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Ya pasó más de un mes del sismo del 19 de septiembre que azotó al país y apenas se comienzan a ver todos los estragos que éste provocó.
A lo largo de las primeras semanas que transcurrieron después del movimiento telúrico, el foco de atención se encontraba en las labores de rescate, en los damnificados, en los inmuebles dañados o derrumbados y en la recolección de apoyos.
Una vez superada la primera etapa, lo que ahora buscan las víctimas del sismo y la ciudadanía es que se castigue a quienes impunemente y cobijados por el manto de corrupción que cubre al país violaron normas de construcción, normas de uso de suelo o mintieron sobre las condiciones de seguridad de los inmuebles ahora convertidos en un montón de escombros y que dejaron decenas de víctimas.
Zapata 56
Ante las exigencias, las autoridades respondieron al llamado de justicia y rendición de cuentas por primera vez el día de ayer con la aprobación de una orden de aprehensión y la detención de Jaime Smith Ríos, corresponsable de obra y copropietario del edificio ubicado en Zapata 56.
Al hombre de 58 años y socio fundador de la empresa Smith Tecnología Aplicada se le adjudica parte de la responsabilidad por el derrumbe del edificio ubicado en la delegación Benito Juárez en donde fallecieron dos mujeres tras el sismo y el cual albergaba el proyecto residencial San José.
Smith Ríos, quien ahora se encuentra preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur fue acusado por el delito de homicidio por dolo eventual y por el delito ambiental de responsabilidad de Directores Responsables de Obra (DRO).
Al respecto, Edmundo Garrido, Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, informó que la detención de Smith Ríos deriva de los peritajes realizados al inmueble cuya antigüedad era menor de cinco años.
La investigación también reveló que el inmueble edificado por la compañía Canada Building Group contaba con un sinnúmero de irregularidades que finalmente provocaron que el edificio se derrumbara con el sismo de 7.1 grados.
“En las investigaciones que se hicieron en este inmueble que se colapsó y que se derrumbaron departamentos, les quiero comentar que el peritaje terminó con la siguiente conclusión: la memoria de cálculo no corresponde a los planos estructurales, la cimentación no corresponde a lo asentado en el estudio de mecánica de suelo, no cuenta con aceros y dimensiones para soportar la edificación y no cuenta con la constancia de seguridad estructural.
Esta es la conclusión que dio el perito en ingeniería forense que nosotros tenemos en la institución. Con estos elementos nosotros llevamos a un Juez de Control la carpeta de investigación y nos concedió órdenes de aprehensión por el delito de homicidio por dolo eventual y por el delito ambiental de responsabilidad de directores responsables de obra”, explicó Edmundo Garrido en conferencia de prensa.
El procurador capitalino también dijo que por el momento el único detenido es el fundador de la empresa Smith Tecnología Aplicada, pero aclaró que ya se cuenta con dos órdenes de aprehensión pendientes por cumplir, de las cuales destaca la que va en contra del Director Responsable de Obra (DRO) Juan Duay Huerta quien laboraba para la empresa Canada Building Group.
De acuerdo con lo publicado en la página de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Duay Huerta, quien firmó el aviso de terminación de obra y avaló que las condiciones del inmueble eran las establecidas por el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México no contaba con las atribuciones legales para llevar a cabo dicha tarea, pues su licencia como Director Responsable de Obra se encontraba caduca desde diciembre de 2015.
Inquilinos del edificio colapsado han dicho que después de que la empresa les ofreciera ayuda nunca más volvieron a saber de ella. Incluso, cuando las autoridades delegaciones se presentaron en la dirección que la empresa tenía registrada no fueron recibidos, por lo que dejaron la notificación de investigación pegada en la puerta.
Los exhabitantes del inmueble dijeron a medios nacionales que ya llevaron el caso ante la PROFECO y se preparan para interponer una serie de demandas en contra de la empresa que ahora nadie sabe dónde está.
Caen dos más
Daniel y Clemente Estrada Niño nunca pensaron que un terremoto iba a ser como las autoridades de la delegación Benito Juárez se dieran cuenta de sus actos de corrupción.
En la calle de Bretaña 90, en la colonia Zacahuitzco, fue donde los hermanos y dueños de la constructora Dijon GP decidieron hacer de una casa de dos pisos un edificio de 5 pisos sin contar con los permisos legales e ignorando por completo las medidas de seguridad requeridas a la hora de construir su proyecto.
