Abogados llegan al poder

Miguel Ángel Mancera Espinosa será el primer abogado electo que ocupe la jefatura de gobierno del Distrito Federal.

Su perfil abre grandes expectativas para que por fin alguien se ocupe de un tema incómodo que representa una bomba de tiempo: la sobrepoblación de más de 42 mil presos en los reclusorios de la capital.

La sobrepoblación que mantiene en hacinamiento a miles de reclusos es sin duda uno de los grandes pendientes que deja Marcelo Ebrard Casaubón.

En su administración se incrementó la población carcelaria con más de 10 mil presos, al pasar de 32 mil reos en 2006 a 42 mil al final de su sexenio.

El incremento de presos en la capital viene desde la gestión de Andrés Manuel López Obrador, pues tan sólo en el 2000 había 20 mil presos. Hoy la cifra se duplica, lo que pone en riesgo la estabilidad del sistema.

Por eso, la frase “los abogados llegan al poder”, en alusión a Mancera y su círculo más cercano de colaboradores, en su mayoría abogados en derecho penal, despierta los cuestionamientos en torno a si continuará la política de encarcelamiento preventivo masivo sin reparar en la gravedad del delito.

El jefe de gobierno electo, en entrevista, explica que la despresurización del sistema penitenciario de la ciudad de México será una de las tareas prioritarias de su gobierno.

Mancera Espinosa, quien a su paso por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) conoció de cerca la problemática que atraviesan las cárceles capitalinas es claro al referir que su gobierno se inclinará por menos prisión preventiva.

A partir de la reforma a la Constitución, la prisión preventiva para los delincuentes del fueron común o delitos simples será una excepción y se decretará la cárcel para quienes cometan delitos graves como secuestro, homicidio.

A partir de un catálogo se definirá cuáles son los delitos graves que ameritan que el delincuente vaya a prisión, y cuáles los que propicien medidas alternativas para cumplir la pena y saldar las cuentas con la justicia y la sociedad.

“El sistema acusatorio no privilegia la prisión preventiva, por el contrario, la prisión preventiva se vuelve una excepción; todos los Códigos (penales) tendrán que ajustarse a lo que dice la Constitución”, explica Mancera.

Así, lo que hoy ocurre en el Distrito Federal tendrá que adecuarse a lo que marcan las reformas a la Constitución.

Es la propia reforma constitucional la “que te lleva a una necesaria despresurización del sistema penitenciario, hay que explicar en qué consiste el sistema acusatorio y cuáles son los delitos considerados como graves, con menos prisión preventiva, menos pago de condena en prisión, estoy convencido de que habrá una despresurización”.

Convencido de que impulsará la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, la capital buscará establecer la aplicación de justicia rápida y expedita y no necesariamente llegar a prisión por delitos no graves.

Los presos por delitos no graves representan más del 40 por ciento de la población que actualmente purga condena en la capital, la mayoría jóvenes entre 18 y 30 años.

De manera simultánea, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se busca reformar el Código Penal capitalino a fin de establecer un régimen penal de alternativas al primo delincuente.

Esto con el fin de que la persona que por primera vez cometió un delito no grave, como robo simple, pueda resarcir el daño sin que necesariamente esté tras las rejas.

Mancera Espinosa coincidió con la preocupación manifiesta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) respecto a la sobrepoblación que aqueja las cárceles de la ciudad de México.

Con ambas medidas se busca impactar principalmente a la población joven que se ve involucrada en delitos de robo, lo que detona la cifras de la sobrepoblación en prisión.

Como abogado penalista, el ex procurador y ahora jefe de gobierno electo se dice a favor de dichas medidas que contribuyen a desahogar el hacinamiento en las cárceles.

En particular, la iniciativa al código penal en el DF propone se modifiquen ocho artículos, que son el 220, 222, 223, 224, 225, 246, 247 y 248.

Estos en general proponen que el primodelincuente que se apodere de algo ajeno (robo) deberá realizar trabajo en beneficio de la víctima hasta que cubra el monto o lo restituya.

Para ello se establecen multas que van desde los 60 hasta los 150 días cuando el monto de lo robado no exceda 300 veces el salario mínimo, o cuando sea posible terminar su valor.

Asimismo, de 150 a 400 días de multa cuando exceda los 300 a 750 salarios mínimos, y de 400 a 600 días de multa cuando el valor exceda los 750 veces el salario mínimo.

