Uno de los abogados que lleva el caso es Luis Mendoza Garza, hermano del exsenador del PRI, Jorge Mendoza, actualmente diputado federal
El nuevo sexenio encabezado por el presidente priista Enrique Peña Nieto revivió el polémico proyecto de un rancho ganadero que impulsa la empresa Sukarne en la zona citrícola de Nuevo León.
Después de tres negativas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal autorizó la semana pasada los permisos ambientales que necesitaba este proyecto agropecuario planeado en el municipio de Montemorelos.
Así, de la noche a la mañana –o de un sexenio a otro- un proyecto que era criticado porque implicaba un daño ecológico a la región, contó con el aval de la dependencia federal responsable de proteger el medio ambiente en el país.
El resolutivo del expediente 19NL2012A0021 del proyecto denominado “Proteviva I” está incluido en la última edición de la Gaceta Ecológica, que se publicó el viernes pasado en la página de internet de la Semarnat.
El permiso tiene una vigencia de cinco años.
La autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental para el cambio de uso de suelo forestal al agropecuario permitirá a la empresa Ganadería Integral SK, S.A. de C.V., la remoción de la cubierta vegetal en una superficie de 102 hectáreas en un terreno que en total tiene una extensión de 300 hectáreas.
Durante la gestión de Juan Rafael Elvira Quesada como titular de la Semarnat en el sexenio pasado, el plan de este rancho de engorda de Sukarne no había conseguido en tres intentos el permiso de cambio de uso de suelo.
Sin embargo, la suerte cambió para Sukarne con el nombramiento del nuevo titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, un político miembro del Partido Verde y colaborador de Peña Nieto desde los tiempos en que éste era gobernador del Estado de México.
La empresa Sukarne es propiedad de Jesús Vizcarra Calderón, empresario sinaloense que en el 2010 buscó la gubernatura de Sinaloa postulado por el PRI.
En noviembre pasado, Reporte Indigo publicó que la empresa Sukarne había reactivado el polémico proyecto de construir un megarancho de engorda de ganado bovino en Montemorelos.
A diferencia de las tres ocasiones anteriores que intentó conseguir las autorizaciones en la delegación estatal de la Semarnat, la empresa sinaloense presentó en esta última ocasión su solicitud directamente en las oficinas centrales en la Ciudad de México.
La petición para conseguir los permisos ambientales fue presentada –no directamente por la empresa Sukarne- sino por el abogado Jorge Eduardo Sánchez Camacho.
Desde que se anunció este proyecto agropecuario en el municipio de Montemorelos por parte de Sukarne, ha generado polémica y desatado una batalla legal en Nuevo León.
Fue a mediados del 2011 cuando Sukarne dio a conocer este proyecto, que provocó cuestionamientos principalmente por los propietarios de tierras en esta región ubicada en los límites de los municipios de Linares y Montemorelos.
Inicialmente el proyecto contemplaba la operación de un rastro Tipo Inspección Federal (TIF) para el sacrificio de animales, sin embargo esta actividad ha sido eliminada por Sukarne en el nuevo proyecto que presentó ante las autoridades federales.
El plan original planteado por Sukarne era para albergar más de 100 mil cabezas de ganado.
La planta se ubica en las instalaciones del Rancho San Fernando, un predio de 300 hectáreas localizado en el ejido Estación Huertas y ejido La Unión, cerca del Río Pilón, en el municipio de Montemorelos.
La planta proyecta la construcción de corrales de recepción, corte y engorda de ganado bovino, planta para la producción de alimento de ganado y oficinas administrativas.
La inversión estimada en esta infraestructura –según los estudios ambientales- es cercana a los 800 millones de pesos.
En Nuevo León se sabe que la empresa Sukarne contrató los servicios del poderoso despacho legal Santos-Elizondo, del cual es socio Luis Francisco González Parás, hermano del exgobernador Natividad González Parás.
Uno de los abogados que lleva el caso es Luis Mendoza Garza, hermano del exsenador del PRI, Jorge Mendoza, actualmente diputado federal de la bancada tricolor.
Mendoza Garza se desempeña también como secretario técnico del consejo de administración de la paraestatal Agua y Drenaje de Monterrey.
El exalcalde de Montemorelos, Pablo Elizondo, hoy delegado de la Sedesol en Nuevo León, fue uno de los principales promotores de este proyecto agropecuario.
Esta obra ha provocado que empresarios regiomontanos como Eduardo Barragán hayan combatido legalmente su instalación.
El accionista de la empresa Embotelladora Arca, S.A. de C.V., quien es propietario de un rancho ubicado en esta zona, promovió un amparo reclamando que la Semarnat no había hecho una consulta pública entre los propietarios de la zona.
La suspensión concedida por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León obligaba a la Semarnat a garantizar el derecho de audiencia en el proceso de autorización de esta planta.
La dependencia federal rechazó organizar una consulta pública entre propietarios aledaños y ejidatarios del Ejido Estación Huertas sobre este polémico proyecto agropecuario.
En el proceso para obtener los permisos ambientales también se ha denunciado que la empresa Sukarne utilizó un supuesto estudio de impacto ambiental realizado por la UANL, que aseguraba que el predio donde se contempla instalar estaba recuperado de un incendio que afectó el suelo de esta zona.
Se presentó una denuncia ante la PGR por falsificación de este documento, querella interpuesta por el grupo de empresarios y ejidatarios que se opone a la instalación de la planta agropecuaria diseñada originalmente para recibir 100 mil cabezas de ganado.