El 2021 terminó como uno de los años más violentos en la historia del país y no solo por el número de delitos y víctimas, sino por la magnitud y atrocidad con las que se cometieron. De acuerdo con el informe “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios” elaborado por la organización Causa en Común, durante el año pasado los medios de comunicación publicaron 4 mil 191 notas de atrocidades, es decir, el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo y/o provocar terror.
En el registro llevado a cabo por la organización se reveló que en total ocurrieron 5 mil 333 atrocidades durante 2021, es decir, 47 menos que las registradas en 2020, pero las víctimas aumentaron de 6 mil 365 en 2020 a 8 mil 759 durante el conteo del año pasado.
En promedio, los medios de comunicación documentaron 14 atrocidades en el país por día.
Detrás de esta violencia desmedida, señalan especialistas, podría estar el conflicto entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, el apogeo de venta y distribución a Estados Unidos de fentanilo, y la poca capacidad que tienen las policías locales para investigar y procesar a los delincuentes.
En el ranking de las entidades en las que se reportaron más actos atroces se encuentran Guanajuato con 400, Jalisco con 258, el Estado de México con 241, y Michoacán con 235.
Respecto al número de víctimas reportadas por los medios de comunicación, Veracruz encabezó la lista con 827, seguido por Guanajuato con 802, Chihuahua 721, Zacatecas 621 y Jalisco con 617.
Las causas de las atrocidades
David Saucedo, consultor en políticas públicas y especialista en seguridad, quien participó durante la presentación del informe de Causa en Común, compara las estadísticas encontradas por la organización con un traje de baño.
“Son importantes no por lo que muestran, sino por lo que ocultan. Lo que podemos ver es que en entidades con alta intensidad de hechos violentos son los mismos que están en la ruta del fentanilo rumbo a Estados Unidos.
“Cuando era la mariguana, la violencia estaba focalizada en los estados productores y de ruta, lo mismo en la época de la cocaína, ahora ocurre un fenómeno similar pero con la ruta del fentanilo”, apunta.
El otro de los problemas que ve entre líneas el especialista es el conflicto por la hegemonía y control de rutas y territorio que mantienen el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
“También está afectando el vasto imperio del Cártel de Jalisco Nueva Generación porque (muchos de los actos atroces) ocurren en sus dominios. Por su parte, el Cártel de Sinaloa ha logrado aislar la comisión de un número de atrocidades en donde tiene presencia desde hace décadas. El imperio que heredó ‘El Chapo’ a sus hijos y al ‘Mayo’ Zambada está en calma.
“Donde ocurren los problemas y tenemos escenas violentas es en las fronteras del Cártel de Sinaloa. Esa es la estrategia, generar ruido en la retaguardia del Cártel de Jalisco para impedir su expansión y aprovechar sus problemas internos y de división, por eso hay tantos hechos atroces en estados como Jalisco, Zacatecas y Guanajuato”, explica.
En esta guerra entre cárteles que provoca infinidad de hechos atroces, dice el especialista, las autoridades no van a influir, esto sumado a una fallida estrategia de seguridad, agrega, podría seguir generando más violencia en el país.
“Zacatecas y Guanajuato están prácticamente en guerra civil y la distribución de la Guardia Nacional no está impactando de manera significativa en los eventos de alto impacto. Los esfuerzos del Gobierno federal, como en Zacatecas a donde desplegaron más efectivos e inauguraron cuarteles, no está influyendo en la violencia.
Finalmente, el especialista comenta que frenar la violencia en las regiones con más actos atroces en el país será una tarea de muchos años. Lo que sí cree que pueden hacer las autoridades es impedir que estos hechos contagien a las entidades vecinas como Querétaro y Yucatán.
‘Camino a la barbarie’
Por su parte, el politólogo Bernardo León califica el informe de Causa en Común como devastador y se pregunta “¿eso cuándo va a acabar?”.
“Hay un problema de desgobierno, vacíos grandes que permiten que la violencia vaya en ascenso y que sea más sádica. Eso descontrola a la sociedad y a las organizaciones criminales”, dice.
El principal problema que detecta es que durante muchos años les quitaron a las policías locales la facultad para investigar delitos, y ahora que lo pueden hacer tras la reforma de 2008 con el apoyo de policías ministeriales, no lo hacen.
“Tenemos buenas policías, los recursos y personal para entrar y controlar, pero no están recibiendo denuncias, no están investigando los delitos y lo que acaba pasando es que aunque sepas quiénes son los que están cometiendo delitos, no puedes hacer investigaciones ni procesarlos.
“Este nivel de impunidad no es porque no haya capacidad, sino porque el sistema está atrofiado y nadie ha podido arreglarlo. Como los delitos quedan impunes, los criminales cometen cada vez más delitos y más violentos. Debemos de repensar el tema de la delincuencia organizada. Necesitamos quitar restricciones para que las autoridades puedan hacer su trabajo”, propone.
Finalmente, la activista de derechos humanos, Eliana García, explica que el informe se queda corto ya que aún falta documentar y contar a los más de 95 mil desaparecidos que existen en el país.
“Estamos viviendo un proceso muy intenso de involución a la barbarie (…). Sin importar quien gobierne la violencia es incontenible y pega a todos porque nadie tiene una política cierta”, concluye.