Fátima tenía doce años y vivía en el municipio de Lerma de Villada, Estado de México. El 5 de febrero de 2015, cuando regresaba de la escuela, tres vecinos la secuestraron a 200 metros de su hogar en la localidad de la Lupita Casas Viejas.
Luego del plagio comenzó la tortura. José Juan “N”, junto con los hermanos Misael y Luis Ángel Atayde Reyes, golpearon, mutilaron y violaron a Fátima. Luego la arrastraron hasta el bosque, junto a la carretera federal Naucalpan-Toluca, para dejarle caer tres piedras en la cabeza y semi enterrarla entre la yerba.
“A Fátima la violan los tres, fue una violación tumultuaria anal y vaginal, como lo dijo el forense. Le arrojan tres piedras, una de 36 kilos en la cabeza y dos de 32. De esta manera me entregan un certificado de defunción donde me dicen que mi hija había muerto por traumatismo craneoencefálico severo y por edema”
El dictamen de mecánica de lesiones realizado por la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Toluca, revela que Fátima sufrió por lo menos 43 heridas en cabeza, cuello, tórax, abdomen y extremidades; además de lesiones anales y genitales. La mayoría de ellas, provocadas con un objeto punzo cortante, “originadas en maniobras de sometimiento”.
Fátima exhaló su último soplo de vida a las 3:30 de la tarde, inhumada en el bosque.
— Lorena Gutiérrez Rangel (@LorenaG56111791) June 4, 2020
El pueblo entregó a los feminicidas, el Estado los liberó
Luego de reportar la desaparición de Fátima, los vecinos y familia comenzaron la búsqueda. Al darse cuenta que había sido secuestrada por “El Pelón” y los Atayde Reyes, los pobladores de La Lupita intentaron lincharlos, pero la policía no se los permitió.
El 10 de febrero de 2015, José Juan “N” y Luis Ángel Atayde Reyes ingresaron al Centro Carcelario Distrital acusados de la coautoría material del feminicidio de Fátima. El 8 de junio de 2017, la jueza del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Janet Patiño García, dictó una sentencia condenatoria de 73 años y cuatro meses en contra de Luis Ángel.
Misael, por ser menor de edad cuando cometió el delito, fue sentenciado a cinco años en el Centro de Internamiento Quinta del Bosque en Zinacantepec.
Y la jueza Patiño ordenó la libertad de José Juan “N” pues consideró las pruebas no acreditaban su participación en el feminicidio, aún cuando los vecinos lo vieron en el momento y lugar del crimen y lo entregaron a la policía en las manos.
“El Pelón” quedó libre por pruebas manipuladas
La defensa de José Juan “N” presentó ocho videos donde acreditaban que el presunto implicado no se encontraba en el momento y lugar del delito, sino trabajando en una escuela privada del Estado.
Aunque en un inicio los videos le dieron la libertad, había un problema: las pruebas nunca fueron sometidas a peritajes que comprobaran su legitimidad. Ximena Ugarte, asesora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), explica:
“La Fiscalía no analizó los ocho videos que entregó José Juan “N” en su defensa. No existía certeza sobre su origen, no se presentó ninguna constancia de la presencia de la autoridad al momento de la extracción del material, ni fue sometido a análisis periciales”.
…Y por una investigación sin perspectiva de género
En un inicio, la carpeta de investigación fue abierta por el delito de homicidio pese a que dos años antes el feminicidio ya se había tipificado como delito autónomo en nuestro país; aún cuando la Suprema Corte de Justicia ordena que todas las muertes violentas de mujeres deben investigarse con perspectiva de género.
Hubo más irregularidades: el propio informe en criminalística de campo hecho por la Fiscalía revela que ninguno de los lugares relacionados al feminicidio fueron resguardados, incluida la zanja en el bosque donde enterraron a la niña.
El expediente que las autoridades entregaron a la familia está incompleto. No hay un acta de levantamiento del cuerpo. Años después del delito, Lorena Gutiérrez tuvo acceso a las fotografías del cadáver de su hija y considera que el trabajo de investigación de los forenses no fueron suficientes:
“no dice todo lo que hay en las fotos. Mi hija estaba destrozada por fuera y por dentro, le metieron un objeto de bordes irregulares por el ano”.
Y los padres de la niña explican que, al inicio del proceso, nunca se les hicieron saber sus derechos como víctimas, negándoles el derecho humano a una defensa legítima por parte del Tribunal.
