1. DECLARA SOCIO.
Mario Alberto Rodríguez, presunto propietario del bar Heaven en el DF, se presenta a declarar ante la PGJDF.
Mario Alberto Rodríguez Ledesma, de 40 años de edad, uno de los presuntos socios-propietarios del bar Heaven de la Zona Rosa, declara ante el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por la presunta desaparición de 12 jóvenes.
Autoridades de la dependencia informaron que esta persona se encuentra en calidad de presentada, ya que existía una orden de localización en su contra.
De acuerdo con las investigaciones esta persona fue detenida en 2011 en Perú, debido a que pagó su viaje de bodas con tarjetas de crédito clonadas.
Rodríguez Ledesma se encuentra en las instalaciones de la Fiscalía Antisecuestro de la PGJDF, donde en las próximas horas el agente del Ministerio Público determinará su situación jurídica.
Por las pruebas existentes, se prevé que sigan las investigaciones sobre este sujeto por la presunta desaparición de 12 jóvenes ocurrida el 26 de mayo. (Notimex)
2. CUENTAS CLARAS.
Instituto de transparencia tabasqueño ordenó al Congreso estatal entregar datos de la nómina de sus trabajadores.
El Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública (ITAIP) ordenó hoy al Congreso del estado entregar la información de la nómina de sus trabajadores de base y de confianza, incluida la del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE).
En sesión ordinaria, los consejeros aprobaron también que se entregue al solicitante la información sobre el análisis de los argumentos jurídicos por lo cuales fue destituido el ex fiscal del OSFE, Francisco Rullán Silva.
En su proyecto de resolución, el consejero José Antonio Bojórquez, expuso que si bien es cierto que por un lado existen datos personales en las nóminas, “por el otro tenemos que se trata de recursos públicos y que además la propia Ley de Transparencia establece que ningún documento podrá ser negado para el acceso ciudadano”.
Añadió que en este caso, si llegan a existir datos personales, se puede elaborar una versión pública.
En este sentido, mencionó que podrían reservarse datos de carácter confidencial como descuentos a servidores públicos con motivos de un mandato judicial, descuentos por medio de créditos que obtuvieron para vivienda u otra prestación, el Registro Federal del Contribuyente u otros.
“En resumidas cuentas, la nómina es de acceso público, por lo tanto, nuestra ponencia determina que esta información es un documento público que debe entregarse”, apuntó.
Por su parte, la presidenta del ITAIP, Felícitas Suárez Castro, presentó la ponencia, la cual se aprobó, de que el Congreso del estado entregue la información vía electrónica sobre el análisis jurídico y documentación que hizo para destituir a Rullán Silva.
Lo anterior, porque al solicitante se le demandó por parte del Congreso del estado un pago previo para que le entregara la información vía un CD-ROM. (Notimex)
3. DISCUSIÓN ‘PROFUNDA’.
Diputados del PRI coinciden que la legalización de la mariguana requiere una discusión “profunda”.
Diputados del PRI coincidieron en que se requiere una discusión profunda y una consulta ciudadana sobre la legalización o no de la marihuana, pues expresaron sus dudas de que eso represente un mayor control en el tráfico de estupefacientes.
En entrevistas por separado, los diputados priistas Mirna Hernández Morales y Ricardo Fidel Pacheco, así como el del PRD Fernando Zárate, se refirieron además a expresiones del ex presidente Vicente Fox, quien en días pasados dijo que se dedicaría al cultivo de la marihuana si ésta se legalizara en México.
Mirna Hernández, legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por Hidalgo, dijo que antes de pensar en legalizar la marihuana se tiene que hacer una consulta ciudadana, porque de lo contrario sería muy peligroso para México.
Indico que el tema de la legalización de la marihuana se debe discutir a profundidad, “que la propia sociedad nos dijera si cree oportuno de que pudiéramos hacer esta legalización de la marihuana”.
Además rechazó que a través de la legalización de la cannabis haya un mayor control en el tráfico de estupefacientes, y opinó que el problema del narcotráfico se debe atacar “de manera frontal, con mayor educación, con mayores oportunidades de trabajo”.
En tanto que el legislador priista Fidel Pacheco dijo sobre las declaraciones de Vicente Fox que el ex mandatario se ha caracterizado por cambiar sus opiniones de manera radical.
Manifestó que la postura de México es muy clara con relación a combatir el narcotráfico, al tiempo de que también se pronunció a favor de que se realice un debate entre la sociedad sobre la legalización de las drogas.
“Cuando menos hay que ponerlo en la mesa y verlo como una alternativa a la parte de la violencia que genera el consumo de drogas”, planteó.
Por su parte Fernando Zárate, legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), calificó como una “ocurrencia” la propuesta del ex mandatario federal, de extracción panista, y opinó que sólo “lo hizo para llamar la atención”. (Notimex)
4. BIG BROTHER.
Director de inteligencia de EU dijo que desclasificará registros de llamadas obtenidas en programa secreto de monitoreo.
