A unos días del cierre del primer año de la 64 Legislatura, uno de los principales logros en materia laboral fue la aprobación del dictamen que brinda protección social a las trabajadoras del hogar en el país.
Esta iniciativa, aprobada el día de ayer por unanimidad en el Senado de la República, buscará proveer de servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos y atención obstétrica, así como incapacidades, pensión por invalidez y fondos para el retiro a las 2.2 millones de personas dedicadas a los trabajos del hogar.
A pesar de la buena voluntad en el Senado, para otorgar más derechos laborales a este sector, los resultados de una primera prueba para la afiliación a la seguridad social no ha rendido los resultados esperados.
Desde la declaración de inconstitucionalidad dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 5 de diciembre pasado –en donde se determinó que la integración de las trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debía ser de carácter obligatorio durante el primer semestre del año–, hasta la implementación el 1 de abril del programa piloto, el instituto solo ha logrado afiliar a mil 974 trabajadoras del hogar, con un salario promedio de cuatro mil 837 pesos mensuales.
El programa piloto para la afiliación de trabajadoras del hogar inició el 1 de abril, al momento solo se han afiliado mil 974 personas de un universo de 2.2 millones que se dedican a este oficio
Es decir, únicamente el .08 por ciento del sector que de forma voluntaria se han sumado al programa de prueba.
Es por ello que la reforma acarrea un reto enorme ante el rezago que enfrenta el país en materia de derechos laborales y también al desconocimiento que, tanto trabajadores como empleadores, pudieran presentar.
Y es que a pesar de la iniciativa los niveles de discriminación, los actos de violencia contra las empleadas del hogar –desde los insultos hasta los actos de acoso sexual– siguen careciendo de mecanismos adecuados para la denuncia o difusión de sus nuevos derechos, incentivando así el temor de las trabajadoras a perder su empleo.
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“Si no tenemos una igualdad formal ante la ley, la igualdad sustantiva que está promoviendo el IMSS que es la modificación de las circunstancias que rodean a las mujeres trabajadoras, entonces no vamos a arribar a la garantía plena y protección de sus derechos humanos”, destacó la senadora Martha Lucía Micher.
En entrevista para Reporte Índigo, la funcionaria destacó el intenso trabajo que se avecina ahora será en el sentido de darle a conocer a las mujeres sus derechos y los alcances de esta reforma, pues ahora se contará con límites en la jornada laboral, días de vacaciones y quedarán prohibidas las contrataciones de personas menores de 15 años.
“Es una labor de absoluta difusión y empoderamiento. El Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar tendrá que hacer un gran esfuerzo para compartir estos avances, lo mismo la Cámara de Diputados y Senadores y la sociedad en general”
El camino a la reforma
5 de diciembre 2018
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la inconstitucionalidad de excluir a las trabajadoras del hogar del régimen obligatorio del IMSS, dando seis meses para la creación de un programa piloto.
20 marzo
En una decisión unánime de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos Primera, se resolvió avalar el dictamen para otorgar derechos laborales al sector.
29 de marzo
El IMSS publica las reglas oficiales de afiliación en la plataforma electrónica
1 abril
El director general del IMSS, Germán Martínez Cázares, anunció la puesta en marcha del programa piloto que permite ejercer nuevos derechos laborales a las trabajadoras del hogar
23 de abril
Aprobación del dictamen por unanimidad en el Senado de la República, el cual se turna a la Cámara de Diputados para aprobarse antes del 30 de abril, término del primer periodo ordinario de sesione
Las carencias en cifras
En conferencia de prensa previa a la discusión en el pleno del proyecto de protección al sector vulnerable, las legisladoras Martha Lucía Micher (Morena), Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN) y Patricia Mercado (Movimiento Ciudadano) expusieron las cifras que reflejan la realidad de las trabajadoras domésticas en el país.
Las senadoras destacaron que de las 2.2 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado, nueve de cada 10 son mujeres, siendo el aspecto de sesgo y discriminación por género uno de los más importantes a considerar durante la discusión. De las mujeres dedicadas a estas actividades, el 85.5 por ciento realizan principalmente tareas de limpieza en hogares. El 8.2 por ciento de las mismas se dedican al cuidado de personas y tan sólo el 5 por ciento realizan actividades de lavandería o planchadoras.
En vista de esto, Martha Micher lamentó las condiciones de inequidad y la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres respecto de los hombres que se dedican al trabajo del hogar, argumentando que éstos gozan de mejores condiciones laborales, siendo hasta del doble los salarios de al menos el 29.3 por ciento de los trabajadores varones dentro de la estadística general.
En materia de seguridad social el panorama es muy pobre, ya que sólo el 2.4 por ciento de las trabajadoras domésticas en México tiene acceso a un servicio médico como prestación laboral. Para el otro 97.6 por ciento, el aguinaldo, las medicinas gratuitas, pensiones o el acceso a guarderías, son derechos completamente desconocidos
Por su parte, la senadora blanquiazul Xóchitl Gálvez aseguró que si bien el IMSS ya arrancó el programa piloto para afiliar a este tipo de trabajadores, actualmente los registros son de manera voluntaria. Por lo que con la aprobación de las reformas, modificaciones y abrogaciones a las leyes estipuladas, se contará con la ventaja de la obligatoriedad.
4,800
Afirmó que en la primera etapa de este proyecto –el cual tiene un plazo de cuatro meses–, se estima alcanzar una meta de 400 mil trabajadoras inscritas en el Seguro Social; poco más del 18 por ciento del total de esta fuerza laboral a nivel nacional.
Sin embargo, existen algunos detalles en la plataforma que hacen difícil el registro de trabajadoras por parte de sus patrones, los cuales deberán dar el pago anticipado de la cuota estimada conforme al salario real integrado, esto de acuerdo al artículo 27 de la Ley del Seguro Social.
En este sentido, la principal falla –mencionada incluso por los propios senadores–, es que el sistema actual no permite hacer el pago para la incorporación de forma electrónica, un fenómeno que puede causar el desánimo en los registros voluntarios.
De igual forma, en el programa piloto no se podrán registrar empleados que presenten enfermedades preexistentes, tales como tumores malignos; enfermedades crónico degenerativas en el hígado y riñones, así como insuficiencias cardíacas
Otros padecimientos que eximen a los patrones de responsabilidad son adicciones como el alcoholismo y sus derivados, así como trastornos mentales –psicosis y demencias–; también enfermedades congénitas y síndrome de inmunodeficiencia adquirida o Virus de Inmunodeficiencia Adquirida Humana positivo (VIH).
Logro Legislativo
Pese a los retos, el Senado logró aprobar un proyecto que ayer mismo llegó al Congreso de la Unión para efectos constitucionales. Un trámite que los integrantes de la 64 Legislatura y su presidente, Martí Batres, definieron como un hecho “histórico” por la relevancia que adquiere en el tema de justicia laboral.
El senador y presidente de la comisión de Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, expresó su felicidad por el trabajo realizado en la Cámara alta, y consideró que la aprobación representa una reivindicación profesional para el sector desfavorecido.
“Hoy comenzamos a pagar una deuda social y se abre una perspectiva de justicia laboral”, resaltó.