Peritajes incompletos
La abogada Luz Estrada, directora del OCNF, comenta que los peritajes no fueron realizados con la debida diligencia:
“Se pierde material probatorio. Se manipula. Había ropa, sangre para hacer pruebas de ADN y la autoridad les dice que no tienen reactivos”.
La Fiscalía no realizó pruebas de saliva ni ADN a los señalados porque ellos se negaron.
Los peritos no recopilaron todas las muestras correspondientes del cadáver por falta de reactivos. El ingeniero Químico José Antonio Alva Medina argumentó en el documento de mecánica forense:
“me permito comunicarle que la prueba de Saligae para la identificación de saliva, en frote de seno derecho e izquierdo, no se llevó a cabo debido a que actualmente el laboratorio de química no cuenta con reactivo para dicho análisis”.
Esa omisión fue fundamental, pues todas las pruebas que no se realizaron pudieron ofrecer más información acerca de los agresores de la niña.
El camino a la justicia
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio logró una reposición de sentencia histórica que revirtió la absolución de “El Pelón” y el Poder Judicial del Edomex aceptó la invalidez de la prueba utilizada por su defensa: los videos habían sido manipulados. José Juan “N” fue puesto a disposición de la ley como medida cautelar preventiva a la espera de un juicio.
A cinco años del feminicidio, el pasado 19 de octubre se dictó el auto de apertura de juicio para José Juan “N”, alias “El Pelón”.
Pero en días pasados, el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Segundo Circuito le otorgó un amparo que obliga al Juez de Control de Lerma a admitir nuevamente las pruebas manipuladas que ya habían sido excluidas, con lo cual podría quedar en libertad tras el juicio.
“Le admitieron el video como método de prueba para el juicio oral, que el juez había determinado que estaba altamente manipulado. Lo que están haciendo es encubrir y ocultar. Solamente ellos saben lo que están tratando de ocultar, lo que yo sé es que son los asesinos de mi hija y deben pagar por lo que le hicieron”, dice Lorena Gutiérrez, madre de Fátima.
Con miedo, ocultos y sin reparación del daño: así vive la familia de Fátima
“Mi esposo tiene un trabajo miserable y un sueldo miserable. Porque tenemos que estar escondidos y eso que nosotros no hicimos nada malo”, dice Lorena Gutiérrez.
Y es que tras el feminicidio de la niña, los padres y hermanos de Fátima viven algo muy parecido al infierno. Tras recibir amenazas de muerte y luego de que su casa fuera baleada, tuvieron que abandonar su hogar para desplazarse a otro estado de la República en calidad de protegidos.
No pueden acceder a un empleo formal porque la Comisión de Víctimas les prohibió utilizar sus documentos oficiales, debido el riesgo de ser encontrados por las personas que quieren hacerles daño.
Aunque la Comisión de Víctimas ofrece ayudas a la familia, todavía no se ejerce la reparación integral del daño que el Estado está obligado a ejecutar hacia las víctimas. La Ley General de Víctimas, especifica en su artículo primero:
“La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante”.
La abogada Ximena Ugarte asegura que la familia ha recibido ayuda, pero no la reparación del daño mandatada por ley:
“en lo que se refiere a reparación integral del daño de la familia no ha pasado nada. No hay que confundir el apoyo que se les ha dado para efecto de traslados, alimentación, por las amenazas, apoyos médicos que son parte del derecho que tienen las víctimas, con una reparación del daño”.
La ley obliga a los victimarios al pago de una indemnización por daños a las víctimas colaterales del delito. En las dos sentencias condenatorias en contra de los Atayde Reyes, el juzgado exigió una indemnizatoria de alrededor de un millón de pesos por cada uno. Ambos se declararon insolventes, por lo que el Estado debe absorber una parte del gasto que equivale a alrededor de 300 mil pesos.
De ese dinero no han visto un solo peso. Sólo despensas quincenales y algunos apoyos para el traslado: una familia de ocho personas, acomodada en un cuartito donde apenas caben dos camas, que vive con doscientos pesos diarios. A veces les dan ayudas para el pasaje rumbo a Toluca, cuando tienen audiencias. Y el acompañamiento de escoltas sólo es a ratos: de todas formas, no se pueden subir al vehículo de los policías que los patrullan.
