Las autoridades de Jalisco proyectan un año difícil en términos de incendios forestales, por lo que intentan prevenir una tragedia ambiental con más brigadistas en los equipos de reacción, más helicópteros de combate al fuego y nuevas sanciones de más de 6 millones de pesos por quemas agrícolas sin autorización oficial.
El primer año de la administración estatal de Enrique Alfaro Ramírez no tuvo buenos resultados en esta materia: el 2019 terminó con 587 incendios ocurridos en territorio jalisciense que arrasaron con una superficie de 72 mil 268 hectáreas, lo que lo hizo el estado con las mayores afectaciones de todo el país.
De acuerdo con los diagnósticos que ha elaborado la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) de Jalisco, el papel que juegan las quemas agrícolas como detonadores de incendios forestales es fundamental, por lo que este año por primera vez estará penada su realización sin el consentimiento de las autoridades.
En la iniciativa que remitió el gobernador Enrique Alfaro Ramírez al Congreso estatal para sancionar las quemas agrícolas, aprobada este 10 de marzo, se señala que regularmente cuatro de cada 10 incendios en Jalisco tienen como origen esa actividad específica.
“Históricamente la mayor parte de los incendios forestales se originan a partir de descuidos en el uso de fuego con fines productivos (agricultura y ganadería), las quemas agropecuarias provocan alrededor del 40 por ciento de los incendios, aunque durante el año 2019 la intencionalidad fue el principal factor con 37 por ciento de los casos”, dice el documento.
Ahora la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente incluye un Artículo 94-A, que establece que en el “Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prohíbe la realización de quemas agropecuarias, aun cuando se encuentren fuera de las áreas urbanas. En el territorio de los municipios que no formen parte del AMG, las quemas agropecuarias solo podrán ser realizadas priorizando las necesidades agropecuarias, las situaciones de riesgo y los avisos de quemas previos a su realización”.
Mientras que en el artículo 94-B se les otorgó la facultad a las autoridades municipales para “practicar la extinción y control de quemas agropecuarias cuando no se avise a dicha autoridad de manera previa a su realización; o cuando se encuentren prohibidas como es el caso del Área Metropolitana de Guadalajara”.
La Semadet ha advertido “que se pronostica que este 2020 será un año más seco que el anterior, con temperaturas mayores”, por lo que se definieron 12 zonas prioritarias: Bosque La Primavera, Volcán de Tequila, Nevado de Colima, Cerro Viejo, Ruta del Peregrino, y las Sierras de: Manantlán, de Cacoma, Wixárica, de Quila, Occidental, del Tigre y de Tapalpa.
Penas millonarias
La prohibición de las quemas agrícolas incluyó a la metrópoli de Guadalajara, pues esta cuenta con municipios que siguen teniendo grandes extensiones con actividades agropecuarias y no urbanizadas, como es el caso de Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga, en cuyos territorios, además, se aloja el área natural protegida del Bosque La Primavera.
La sanción para aquellos que realicen quemas agrícolas al interior de la metrópoli, o fuera de esta sin el aval municipal, “será de cien a veinticinco mil Unidades de Medida y Actualización”, es decir, de 8 mil 688 pesos a 2 millones 172 mil pesos bajo su valor actual.
Sin embargo, puede llegar a superar los 6.5 millones de pesos, pues la Ley también estipula que “la sanción de multa se incrementará al doble del mínimo y máximo establecido en el párrafo anterior cuando la quema se realice con una proximidad máxima de diez metros a un terreno forestal; y la sanción de multa se incrementará al triple si la quema se realiza con la misma proximidad a un área natural protegida”.
Escudo anti incendios forestales
El Gobierno de Jalisco ha reportado un reforzamiento importante de sus recursos humanos, materiales e instrumentos tecnológicos para hacerle frente a la temporada de incendios, pues se estima que los meses críticos y de mayor riesgo son abril, mayo y junio.
El 17 de enero pasado, el gobernador Alfaro Ramírez, informó que tomará una serie de medidas adicionales.
“Vamos a tener un trabajo preventivo, no solamente reactivo y esperamos que pueda darnos resultados.
Las brigadas contra incendios pasarán de 32 que tenían la Semadet y Protección Civil estatal a 63, pues se sumó personal municipal de las llamadas Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente (JIMA)
“De 550 combatientes vamos a pasar a 900 con la posibilidad de ampliar con las brigadas comunitarias con el programa de empleo temporal, que se va a definir en los próximos días a cuánto puede ascender (…) De tres helicópteros que tuvimos el temporal pasado vamos a tener 4 habilitados para este periodo de estiaje. De 82 vehículos especializados, pasamos a 89 y contaremos con 32 torreros en 14 torres de detección, ubicados en sitios estratégicos y el observatorio vulcanológico de Protección Civil”, apuntó Alfaro Ramírez.
Las autoridades han informado que también cuentan con un “Sistema de Información para Predicción de Incendios Forestales” que utiliza variables como “peligro de flamabilidad” y “peligro meteorológico semanal”, a través del procesamiento de diversas fuentes de datos.
Según el mandatario, este reforzamiento de la estrategia anti-incendios fue posibilitado por un incremento presupuestal en la materia del 19.7 por ciento.
“Pasamos el año pasado de destinar a esta agenda 86 millones de pesos (MDP) a destinar este año 103 MDP para combatir los incendios”, dijo este 5 de marzo pasado.
