2016: el año de la guerra de lodo

Las campañas electorales de este año no solo son el preámbulo para las que vienen en el 2018, sino que serán recordadas como las más sucias en algunos estados.

Acusaciones de pederastia, corrupción o de pertenecer al crimen organizado; la filtración de conversaciones telefónicas o de supuestos documentos donde aparecen cuentas millonarias, son algunos de los ingredientes de la sucia mezcla que se cocina en las entidades.

A esto se suma un cambio en el paradigma electoral del país: ahora, la promesa de moda no es ofrecer más empleos, más seguridad o más bienestar; el principal ofrecimiento de los candidatos es que enviarán a la cárcel al gobernador en funciones.

Esta mezcolanza ha enrarecido el ambiente en los estados donde habrá elecciones.

Además, en algunos estados, como Tamaulipas, la presencia del crimen organizado en el proceso electoral es patente, lo que torna a los comicios no solo en sucios, sino en peligrosos.

Sin embargo, en el país ocurre un fenómeno que no cambia no importa las elecciones que pasen.

Muchas de las acusaciones entre adversarios se hacen sin pruebas sólidas y sin la intención de que se investiguen por las autoridades, lo que vuelve a la guerra sucia en solo una guerra de difamaciones.

Esto es parte del ambiente de impunidad que impera en México, con una estrategia electoral que solo busca lastimar, pero jamás dañar a los adversarios políticos y llevarlos ante la justicia.

Nadie escupe al cielo.

De crimen y adhesiones

“No sé tú, pero yo ya me cansé de las ratas que nos gobiernan (…) Con estos cabrones vamos de mal en peor. Los candidatos del PRI y el PAN son delincuentes, no pueden gobernar Tamaulipas (…).

“Quiero barrer la basura de los políticos que nos gobiernan. Juntos, los podemos sacar a la chingada. ¿Le entras?”, es el llamado de Gustavo Cárdenas, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura.

Su spot es un reflejo de la tónica de su campaña. A donde va, Cárdenas lleva una escoba al hombro que habla sobre su intención de “barrer” con todo lo sucio de sus candidatos.

Así son las campañas en el 2016. Tamaulipas ha sido el mayor ejemplo de una guerra que incluye todo tipo de acusaciones de participar en actividades ilícitas.

Candidatos y representantes de varios partidos políticos, distintos al PAN, han expresado su apoyo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, candidato del blanquiazul a la gubernatura.

Esto se ha prestado para que las acusaciones que se han hecho contra el panista de tener apoyo del crimen organizado cobren fuerza en medios de comunicación.

En los municipios de Mainero, Hidalgo y Villagrán –considerados como localidades bajo el dominio del Cártel del Golfo- renunciaron los candidatos de otros dos partidos, además del PRI.

En Hidalgo, quedaron fuera Reyes Zúñiga Vázquez (PRI); Martín Infante Velázquez (MC); y Eduardo González Vielma Cepeda (PRD). En Villagrán, Gustavo Estrella Cabrera (PRI); Emmanuel Rodríguez Estrada (MC); y María de Jesús Treviño (PRD). En Mainero, se fueron Luis Cesáreo Aldape Lerma (PRI); Nilda Liliana Tovar González (MC); y Mauricio Aguilar Ortega (PRD).

Los integrantes de Morena tampoco quedaron ajenos a estas declinaciones a favor de Cabeza de Vaca.

Saúl García, líder de Morena en Matamoros; y Salvador Gómez Mancilla, dirigente local en Ciudad Victoria, decidieron poner su apoyo y el de sus compañeros de partido a favor de García Cabeza de Vaca.

Hace cuatro días, la más reciente adhesión a favor del panista fue de Francisco Chavira, el único candidato independiente que contendía por la gubernatura y quien ha sido acusado por sus adversarios de participar en actividades de lavado de dinero.

Las acusaciones contra Cabeza de Vaca se han hecho de frente. Baltazar Hinojosa, su más cercano competidor, fue tenaz en sus señalamientos.

“Siempre te han catalogado –no solo en Reynosa, ya en otros lugares- como un delincuente. Eres el máximo exponente de la doble moral; no tienes escrúpulos. Te debería dar pena estar parado (aquí) en estos momentos, cuando eres una persona que has estado en la cárcel (…). Eres un gran peligro para Tamaulipas”, lanzó Hinojosa.

También del otro lado ha habido acusaciones.

Al candidato del PRI, Baltazar Hinojosa, sus oponentes lo han acusado de tener vínculos con la delincuencia por la cercanía que tuvo con los exgobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, quienes fueron investigados en Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado.

“No se puede combatir al narcotráfico siendo parte de él (…) ¿Por qué no nos dices a los tamaulipecos dónde tienes escondido a tu patrón, a tu jefe, a Tomás Yarrington?”, acusó García Cabeza de Vaca al priista.

De pederastia, riqueza y espionaje

Otra de las acusaciones que ha salido a flote es de haber participado en redes de pederastia.

La imputación fue hecha en los medios contra Miguel Ángel Yunes, candidato del PAN-PRD a la gubernatura de Veracruz.

