguramente estaba en la trama”, acusa el defensor.

El abogado también acusa golpes en contra de su cliente.

“Si había (en Lomas Taurinas) tantos testigos, cámaras y elementos de seguridad, era muy fácil imputarle los cargos como debía de ser, sin embargo, se convirtió todo en un proceso tortuoso, fue golpeado, incluso el daño que tiene de la columna fue con una piedra con la que seguramente lo lastimaron.

“Si de por sí estos elementos son condicionales para la ilegalidad del procedimiento, ocurrieron otra serie de vicios como las prácticas periciales de balística, se descuidó la cadena de custodia, no se encontraron las ojivas, los dictámenes de la necropsia de la víctima no son coincidentes, los exámenes psicológicos fueron hechos casi en un machote”, agrega el abogado.

Finalmente, el defensor pide a la sociedad mexicana que el hecho no quede en el olvido y no ser indiferentes al caso.

“Él no fue el autor del crimen, lo único que no podemos es ser indiferentes y decir ‘ya no se puede hacer nada después de tantos años, ya que termine los quince que le faltan y que las cosas queden como están’.

“Existe una herida abierta, la herida que nos dejó el hecho. También, está la duda de que con tantos elementos, para poderlo probar directamente sin truculencias y maniobras, no se haya dado con el asesino. Se habló de dos Aburtos iguales, de una conspiración más amplia, de una motivación política. Todo esto quedó sin dilucidarse y en la opinión pública quedó como un crimen que nunca se aclaró y que hoy tiene a un mexicano privado de la libertad y a su familia privados de él. Que no se sepa quién es el culpable y quién apretó el gatillo subyace en la conciencia nacional y nos marca un estado de tensión”, concluye.

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