Al proponer legalizar el aborto en todo el país, Morena se juega su futuro en las elecciones del 2021.
La reacción de los grupos conservadores puede resultar en el rechazo político al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Lo que le ocurrió al expresidente Enrique Peña Nieto cuando propuso legalizar los matrimonios igualitarios en todo el país.
La Iglesia católica y los grupos menos liberales emprendieron ataques contra él y su partido, lo que terminó en que el PRI perdiera la mayoría de las elecciones estatales en el 2016.
La interrupción legal del embarazo es uno de los temas más polémicos de la agenda pública, incluso dentro de Morena hay división en esta materia
Mientras organizaciones de mujeres feministas pugnan por el derecho a decidir sobre su sexualidad y sus cuerpos, grupos conservadores en pro de la vida y la familia intentan frenar la legislación que avanza ya en el Congreso de la Unión.
Este choque de trenes ocurre lejos aún de las elecciones federales del 2021, cuando los votantes elegirán a los nuevos miembros de la Cámara de Diputados.
A 20 meses de distancia, los comicios son considerados cruciales por la Oposición, pues es la oportunidad que tienen los adversarios del presidente López Obrador de quitarle el control del Poder Legislativo, ya que hoy ambas Cámaras están en manos de Morena.
El tema del aborto puede ser utilizado por el ala contraria al Presidente de la República para hacerle perder votos entre los electores más reaccionarios y conservadores del país.
Incluso dentro de Morena hay división sobre si se debe o no legalizar la interrupción del embarazo. Los sectores más duros del partido han rechazado estos cambios a la legislación.
¿Se repite la historia?
Era 17 de mayo del 2016 cuando al conmemorar el Día contra la Homofobia, el entonces presidente Enrique Peña Nieto hizo un anuncio: enviaría una iniciativa al Congreso de la Unión para permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la posibilidad de adopción en todo el país.
“(Que) en México todos, sin importar la condición sexual, étnica o preferencia sexual, tengan la oportunidad de realizarse plenamente y la oportunidad de ser felices”, dijo ese día el mandatario.
La propuesta era modificar la Constitución Política y el Código Civil para que no hubiera disposición alguna que impidiera a una pareja del mismo sexo contraer matrimonio.
Las reacciones no se hicieron esperar. De inmediato, grupos conservadores emprendieron una campaña para operar contra el PRI en la elección que ocurriría 19 días después, el 5 de junio.
De los sectores más activos en contra fueron la Iglesia católica y el Frente Nacional por la Familia, que agrupa a decenas de organizaciones que defienden el matrimonio heterosexual y rechazan la interrupción del embarazo. Desde los templos -a pesar de estar prohibido por la Carta Magna- se comenzó una campaña para que la gente no votara por el PRI.
Dos de los sectores más conservadores y que se oponen con mayor fuerza a la legalización del aborto son el Frente Nacional por la Familia y la Iglesia católica
El tricolor perdió entonces 7 de las 12 gubernaturas que estaban en juego. En cuatro estados —Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas-, fue la primera vez que el PRI perdía una elección.
Fue la derrota electoral más grave del PRI en toda su historia a nivel estatal. Nunca antes habían perdido el gobierno de tantas entidades al mismo tiempo.
Días después de la derrota, se dieron a conocer versiones de que la Iglesia católica había operado para llamar a sus fieles a no votar por el PRI.
Desde la Secretaría de Gobernación, entonces liderada por Miguel Ángel Osorio Chong, se detectó que hubo activismo de al menos seis obispos en contra del Gobierno federal. Prometió que habría consecuencias. Nada pasó.
Francisco Labastida, el priista que fue candidato presidencial en el año 2000, cuando el tricolor perdió la Presidencia de la República, tuvo un análisis claro: “sin duda” fue la propuesta de los matrimonios igualitarios la que movió de último momento las preferencias electorales.
“Yo tengo las encuestas que se habían hecho sobre precandidatos prácticamente desde el mes de enero y ocurre que en dos semanas o tres semanas, antes en varios de los estados, el PRI estaba arriba.
“Estoy convencido de que este fue el detonante que provocó un gran malestar en la iglesia y las intervenciones de los sacerdotes desde el púlpito diciendo, voten por cualquiera, menos por el PRI”, relató Labastida en una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, días después de la elección del 5 de junio del 2016.
Por ello, aunque todavía faltan 20 meses para las elecciones del 2021, la legalización de la interrupción del embarazo puede pegar directamente a Morena.
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Más derechos, menos criminalización del aborto
Al igual que la regulación del consumo lúdico de la mariguana, la despenalización del aborto es un tema que se promueve desde la propia Secretaría de Gobernación.
Sin embargo, son legisladoras de Morena quienes han impulsado el tema en el Congreso de la Unión.
Las diputadas Lorena Villavicencio Ayala, Wendy Briceño Zuloaga y Sandra Paola González Castañeda impulsan iniciativas no solo para legalizar la interrupción del embarazo, sino para dar amnistía a todas las mujeres que se encuentran en prisión por haber abortado.
Las legisladoras aseguran que se trata de una legislación necesaria en todo el país. La prueba es que miles de mujeres viajan a la Ciudad de México a practicarse un aborto.
De acuerdo con las propias legisladoras, el 30 por ciento de los abortos que ocurren en los servicios de salud de la Ciudad de México, son de mujeres que vienen de otros estados
En total, desde que se inició con las interrupciones legales del embarazo en la capital del país, se han practicado alrededor de 214 mil procedimientos, de los cuales poco más de 149 mil eran residentes de la CDMX y 65 mil provenían de otras entidades; particularmente del Estado de México, donde vivían 56 mil de las pacientes.