La historia de la supuesta pederastia de Yunes proviene desde una acusación que Edith Escalada, una víctima del pederasta Jean Succar Kuri, hizo de que Yunes Linares siempre se hacía acompañar de una niña de siete años, además de que tiene seis denuncias presentadas en su contra en la PGR.

Escalada afirmó que el nombre de Yunes Linares aparece más de 50 veces en la sentencia contra Succa Kuri, pero no se ha abierto ninguna averiguación en su contra por el delito de trata de personas y pederastia.

Su rival del PRI, Héctor Yunes Landa –quien además es su primo- se lanzó con todo en su contra.

“(A) Miguel Ángel Yunes Linares, candidato del PAN-PRD, le gustan las niñas y los niños y los ha violado. Se los digo en serio, si viene Miguel Ángel a Lerdo, guarden a sus hijos en la casa, de verdad, es un abusivo”, citó El Universal al priista cuando realizaba un mitin en Lerdo.

Semanas antes, el panista había sido acusado de haberse enriquecido de manera sospechosa y tener bienes en varias partes de Estados Unidos.

Yunes ha negado todas las acusaciones en su contra y se ha defendido diciendo que denunciara a quienes le han causado daño moral.

Los señalamientos contra Yunes han sido desmentidos por la madre de la supuesta víctima.

La semana pasada en conferencia de prensa Sandra Ortega Rivas calificó como una “aberración” la acusación ventilada durante la campaña de que el candidato panista había abusado de su hija cuando era menor de edad.

En Oaxaca, la guerra sucia también ha implicado varios ceros en las acusaciones.

Desde principios de la campaña, el candidato de la alianza PAN-PRD, José Estefan Garfias, ha sido acusado de tener varios millones de dólares en cuentas de Estados Unidos, mismas que no declaró en México.

Benjamín Robles, experredista y candidato del PT a la gubernatura de Oaxaca, ha acusado a sus adversarios de mentir en sus declaraciones patrimoniales.

En el caso de Garfias, se revelaron unos supuestos documentos bancarios en los que se muestra que el candidato posee una cuenta en un banco texano que llegó a tener más de 27 millones de dólares.

En Sinaloa, el candidato del PRI-PVEM-Nueva Alianza, Quirino Ordaz, presentó su declaración patrimonial y la hizo pública.

Ahí declaró no tener casa ni auto propio, y recibir ingresos de alrededor de 3 millones de pesos al año.

Sin embargo, el candidato es dueño de tres hoteles en Mazatlán, lo que lo ubica como uno de los empresarios hoteleros más prósperos de la entidad.

La guerra sucia se da también en Baja California, estado donde se elegirá solo a presidentes municipales y miembros del Congreso.

Ahí compite Julián Leyzaola como candidato a la alcaldía de Tijuana.

Leyzaola fue jefe de seguridad pública de esa ciudad durante una de sus crisis más fuertes de violencia; logró bajar los índices de criminalidad.

Sin embargo, un caso de tortura fue armado en su contra y llevado ante instancias internacionales. Debido a ello, fue inhabilitado para ocupar un puesto público.

Ahora que realiza campaña a la alcaldía por el Partido Encuentro Social, se han organizado manifestaciones en su contra y los propios policías han salido a hacer declaraciones públicas sobre las prácticas que eran comunes en tiempos de Leyzaola.

En varias entidades, se ha hecho común que el espionaje telefónico sea otro de los componentes de la guerra sucia.

Las conversaciones que muestran a los candidatos hablando sobre temas incómodos han acaparado la atención de los medios en más de una ocasión.

Cárcel, la promesa de hoy

Sí, hay diferencias en las propuestas de cada uno de los candidatos que buscan la gubernatura de uno de los 12 estados.

Empero, hay una promesa que todos han hecho en común: llevar a la cárcel al gobernador en turno.

Ocurre así, al menos, entre los candidatos donde un partido diferente al suyo gobierna en los estados.

Lejos quedaron los tiempos en que la principal propuesta de los candidatos era crear más empleos, bienestar o mejorar la seguridad.

Esta promesa comenzó a tener éxito en las elecciones del 2015. Políticos como Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, hoy gobernador de Nuevo León; y Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, prometieron que llevarían a la cárcel a sus antecesores por tener evidencias de corrupción.

En ninguno de los dos casos se ha concretado la promesa más impactante de sus campañas.

Los candidatos aprovechan el sentimiento de hartazgo de los ciudadanos y aseguran que los gobernadores y funcionarios que están en el gobierno irán a prisión por supuestamente cometer actos corruptos.

Uno de que ha sido más insistente en ello es Javier Corral, candidato del PAN a la gubernatura de Chihuahua, quien ha acusado al gobernador César Duarte.

“En los primeros días de gobierno, daremos seguimiento a una averiguación previa en contra de César Duarte Jáquez, por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, uso indebido de facultades y ejercicio abusivo de funciones”, prometió Javier Corral hace unos días.

El candidato panista ha denunciado en múltiples ocasiones la supuesta intervención del actual gobernador de Chihuahua para comprar presuntamente con dinero público una parte del Banco Unión Progreso.

En Oaxaca también se ha escuchado el mismo pregón.

