“En la Ciudad de México las mujeres nos importan y nos importan mucho”, dijo la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, en la espera de que un grupo de trabajo dé a conocer las recomendaciones tras pedir se active la alerta de género en la capital.
Los próximos seis meses, el Gobierno de la capital estará bajo lupa de dichos grupos que consideran que la Ciudad de México no es segura para las mujeres debido al número de asesinatos, señalados como feminicidios.
La organización Justicia Pro Persona, que encabeza Anayeli Pérez, destaca que de acuerdo con cifras oficiales, en el 2015 se cometieron 169 feminicidios en la capital de la república y 152 en 2016. Durante el primer semestre del 2017 se reportaban casi 90 casos.
Aún antes de conocerlas, Patricia Mercado aseguró que se dará puntual seguimiento a las peticiones del grupo de trabajo. El objetivo es evitar que la Ciudad de México sea colocada en el mismo nivel de peligrosidad que el Estado de México por los altos índices de ataques brutales a mujeres.
En la capital la última fue Génesis, la modelo venezolana que fue encontrada muerta dentro de un hotel en el perímetro de la delegación Venustiano Carranza.
Plazo perentorio
En el marco de los diez días de activismo contra la Violencia a Mujeres que se realiza en todo el mundo, la funcionaria dio a conocer que a raíz de la petición hecha por los organismos Observatorio Nacional del Feminicidio, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Victoria y Justicia Pro Persona, se hizo un grupo de trabajo para generar las condiciones entre dependencias y activistas.
En este lapso dicho grupo visitó la Procuraduría General de Justicia, realizó entrevistas con diferentes áreas y dependencias del Gobierno local involucrados con la atención y protección de mujeres y en breve dará a conocer sus recomendaciones.
Las dependencias del Gobierno capitalino contarán con un plazo de seis meses para demostrar que modificaron o cumplieron con dichas recomendaciones, a fin de que el grupo de trabajo, avalado por la Secretaría de Gobernación, determine si se cumplieron; de lo contrario volverá a solicitar que se active la alerta de género.
“Si en esos meses el gobierno hace caso de las recomendaciones, no tendría porqué discutirse la emisión de la alerta de género”, precisó Patricia Mercado.
Para cuando el grupo determine solicitar la alerta, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, podría estar en campaña si logra la candidatura a la presidencia.
En pro de la Alerta
La organización Justicia Pro Persona exhibe cifras oficiales:
Sistema del riesgo
La secretaria de Gobierno detalló que se trabaja en el fortalecimiento de un sistema de información que conecte a la Secretaría de Salud y a la Procuraduría de Justicia local.
La intención es detectar a las mujeres que reiteradamente acuden al Ministerio Público, hospital o centros de desarrollo social para denunciar violencia familiar o acoso.
“Cuando una mujer se presente una vez, dos veces, tres veces, acusando violencia, acoso, violencia familiar o su entorno, o sea esa mujer está en peligro; el sistema nos dirá a qué clínica o fiscalía llegó
“Que cuando llegue y quiera ser atendida por violencia se va a registrar en ese sistema; vamos a saber qué mujeres están en riesgo desde un primer momento y entonces poder dictar medidas cautelares para proteger a esa mujer que llegó en diversas ocasiones por violencia a clínicas o MP”, detalló Patricia Mercado.
De manera simultánea a esta acción que busca prevenir la violencia feminicida, ya se envió a la Asamblea Legislativa la Ley de Atención a Víctimas, que tomó en cuenta todas estas denuncias y quejas hechas por los grupos de activistas en torno a exigir un trato de calidad a los familiares de las víctimas directas de violencia sexual o feminicida.
“Necesitamos crear esa comisión de víctimas, estaremos viendo que se pueda votar en la Asamblea Legislativa lo más pronto posible”, puntualizó Mercado, a sabiendas del plazo de seis meses que tienen para demostrar el trabajo pro mujeres.
Desactivar alerta
Para evitar la alerta de género en la ciudad, el Gobierno local impulsa estas acciones:
> Fortalecer un sistema de información que conecte los datos de la Secretaría de Salud y la Procuraduría de Justicia locales.
> Detectar así a las mujeres que acudan más de una vez al Ministerio Público, hospital o centros de desarrollo social por signos de violencia familiar o acoso.
> Una vez registrada en el sistema y clasificada como mujer en riesgo, dictar medidas cautelares para su protección.
> Gestionar ante la Asamblea Legislativa la Ley de Atención a Víctimas, con las demandas de grupos de activistas en torno a violencia sexual y feminicidio.
Casos que indignan
Para el Gobierno central, los señalamientos y las movilizaciones realizadas por estos grupos de activistas no es un tema menor.
Por ejemplo, en junio pasado Rodolfo Ríos se vio obligado a renunciar a la titularidad de la Procuraduría General de Justicia local ante la presión de defensores de derechos humanos y familiares de Lesvy Osorio, la joven que fue asesinada en Ciudad Universitaria.
En este crimen, las autoridades locales informaron que se trató de un suicidio, causando la indignación de las organizaciones no gubernamentales, quienes exigieron al jefe de Gobierno tipificarlo como feminicidio.
En octubre, el Tribunal Superior de Justicia capitalino reclasificó como feminicidio agravado el caso de Osorio. El hecho fue considerado como indicio de justicia para las víctimas de este delito en la capital.