Cuando Daniel y Clemente compraron el inmueble de dos pisos éste ya tenía 50 años de antigüedad y los cimientos estaban hechos de mampostería y se encontraban muy deteriorados.
A ellos les importó más ahorrar dinero y saltarse todas las regulaciones y permiso; pensaron que podrían salirse con la suya. Sin embargo la tierra tembló, su casa-edificio se derrumbó y una mujer que laboraba ahí ayudando con las tareas de limpieza perdió la vida.
Ahora ambos cuentan con una orden de aprehensión la cual fue emitida por el Juez 12 Penal del Reclusorio Norte quien al ver las pruebas presentadas por los peritos de la procuraduría capitalina no dudó en enjuiciar a los hermanos Estrada por el delito de homicidio con dolo.
De acuerdo con el primer mandatario de la delegación, Christian von Roehrich, en donde se encontraba el edificio de cinco pisos, las autoridades nunca otorgaron los permisos para que la obra se llevara a cabo. Por lo tanto también denunció a la empresa constructora y aseguró que deberá hacerse responsable de los daños que cometió indemnizando a cada uno de los propietarios y afectados que vivían en el inmueble.
Los peritajes revelaron que el inmueble edificado por Canada Building Group contaba con un sinnúmero de irregularidades que provocaron que el edificio se derrumbara con el sismo
Directora prófuga
El colapso de la escuela Enrique Rébsamen con el sismo del 19 de septiembre fue uno de los casos más mediáticos por el número de víctimas que su derrumbe dejó, muchos de ellos estudiantes menores de edad.
Esto provocó que las autoridades y la ciudadanía presentaran especial atención y pusieran un mayor ímpetu para designar al responsable, quien evidentemente fue la directora y dueña del colegio: Mónica García Villegas.
Tras los peritajes las autoridades determinaron que la estructura del edificio, la cual contaba con cuatro niveles, este último construido fuera de las normas y regulaciones, no eran las adecuadas.
La revelación detonó una búsqueda incansable para detener y enjuiciar a Mónica por el delito de homicidio doloso.
Al ver que la cárcel se convertiría en su nuevo hogar, la directora del colegio tomó la decisión de huir.
Al respecto, Javier Coello Trejo, su abogado y padre de uno de sus exalumnos, dijo que ella efectivamente se encuentra prófuga pero está dentro del país y no piensa dar a conocer su paradero hasta tener elementos de prueba suficientes para acreditar su inocencia.
El abogado cuestionó a las autoridades de la delegación Tlalpan ante su insistencia por querer encarcelarla y dijo que él lo ve más como un caso político debido a que la delegada Claudia Sheinbaum busca ser la próxima Jefa de Gobierno y ese caso en particular afecta sus aspiraciones.
Abogado de Mónica García Villegas dice que el motivo de querer encarcelarla es político
Investigaciones pendientes
Miguel Ángel Mancera dio a conocer que las autoridades capitalinas tienen abiertas 184 carpetas de investigación por delitos como homicidio con dolo, fraude, cambio de uso de suelo y robo, entre otros
El procurador capitalino, Edmundo Garrido Osorio, advirtió que el proceso de investigación y detención de las personas que se hayan visto involucradas en actos de corrupción cuyas acciones derivaron en la muerte o afectaciones de personas inocentes tras el terremoto apenas comienzan.
El abogado dijo que la dependencia a su cargo se encuentra investigando uno a uno los 38 inmuebles que colapsaron en la Ciudad de México para adjudicar o deslindar responsabilidades tanto de las constructoras como de los dueños de los inmuebles.
“Lo que ya tenemos nosotros son las muestras de materiales de cada uno de los inmuebles que se colapsaron. Las pruebas ya se encuentran en el laboratorio para determinar la resistencia del material y es importante que requerimos el expediente para determinar cuál era la situación por la cual se pidió el permiso para construir, qué tipo de estructura tiene el plano que se realizó para la solicitud de esa construcción y eso cotejarlo con la información que tenemos del inmueble que se construyó”, dijo Garrido Osorio.
Por su parte, Miguel Ángel Mancera, dio a conocer que las autoridades capitalinas tienen abiertas 184 carpetas de investigación, 137 de oficio y 47 por denuncias de particulares, por delitos como homicidio con dolo, fraude, cambio de uso de suelo y robo, entre otros.
Edmundo Garrido Osorio, procurador de la CDMX, dijo que la dependencia investiga cada uno de los 38 inmuebles que colapsaron en la Ciudad
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