Benjamín Robles, candidato del PT a la gubernatura, ha acusado a Gabino Cué, actual gobernador de esa entidad, de haber supuestamente desviado 10 mil millones de pesos.

“Gabino Cue ha sido y es un mal gobernante, además un gobernante corrupto y desastroso; y eso lo castiga la ley”, ha dicho Robles.

La misma promesa ha hecho Carlos Joaquín González, candidato del PAN y el PRD a la gubernatura de Quintana Roo, quien ya ha advertido que revisará la forma en que se ha adquirido y gastado la deuda contraída por la entidad en los gobiernos anteriores.

“Veamos en qué fue invertido el dinero, en dónde están las obras, a quién benefician, en qué estado están y cuánta gente que lo necesita se está beneficiando.

“Si es correcto, qué maravilla. Si no, hay que hacer que quien haya cometido un delito, lo pague. Y así será”, lanzó.

El candidato dijo que, de ganar la elección, revisará la deuda de los últimos 12 años, que correspondieron al mandato de Roberto Borge y Félix González Canto.

En Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca (PAN) ha dado a conocer que creará la Fiscalía Anticorrupción para perseguir a todos los funcionarios que hayan cometido actos indebidos.

En Zacatecas, David Monreal, candidato por Morena, también ha prometido revisar las acciones de Miguel Alonso Reyes y, si hay algún delito que perseguir, lo hará.

A principios de la campaña, en abril pasado, Monreal afirmó que Alonso Reyes ha robado del erario al menos 2 mil 700 millones de pesos al año, por actos de corrupción. Acusó, además, que Juan Alonso, hermano del gobernador, pide un moche del 10 por ciento por la asignación de obras.

Monreal y su equipo han dicho que todos los días reciben expedientes y documentos que incriminan al mandatario y a su red de corrupción, por lo que presentarán las denuncias correspondientes.

Y en Veracruz, uno de los estados más descompuestos políticamente en los que habrá elecciones, incluso el candidato del partido oficial ha ofrecido llevar a la cárcel al actual mandatario.

“No tengo compromiso con nadie, llegué a contracorriente, en la adversidad; y desde luego que quien tenga temas justificados para ser aprehendidos y meterlos a la cárcel, incluyendo al gobernador, lo voy a hacer, no tendré ninguna limitación para eso”, dijo Héctor Yunes Landa, candidato del PRI a la gubernatura, en una entrevista con Radiofórmula.

Sin embargo, a pesar de las amenazas, hay pocas probabilidades de que las acusaciones entre los candidatos o contra los gobernadores prosperen y deriven en una verdadera rendición de cuentas.

Acusaciones, en impunidad

Aunque las acusaciones entre candidatos servirían para conocerlos realmente, en México todo queda en los señalamientos de campaña y nada va a las instancias judiciales.

Cuando un candidato acusa a otro de cometer algún delito, pertenecer a un grupo del crimen o ser corrupto, lo correcto sería que esos señalamientos se llevarán ante las autoridades y se hiciera justicia en el caso.

Sin embargo, en México, eso es casi imposible.

Gustavo López Montiel, politólogo y catedrático del Tec de Monterrey, señaló que no es la “mala memoria” de los electores la que no haga exigir rendición de cuentas cuando se denuncian actos de corrupción, sino la impunidad que priva en México.

“En México hay más impunidad que olvido. Muchos casos de los que se conocen en las campañas no se castigan”, subrayó.

Las campañas negras también son llamadas campañas de contraste, dijo, pues permiten que cierta información de los candidatos o los partidos llegue a los electores que de otra forma no tendrían.

En Estados Unidos, por ejemplo, el modelo de campañas permite todo. La única regla de oro es no decir mentiras de un candidato; si eso ocurre, ya se incurre en el delito de difamación.

“En ese modelo, todo lo que sale debe ser cierto; y en eso confían los electores”, explicó el experto.

En México, se utiliza otro tipo de estrategia, que involucra una censura previa. Esto, por el control de los mensajes por parte de la autoridad electoral.

Sin embargo, aunque se establecen ciertos criterios en la ley electoral, ésta tiene algunos recovecos que permiten que las campañas puedan contener elementos de guerra sucia.

Aquí los candidatos no están obligados a decir la verdad; así que los ciudadanos no pueden distinguir entre una acusación para difamar y otra para denunciar un hecho ilícito.

En México, cuando sale algún tema que abona a una campaña negra, sostuvo López Montiel, es muy difícil rastrear de dónde viene y a quién se debe perseguir.

Lejos de cumplir con el objetivo de conocer más a los políticos, el modelo de campaña de contraste que existe en México no es benéfico.

“Lastima a todos si las cosas que se dicen son mentira”, comentó López Montiel, “si las cosas que se dicen sobre un candidato fueran ciertas y gana la elección, tendría que enfrentar un juicio, lo cual nunca ocurre; si es mentira, lastima a todos”.

Por ello, las campañas negras terminan debilitando a las instituciones y al sistema político nacional. No tanto por las acusaciones que se hacen entre los adversarios, sino porque no pasa nada después de que se conocen. Todo queda en la impunidad.