Vivir del Plasma, la realidad en México

Hace 15 años a Claudia Moreno le diagnosticaron Inmunodeficiencia Común Variable, un desorden del sistema inmunitario que no permite la producción suficiente de anticuerpos para combatir infecciones.

La única forma de tratar su problema son las Terapias Derivadas del Plasma (TDP), procedimiento que recibe en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Como ella, miles de pacientes con enfermedades graves y raras dependen del plasma, un elemento sustancial para estos tratamientos y que en México es desafiante conseguir debido a que no existe la infraestructura ni las políticas públicas para garantizar un suministro seguro y suficiente.

De acuerdo con especialistas, la donación altruista y voluntaria de plasma en el país es inexistente, por lo que los hospitales públicos y privados que ofrecen estos tratamientos dependen de importaciones de otros países.

“Mi tratamiento me lo da el Seguro Social y ellos lo compran con un laboratorio que se dedica a fabricar estas terapias. No es que ande pidiendo donadores cada mes, pero la realidad es que en el mundo estamos escasos de plasma y va a llegar un momento en que, si no ponemos cartas en el asunto, en México no vamos a tener ese plasma”, dice Moreno.

Para su tratamiento, ella requiere unos cuatro frascos de plasma a la semana, lo cual se traduce en unos 130 donaciones al año. Un caso que se replica en miles de personas más, pues el número de pacientes en el país crece cada año.  En su caso, se demoraron más de 12 años en darle nombre a su padecimiento, escenario que puede ser similar en personas que aún no conocen lo que les aqueja.

Claudia Moreno, como integrante de la Fundación Mexicana para Niños y Niñas con Inmunodeficiencia (Fumeni) aboga para que en México se promueva la donación voluntaria y compensada de plasma.

En México el diagnóstico tiene rezagos de diagnóstico y Claudia es el ejemplo de lo que se tarda en ubicar una enfermedad que depende del Plasma. De acuerdo con el Global report on primary immunodeficiencies, durante 2018 el número de pacientes en seguimiento incrementó 35.4 por ciento en el mundo y 132.2 por ciento en LATAM, mientras que el número de pacientes identificados mundialmente aumentó en 21.8 por ciento y 64 por ciento para LATAM.

Donar plasma en el país, señala, no sólo resolvería el tema de la escasez, sino que también aportaría otras ventajas a los pacientes que requieren ese elemento sanguíneo. Moreno comparte que a pesar de tener el 70 por ciento del pulmón derecho dañado y depender del oxígeno, su estado de salud ha mejorado gracias a las Terapias Derivadas del Plasma.

Abren diálogo

Para cambiar esta situación, integrantes de Fumeni, junto a médicos y especialistas del sector salud, forman Plasma que Salva,  una alianza independiente que pide a las autoridades de salud buscar estrategias  alternas para incrementar la obtención de plasma. Ellos proponen cambios en la legislación actual que implica compensar a los donantes emulando a otros países líderes en la materia.

El grupo sensibiliza de esta situación y busca que se dialogue esta propuesta en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y entre los actores con mayor peso en materia de salud, como el Dr. Jorge Alcocer, el Dr. Hugo López-Gatell, el Senador Francisco Salvador López Brito, y el Diputado Emmanuel Reyes Carmona.

“Hemos recibido muy buena respuesta y hay posibilidades de avanzar en nuestra idea de reformar la legislación de salud para permitir la donación voluntaria y compensada de plasma, se está viendo con buenos ojos”, expresó Mayela García Ramírez, cofundadora y directora de Fumeni.

Se estima que durante el 2020, en Estados Unidos, el proveedor del 70 por ciento del plasma mundial, las donaciones disminuyeron en un 19 por ciento a causa de la pandemia por COVID-19, mostrando la fragilidad de la cadena de suministro y la dependencia extranjera.  La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el aumento de la demanda hará insostenible que el mundo siga dependiendo del país norteamericano y de otros países como Alemania, que ya cuentan con una sólida infraestructura de suministro.

Por otro lado, añade García Ramírez, también es importante que los legisladores y autoridades de salud tengan presente que el número de personas que necesitan el plasma va en crecimiento debido a que más pacientes están recurriendo a las Terapias Derivadas del Plasma, porque no se tiene un tratamiento o es el único que existe por el tipo de condición médica, por lo que se les debe garantizar el acceso a la salud.

Los cambios legislativos

El problema es que en México no sólo no hay una cultura de la donación de plasma, sino que tampoco se cuenta con la tecnología ni infraestructura suficiente para su procesamiento, por lo que en la actualidad una gran proporción del plasma recuperado se destruye. Regularmente, este componente extraído en México sólo se utiliza en operaciones y quemaduras; del mismo modo, si se expone y supera el tiempo de almacenamiento debe destruirse, desperdiciando el líquido vital para muchas personas.

Por ello, la propuesta de Plasma que Salva es visibilizar la necesidad de cambiar la legislación que permita a las clínicas, públicas y privadas, la recolección compensada de este elemento sanguíneo, lo cual requerirá cambios a Ley General de Salud, ya que desde  1987 se penalizó incluir intercambios económicos en un intento del gobierno por controlar la epidemia causada por el VIH, aunque en la actualidad está demostrado que se trata de un virus controlado y sin impacto en la donación y procesos quirúrgicos, se sigue utilizando esta normatividad lejana al escenario del 2023.

Plasma que Salva busca que se compense a los donantes debido a que la donación de plasma conlleva una inversión de tiempo y dinero, pues muchas veces implica perder tiempo del día laboral o derogar gastos para el transporte.

“El acto de donación debe de ser compensado a manera de un intercambio solidario con el único propósito de poder compensar al donador por los gastos efectuados para el acto”, plantea la iniciativa.

Ese nuevo marco legal debe ser transparente, protegiendo, ante todo, los derechos de los donadores, pacientes y población vulnerable. Sólo la colaboración entre el sector público, privado, académico y científico nacional e internacional permitirá que no se repitan historias como la de Claudia y se reduzca la incertidumbre de decenas de personas que necesitan el acceso a los tratamientos derivados del plasma. Lo anterior, priorizando la seguridad de los involucrados a través de la implementación de procesos tecnológicos rigurosos que permitan a las autoridades sanitarias mantener controles de calidad.