Adiós a ‘privilegios’ y experiencia: 4T inicia reestructuración del Poder Judicial

Sin una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con facultades para expedir recursos de apelación, el Poder Ejecutivo y el Legislativo tienen vía libre para iniciar “una limpieza profunda” al interior del Poder Judicial de la Federación (PJF) el próximo año.

Bajo la bandera de la reforma judicial, el partido oficialista y la administración federal comenzarán con el despido de cientos de jueces y magistrados que se encuentran por todo el país, además de realizar otros cambios drásticos con el argumento de mejorar la procuración de justicia.

Así, más de 700 impartidores de justicia adscritos a diferentes circuitos deberán empacar sus maletas y despedirse de las plazas por las que compitieron a través de diversos exámenes y que ocuparon durante años.

Lo expuesto por Morena hasta el momento es que el método que empleará para elegir a la nueva plantilla de candidatos a jueces, magistrados y ministros del PJF será a través de diferentes estrictos filtros y exámenes de oposición.

Actualmente para alcanzar una plaza como juzgador o magistrado es necesario contar con 15 o 20 años de preparación en los circuitos judiciales del país, además de cumplir con diversos filtros y parámetros antes de ejercer.

De acuerdo con lo informado por la Cámara de Senadores, decenas de jueces, magistrados y ministros han declinado participar en la elección extraordinaria de 2025. Hasta el 30 de octubre, 845 personas impartidoras de justicia renunciaron a participar en este proceso.

Mientras que ocho de los 11 ministros de la SCJN también se pronunciaron en contra de este proceso lo que generó críticas desde Palacio Nacional y de diputados y senadores de Morena.

Estos son los requisitos para la postulación de jueces

Al inicio de este mes, los tres Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial emitieron la convocatoria para la inscripción de candidatos a jueces, magistrados y ministros para el próximo año.

La Cámara de Diputados ha denominado a este ejercicio como una elección sin precedentes en la historia del país, cuyo registro ya se abrió para abogados y especialistas jurídicos interesados en participar en el proceso de evaluación y selección de candidatos para los cargos judiciales.

Según la reciente enmienda a la Constitución, los aspirantes deberán contar con una licenciatura en Derecho y haber obtenido un promedio de calificación entre ocho y nueve sobre diez en materias relacionadas con el cargo al que aspiran.

Además se establecen otros candados como el que acrediten al menos cinco años de experiencia en la práctica jurídica, presenten ensayos, y entreguen cinco cartas de recomendación firmadas por vecinos o colegas.

Mientras tanto, para aquellos jueces, ministros y magistrados que ya se encuentren en funciones, la reforma judicial permite la participación en el proceso de elección sin requisitos adicionales ni evaluaciones, lo que les da la oportunidad de ser reelegidos en el mismo cargo o de aspirar a una posición superior.

En el caso específico de la Corte, así como de la Sala Superior y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se establece que la selección de ministros se realizará mediante voto libre, directo y secreto, y el periodo en el cargo será de 12 años en lugar de los 15 actuales.

‘Menos justicia’, advierte el politólogo Ernesto Guerra

Ernesto Guerra, analista político, sostiene que la reforma constitucional en materia judicial y las elecciones de jueces y magistrados avanzarán sin ningún contratiempo luego del rompimiento del bloque de ocho ministros de la Corte.

“El ministro Alberto Pérez Dayán decidió dejar de ser el guardián de la Constitución al decantarse por la improcedencia y desistimiento de las acciones de inconstitucionalidad para proceder a la revisión constitucional de la reforma judicial y con ello no entrar al fondo de la invalidez de la reforma”, sostuvo.

Guerra advirtió que, a partir del próximo año, el Poder Judicial dejará de ser un contrapeso al poder, lo que afectará negativamente la vida democrática del país, dado que Morena y el gobierno federal cuentan con una mayoría absoluta en el Congreso de la Unión y en los poderes locales.

“Se viene una elección federal inédita que será todo menos justa, equitativa, imparcial o en búsqueda de una mejor procuración de justicia; pero, sobre todo ilegítima, porque tendrá un gran toque del partido hegemónico gobernante y sus estructuras para movilizar perfiles a modo en los cargos de juzgadores a elegir”, advirtió el analista.

Entregar el tribunal: magistrados empiezan a empacar

Carlos Soto, profesor de la Escuela de Formación Judicial en el Poder Judicial de Puebla, fue uno de los juzgadores que tomó la decisión de no participar en las elecciones de 2025 ni en las de 2027.

El magistrado —que tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito judicial—ha comenzado a prepararse para entregar el tribunal en agosto del próximo año en cumplimiento con la reforma judicial.

“En mi caso, lo que planteaba era que no me destituyeran, por ello interpuse un amparo para que el Poder Ejecutivo y el Legislativo permitieran mi continuidad. Ahora he comenzado a prepararme entregar el tribunal en 2025”, precisó.

Para Soto, la desestimación de la acción de inconstitucionalidad en la sesión de la SCJN del 5 de noviembre fue el último recurso que podría haber frenado la reforma judicial, ya que los amparos promovidos hasta el momento servirán de poco.

“Aun con la existencia de los juicios de amparo, estos no ofrecen los mismos efectos generales que una acción de inconstitucionalidad, la cual fue desechada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, atizó el impartidor de justicia.

Abundó que “quienes permanezcan en 2027 estarán instruidos sobre cómo resolver la ley. Si (la presidenta), el gobernador o el presidente municipal consideran que no se ha actuado conforme a lo esperado, podrían presentar una queja ante el tribunal de disciplina. Esta reforma judicial pone en riesgo la garantía de independencia judicial”.

Pese a ello, el magistrado reveló que en una reunión con su equipo de trabajo, alentó a sus colaboradores a postularse en las próximas elecciones internas, en caso de que deseen representar al Poder Judicial.

Reforma judicial implicará cambios para más de 50 mil trabajadores

Los cambios que se aproximan en los siguientes meses alcanzarán a más de 50 mil trabajadores adscritos al Poder Judicial de la Federación que se encuentran en diferentes estados de la República mexicana.

Según Mina Moreno, abogada y especialista jurídica, la reorganización que viene no beneficiará a los trabajadores del PJF; en cambio, establecerá nuevas reglas no solo en cuanto a la organización e integración de los órganos jurisdiccionales, sino que también regulará diversas relaciones laborales.

“Los retos serán enormes, tomando en cuenta que toda la plantilla de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación  irá a votación popular. Existen circuitos amplios, como el Primer Circuito, que corresponde a la Ciudad de México y está integrado por más de 70 órganos”, detalló Moreno en entrevista.

El decreto constitucional de la reforma establece que será en febrero de 2025 cuando el Senado envíe el listado y las postulaciones del Instituto Nacional Electoral para que comience con la organización de las elecciones, las cuales se realizarán el 1 de junio de ese mismo año.