Además de Miguel Ángel Mancera, los abogados que llegan al poder a partir de diciembre próximo son José Ramón Amieva Gálvez, ex procurador de Derechos Humanos en la PGJDF;

Julio Serna, quien fuera su particular; Manuel Granados, su ex asesor, y otros muchos, cuyos nombres aún no son públicos pero que están en el entorno inmediato del futuro gobernante.

Diseña PRD un dique legislativo

En la etapa de impugnaciones, el Movimiento.

Progresista busca cómo hacerse de más curules para evitar contrapesos en la probación del marco jurídico que regirá la administración de Miguel Mancera.

El Movimiento Progresista está decidido a tener carro completo en la próxima legislatura local. Y para ello implementaron una nueva estrategia jurídica para hacerse de más curules.

Actualmente, la Alianza del PRD-PT-Movimiento Ciudadano se adjudicó 41 de los 66 escaños de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y todavía buscan más.

¿De qué forma buscan conseguir otras diputaciones?

¿Por qué necesitan más escaños?

¿Qué está en juego?

¿Cuáles son sus alternativas?

Veamos:

El Partido del Trabajo, uno de los tres que conforma la alianza progresista, impugnó ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) el cómputo final de los 40 distritos locales.

La finalidad de la dirigencia del PT, a través del coordinador en el DF, Adolfo Orive, es elevar su nivel de votación para así tener derecho a diputaciones plurinominales.

El Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) determinó que a este partido no le toca una sola diputación de Representación Proporcional; se queda con las cinco que ganó en las urnas.

Por eso presentaron 80 impugnaciones ante el TEDF. Dos por cada distrito electoral, que serán discutidos por los magistrados electorales en los próximos días.

Ahí se plantea utilizar una tesis jurídica en la que se considera que los votos que obtuvieron los candidatos del Movimiento Progresista y que no fueron contabilizados para los partidos se les reparta a partes iguales.

Precisemos…

La alianza del PRD-PT-MC se dio a través de la figura de Candidatura Común, que consiste en postular un mismo abanderado a puesto de elección popular por los tres partidos.

La consecuencia es que los candidatos aparecieron tres veces en las boletas electorales a fin de que el sufragio cuente solo para el candidato y el partido que fue tachado por la ciudadanía.
El artículo 356 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Distrito Federal señala que en los casos en que la boleta se tache en dos o tres recuadros de la alianza progresista el voto solo contará para el candidato.

De acuerdo con las impugnaciones, el porcentaje en que los capitalinos marcaron todos los recuadros en que aparecían los 40 abanderados de la izquierda fue alto y éstos deben repartirse entre los tres partidos para subir su nivel de votación.

El argumento es válido debido a que el sol azteca tiene a tres de los cinco magistrados locales a su favor. Quienes en diversas resoluciones han mostrado su simpatía con los colores amarillos aunque, casi siempre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les enmienda la plana.

La necesidad de obtener más escaños viene desde el Gobierno central, donde se tiene planeado que la ALDF apruebe una serie de esquemas para concesionar los servicios públicos, de acuerdo con fuentes del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Y necesitan amarrar desde ahorita más diputaciones debido a que la Cláusula de Gobernabilidad que aplicó el IEDF para darle al PRD dos curules más, por el principio de Representación Proporcional, está endeble.

Lo que significa que podrían tener dos lugares menos en la Asamblea Legislativa en caso de que el tribunal electoral federal considere que hay una sobre representación del PRD.

Otra de las opciones que ya se analiza en el GDF es sumar a la bancada del PRD a dos diputados.

Se trata de los dos escaños que tendrá el Panal para la VI legislatura.

Y es que ahí, hay una cercanía entre ambos partidos a través del Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, y la lideresa del magisterio, Elba Esther Gordillo.

Tan así, que al interior de Nueva Alianza del DF ya se trabaja en diseñar una estrategia para la candidatura de Ebrard rumbo a la Presidencia de la República en el 2018.

Reporte Indigo dio a conocer una semana antes de la jornada electoral que ya existía un acercamiento entre ambos grupos de poder en la delegación Miguel Hidalgo.

Y como parte de los acuerdos entre el PRD-Panal se tomó la decisión de que Nueva Alianza encabezara la guerra sucia en contra del partido que gobierna esa demarcación: el PAN.