Los mexicanos están por iniciar un nuevo año, una época que traerá consigo la nueva ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, proyecto que, hasta ahora, se tiene planeado termine de trabajarse en lo que queda de 2020.
Sin embargo, y a pesar de las expectativas que gran parte de la comunidad científica y tecnológica del país tiene al respecto, puede que los planes terminen siendo otros.
El pasado 25 de noviembre se filtró el que podría ser el Proyecto de ley que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tiene entre manos para brindarle al Poder Legislativo y a partir de eso se analice las reformas.
Aunque el borrador filtrado no está completo, parte de sus puntos no van acorde con lo que el resto de la comunidad ha propuesto con anterioridad para el desarrollo de la ciencia en México, lo que ha ocasionado interrogantes y confusión.
La doctora Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav), comparte que aunque el Conacyt no ha reconocido ni rechazado dicho texto, hay suficientes razones para pensar que sí es parte del que será el oficial, debido a todo lo que ha presentado con anterioridad el organismo público, como la falta de pluralidad.
“Lo que se alcanza a perfilar es muy preocupante porque obviamente no se están contemplando los espacios autónomos de decisión, no se está considerando el Foro (Consultivo Científico y Tecnológico) que quedó desaparecido, no se está considerando cómo va haber una participación más horizontal, más plural de todos los sectores que intervienen en el tema de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI)”, comparte.
Así, mientras que las autoridades han estado trabajando en otros asuntos como la Ley General de Educación Superior, dice la doctora, el Proyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación era un gran secreto del Conacyt, organismo del que se desconoce si ya tiene un planteamiento más formal o completo.
Temas pendientes en Ciencia, Tecnología e Innovación
A diferencia de la actual Ley de Ciencia y Tecnología que tiene poco más de 70 artículos, el borrador filtrado del Conacyt muestra apenas 24, entre los cuales el sexto es el que más comentarios ha provocado.
En dicho artículo se establece que “toda persona tiene derecho a exigir que el Estado fomente, realice y apoye la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación”.
Al respecto, el doctor Felipe Alejandro Sánchez Flores, secretario de la Mesa Directiva de la Academia de Ciencias de Morelos, señala que este derecho debe estar muy bien regulado, sobre todo porque no cualquiera está capacitado para exigirle algo al Estado en materia de ciencia y tecnología, e incluso humanística.
Además, en este artículo se agregan 24 temas “prioritarios para el desarrollo nacional”, como lo es la movilidad humana y política migratoria, y el derecho a la alimentación y consumo responsable, entre otros.
“Son temas de sentido social, alimentario, etcétera, los cuales preocupan si esa es la agenda que el Estado está persiguiendo con respecto a lo que debe hacer de investigación, porque si esa fuera la intención, deja afuera muchísimas áreas de investigación que se están haciendo en el país”, admite por su parte el doctor David Romero, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM e integrante de la Red ProCiencia Mx.
De acuerdo con el doctor Romero, en la nueva ley debe haber libertad de investigación, además de órganos autónomos en los cuales se consulte a la comunidad científica, algo que, admite, debe cuidarse y en la iniciativa que está planteando el Conacyt no es así.
Asimismo, el doctor Sánchez Flores rescata que el tema de las humanidades, aunque en definitiva aporta al desarrollo del país, no debería estar en la Ley General, sino ser tratado a través de una sede o un organismo alterno y después vincularlo, justo como se daba en la anterior reforma con la ciencia y la educación.
“(La ley) debe ser más plural, debe incluir a la mayoría de las voces, no solamente a las academias, sino a muchas otras organizaciones o cuerpos colegiados como podrían ser los tecnológicos de México que siempre se les ha excluido, y rectores de universidades. En un segundo plano ya se pueden incluir a los sociólogos, a los humanistas, hacer una interacción más rica”, subraya Sánchez Flores.
Respecto a ser este el último llamado de la comunidad científica a las autoridades, el doctor Romero afirma que será el último momento antes de que comience una discusión legislativa, pero desde luego no será la última vez que se escuche su voz, pues aún cuando se apruebe una ley y ésta tenga puntos incorrectos, seguirán insistiendo.
“Creo que es importante que una Ley General de Ciencia y Tecnología sea una ley consensuada; las leyes no deben ser instrumentos para únicamente imponer obligaciones, deben ser instrumentos que recojan las aspiraciones también de las diferentes partes del sistema, y creo que es el momento de hacer esto”, admite.