La propuesta es reformar el Código Penal Federal para despenalizar el aborto en todo el país si se realiza antes de las 12 semanas de embarazo; y la Ley General de Salud, para garantizar a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo.
Sin embargo, también se consideran castigos para quienes hagan a las mujeres abortar sin su consentimiento; y respeta la objeción de conciencia de los médicos que no quieran realizar los procedimientos.
Las legisladoras de Morena no solo presentaron la iniciativa para modificar las leyes federales, sino que preparan también una iniciativa que se podrá presentar en los estados para que armonicen lo más pronto posible sus leyes a los cambios federales.
A ello se sumaría un adendum a la Ley de Amnistía, presentada ya por el Ejecutivo, para añadir la posibilidad de dar el perdón a todas las mujeres que están en prisión por haber abortado.
La principal razón que argumentan las legisladoras es que, al hacer posible la interrupción legal del embarazo, se ayudaría a mujeres que no tuvieron alternativa más que abortar en sus estados, pues no contaron con las posibilidades de acudir a la Ciudad de México, que hasta el mes pasado era el único lugar del país donde podían hacerlo de forma segura.
Estas propuestas despertaron el rechazo de los grupos más conservadores del país.
La Iglesia católica condenó la presentación de estas iniciativas y el impulso del tema a nivel federal y estatal.
Las propuestas de las diputadas Lorena Villavicencio, Wendy Briceño y Sandra Paola González no solo buscan legalizar la interrupción del embarazo, también dar amnistía a todas las mujeres que se encuentran en prisión por haber abortado
Hugo Valdemar, quien fuera vocero del exarzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, llamó a enfrentar las leyes “inmorales y criminales” que fomentan el aborto y la ideología de género.
“Estos enemigos están venciendo al catolicismo en todos los frentes. Combaten en las calles, en las plazas, en la prensa, en los talleres, en las fábricas, en los hogares”, escribió.
Reporte Índigo buscó una entrevista con Hugo Valdemar, pero no hubo respuesta.
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Avanzar y saldar deudas
Para las legisladoras de Morena, el verdadero reto está en comunicar a la gente por qué se está impulsando la interrupción legal del embarazo en todo el país.
No aprobar medidas porque son impopulares, coinciden, sería una traición no solo a los principios de Morena, sino a la Cuarta Transformación en general.
Para distintas legisladoras de Morena, legalizar la interrupción del embarazo en todo México va mucho más allá de un tema electoral, pues se trata de garantizar derechos que durante años han sido pasados por alto en favor de las mujeres
Para Citlalli Hernández Mora, senadora por Morena, la postura de los grupos conservadores no puede frenar la discusión de estas medidas; y menos puede frenarse Morena por cálculos electorales.
“Seguramente sí hay un sector que ha reaccionado a las posturas más progresistas y hay sectores conservadores que, incluso, hacen una contracampaña. Sin embargo, en mi opinión, algo que ha dañado el avance de derechos en este país es que se hacen cálculos electorales.
“Si Morena hace una valoración electoral respecto al tema del aborto, el pragmatismo más inmediato pudiera señalar que lo mejor es no meternos; pero creo que es un error”, considera Hernández, en entrevista.
Para la senadora, este es el momento perfecto para discutir el tema más allá de que falten poco menos de dos años para las elecciones de 2021.
“No podemos ser anticíclicos. Hay una ola progresista en el mundo; es un buen momento para esto.
“Seguramente habrá impacto político y quienes quieran capitalizar contra nosotros electoralmente, pero la 4T no podría llamarse 4T si no avanza en derechos, si no pensamos en las minorías, si no avanzamos en temas pendientes”, expone Hernández.
Para Wendy Briseño, diputada por Morena y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, el principal reto de impulsar la legalización de la interrupción del embarazo es convencer a la gente sobre las ventajas que tiene en una sociedad tan desigual.
“La 4T tiene que tocar esos temas que son de equidad y justicia social, que se han pospuesto muchos años. Son temas que ponen en el centro a las mujeres. La 4T es saldar deudas históricas a los más pobres y de género. El Estado mexicano ha sido omiso y nosotros no podemos serlo”, afirma Briseño en entrevista.
La legisladora indica que hay más que argumentos morales cuando una mujer toma la decisión de interrumpir su embarazo. Y las más afectadas son las mujeres pobres.
“Las más afectadas con la criminalización del aborto son las mujeres en mayor pobreza.
“No podemos regatear esas discusiones. Una mujer que no lo va a hacer (abortar), no lo hará nunca en su vida.
“(El aborto) es una decisión que una mujer toma por muchas circunstancias. Lo que buscamos es que, si una mujer toma esa decisión, lo haga en condiciones higiénicas, de salubridad, que no pongan en riesgo su vida”, insiste.
Briseño asegura que hay estudios que revelan que en México se realizan entre 750 mil y 1 millón de abortos al año, lo que ya da una dimensión del problema para las mujeres.
La Organización Mundial de Salud señala que México tiene el primer lugar en embarazo infantil; muchos producto de violaciones.
“Se gobierna para todo mundo y para tomar decisiones difíciles; si no, no tiene mucho sentido la responsabilidad”.
La congresista comenta que, además de los foros que se realizaron para construir la iniciativa, se llevarán a cabo otros ahora que éstas estarán en discusión en las comisiones de la Cámara baja.