El director de inteligencia nacional de Estados Unidos, James Clapper, dijo que el gobierno desclasificará récords de llamadas telefónicas obtenidos bajo una orden judicial y como parte de un programa secreto de monitoreo.
Clapper hizo el anunció en un inusual comunicado emitido luego que la Casa Blanca defendió el jueves el agresivo y amplio programa establecido al amparo de la Ley Patriota, adoptado inicialmente durante la administración del presidente George W. Bush.
Su declaración escrita precedió la revelación del diario The Washington Post sobre la existencia de otro programa “altamente clasificado” denominado PRISM para extraer audio, video, fotografías, correos electrónicos documentos y conexiones.
De acuerdo con el diario la adquisición de estos datos fue posible obteniendo información “directa” de los servidores de nueve de las principales compañías de Internet, incluyendo Google.
Antes el diario ingles The Guardian había revelado la existencia de una orden emitida por una corte secreta, autorizando a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) a obtener datos de llamadas telefónicas domésticas e internacionales realizadas a través de la compañía telefónica Verizon.
Como lo hizo la Casa Blanca, Clapper defendió la existencia de este último programa, desestimando la noción de que el mismo pudiera prestarse a abusos a la vez que calificó de “reprensible” la filtración.
“Existe un fuerte régimen legal en pie que gobierna todas las actividades conducidas al amparo de la Ley de Monitoreo de Inteligencia Exterior (nombre oficial de la Ley Patriota)”, indicó el funcionario.
Explico que tal régimen, “garantiza que esas actividades cumplan con la constitución y las leyes, y protejan apropiadamente la privacidad y las libertades civiles”, precisó.
Clapper dijo que la corte secreta que autoriza estas intervenciones “sólo permite que los datos sean analizados cuando existe una sospecha razonable, basada en hechos específicos y de que la base para el análisis esa asociada con una organización terrorista extranjera”.
Explicó que en el caso de los datos obtenidos de Verizon al amparo de la más reciente orden, estos incluyeron llamadas que no fueron blanco de análisis alguno, acción que calificó de necesaria.
“El alcance de está recolección es amplio porque un enfoque más estrecho limitaría nuestra habilidad para proteger a la nación de las amenazas terroristas”, apuntó.
Clapper rechazó igualmente que haya engañado al Congreso, cuando, durante el curso de una audiencia en marzo, negó que la NSA estuviera recolectando información de “millones de estadunidenses”, al ser cuestionado al respecto.
En su declaración dijo que “la discusión pública de programas como este, tendría un impacto en la conducta de nuestros adversarios y haría más difícil para nosotros conocer sus intenciones”. (Notimex)
5. NO MÁS ‘ABC’.
Diputado considera que urge aplicar controles más estrictos en guarderías subrogadas; no quiere otro caso ‘ABC’.
El presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Javier Salinas Narváez, consideró que se deben aplicar acciones preventivas en las estancias infantiles subrogadas, a fin de que cumplan con la normatividad y no se repitan casos como el de la Guardería ABC.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) indicó además que las autoridades encargadas de otorgar concesiones de ese tipo deben revisar el cumplimiento de las condiciones de seguridad.
“Es común en el sistema de concesiones o de otorgamiento de permisos, que cuando se prevé una verificación alguien les avise, por lo que colocan los elementos necesarios para aprobar los requerimientos, pero los retiran cuando termina la supervisión; entonces suceden casos como el ocurrido en la Guardería ABC”, aseguró.
De acuerdo con el perredista, faltan señalamientos y salidas de emergencia en algunas de esas estancias infantiles, pero la impunidad y corrupción han permeado muchas instituciones.
Sostuvo en un comunicado que no se cumple con los reglamentos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre esos centros, generando discrecionalidad y flexibilidad, así como probable negligencia de las autoridades al consentir situaciones de esa índole.
Lamentó que se siga usando como excusa la falta de recursos del IMSS para ese rubro, pues “se trata de la vida de menores de edad y de un derecho de los y las trabajadoras que cotizan en la institución”.
Salinas Narváez expresó además que existe un déficit de estancias infantiles especiales para niños con alguna discapacidad o que sufren de problemas congénitos graves.
Ante ello, aseguró que el grupo de trabajo legislativo que encabeza se ocupa en el tema de ampliación de la cobertura y calidad de salud para hijos de madres trabajadoras que sufran alguno de estos males.
“El tema es fundamental, vamos a estar atentos para poder resolver este problema, a fin de dar la atención eficiente a niños que presentan alguna discapacidad”,
Respecto a la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de retomar el caso de la Guardería ABC, el perredista opinó que “hasta ahora no se ha hecho prácticamente nada, y ojalá ahora se castigue a los culpables”.
Subrayó que “después de cuatro años surgen dudas sobre si efectivamente va a haber justicia para las personas que sufrieron esas pérdidas humanas, lo cual es condenable porque murieron niños debido a la mala decisión de subrogar guarderías en instalaciones que no reúnen las condiciones”. (Notimex)
