La reforma al Código Penal español castigaría solamente a quienes obtuvieran beneficios económicos de la publicación de los enlaces a contenido protegido y no se considerará delito si no se busca una ganancia
¿Te gusta ver películas recién estrenadas en la comodidad de tu casa? En España pronto no será posible, pues podría aprobarse una ley para castigar con prisión a los dueños de páginas Web que envían a sitios que alojan ese tipo de contenido.
El borrador de la reforma al Código Penal –que ya fue aprobado por el Consejo de Ministros y enviado al Consejo de Estado, como parte de un proceso similar al que se necesita para aprobar una ley en México– establece el castigo solamente para aquellos sitios que pretendan obtener ingresos a partir de las ligas.
Páginas como Sidereel.com o Project Free TV, que venden espacios de publicidad y los colocan junto a listados de enlaces que llevan a videos (casi siempre ilícitos) en otros sitios, estarían sujetas a esta reforma. Un juez podría ordenar que las ligas fueran retiradas, o incluso el bloqueo completo de la página.
Los usuarios no se verían afectados de manera directa, así como tampoco los buscadores o los programas P2P (peer-to-peer), que permiten compartir todo tipo de archivos. Por lo tanto, si un español decide ver el capítulo de estreno de “Breaking bad” a través de una liga obtenida en estos sitios no estaría cometiendo un delito, a diferencia de quien puso el enlace ahí.
De acuerdo a El Mundo, se busca perseguir “la explotación económica, reproducción, plagio, distribución y comunicación pública de una obra, sin autorización de los titulares, con ánimo de obtener un beneficio directo o indirecto”.
Además, se menciona claramente que se castigará a quienes faciliten los medios para “suprimir o neutralizar las medidas tecnológicas utilizadas para proteger la propiedad intelectual”, como sería permitir ver una película que, en teoría, no puede ser copiada.
Con esta medida el Consejo de Ministros espera alcanzar “un auténtico equilibrio entre la protección de derechos de autor y el avance de las nuevas tecnologías”, explicó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien agregó que “si no hay ánimo de obtener beneficio económico (…) no hay delito”.
Grupos como la Asociación de Internautas de España protestaron contra la medida, e hicieron un “llamado a la razón de todos los parlamentarios que se consideren internautas”.
Por otro lado, la Federación de Cines de España (FECE), declaró que “el principal problema de la piratería son estas Webs”, y felicitaron a los creadores de la reforma. De acuerdo a Borja de Benito, portavoz de FECE, esta modificación a la ley eliminaría “la competencia desleal que hay en el sector”, pues actualmente “los dueños de las webs están lucrando masivamente con contenido que no es suyo”.
De ser exitosa, la iniciativa de ley en España respecto a las ligas y los sitios que las publican, podría replicarse en otros países, ya que en México (y muchas otras partes del mundo), cualquier usuario puede publicar y subir contenido con enlaces en múltiples sitios Web.
Interacción peligrosa
Otra preocupación legal que ha llamado la atención de los internautas (usuarios de Internet) es la falta de regulaciones respecto al uso que ciertos sitios hacen con su información.
En este espacio se ha aludido a que esto ha provocado que muchos elijan retirarse de dichas páginas, como en el caso de Facebook. Pero más allá de las “intenciones ocultas” de las redes sociales, otros eligen abandonarlas por una razón distinta: los abusos en la interacción.
Muchos usuarios limitan su participación en estas plataformas como consecuencia de las amenazas o el acoso de otros usuarios, porque no existe una ley que pueda protegerlos o limitar lo que se permite publicar en ellas.
Alrededor del mundo se han hecho intentos por regular esta actividad. En Barcelona, por ejemplo, hace unas semanas se pidió dar entre cinco y ocho años de cárcel a tres personas acusadas de difundir ideales discriminatorios en Facebook, YouTube y Fotolog.
México no se ha quedado atrás. En mayo de este año, el Congreso de Nuevo León presentó un decreto que criminalizó la “difamación” a través de medios electrónicos y que castigaría con entre tres y cinco años de prisión a quienes difundan contenido que cause “deshonra, descrédito o perjuicio”.
Sin embargo, la ley no fue del agrado de todos, pues aunque puede ayudar a proteger a las víctimas del cyberbullying, también traza límites difíciles de definir, como lo que sucedería si se comparte un meme sobre un político o figura pública.
