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“De hecho los farsantes llegan a inyectar a sus pacientes aceite automotriz, parafina o silicón con tal de ahorrarse gastos (…) por cada cirujano con reconocimiento oficial existen 15 personas con títulos falsos o que estudiaron en instituciones apócrifas”
Las cirugías estéticas y reconstructivas sólo podrán ser realizada por especialistas que cuenten con título profesional, aprobó este jueves la Cámara de Diputados, de esta manera se busca disminuir las negligencias provocadas por servicios clandestinos y sin ninguna clase de certificación.
Los legisladores aprobaron de manera unánime modificar la Ley de Salud para que sólo las personas con título puedan realizar estos procedimientos, el dictamen también busca establecer penas administrativas para quien opere sin la debida documentación.
Las modificaciones también establecen la clausura temporal o definitiva de los locales en donde se realicen cirugías estéticas sin regulación y para quienes en sus anuncios, documentos, papelería o publicidad indiquen la leyenda de “registro en trámite”.
“De hecho los farsantes llegan a inyectar a sus pacientes aceite automotriz, parafina o silicón con tal de ahorrarse gastos (…) por cada cirujano con reconocimiento oficial existen 15 personas con títulos falsos o que estudiaron en instituciones apócrifas”, dijo la diputada priista, Elvia Palomares.
Palomares agregó que a nivel nacional, la cirugía estética es la especialidad médica que arroja mayor número de mala praxis y se estima que existen alrededor de 20 mil falsos médicos que pueden causar daños irreversibles a las personas e incluso la muerte.
México ocupa el tercer lugar dentro la la lista internacional en procedimientos de cirugías estéticas y reconstructivas a nivel mundial, pues sólo en 2013 se contabilizaron casi un millón de operaciones, de acuerdo a cifras de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética.
La iniciativa, que fue turnada al Senado de la República para su aprobación, busca dismunuir las negligencias médicas y los decesos por esta práctica, es decir, busca garantizar el derecho constitucional a la salud de ciudadanos.
