‘Sharing’ vs. Copyright

El poder Ejecutivo de México firmó esta semana en Japón el ACTA (Acuerdo Comercial Antifalsificación o “Anti-Counterfeiting Trade Agreement” en inglés), el enemigo público número uno de los usuarios de Internet.

En este espacio hemos dado seguimiento del empedrado camino que ha tomado el acuerdo impulsado por el gobierno de Estados Unidos (EU), impulsado a su vez por algunos de sus pilares culturales –las industrias de cine, música y editorial– representados por la International Intellectual Property Alliance (IIPA), la Motion Picture Association of America (MPAA) y la Recording Industry Association of America (RIAA). 

En principio, lo que busca el acuerdo es un objetivo válido de protección de marcas, patentes y contenidos: “establecer normas internacionales para la aplicación de los derechos de propiedad intelectual a fin de combatir más eficazmente el creciente problema de la falsificación y la piratería”. 

Según un análisis del Institute for Policy Innovation, la “piratería de música a escala global” provoca pérdidas por 12.5 mil millones de dólares al año, 71 mil 060 puestos de empleos en EU, 2.7 mil millones de dólares en los ingresos de los trabajadores estadounidenses, 422 millones de dólares de ingresos tributarios, 291 millones de dólares por concepto de impuesto sobre la renta y 131 millones de dólares en pérdidas de ingresos corporativos y los impuestos de producción.

Y esto tan solo en el tema de la música, uno de los más sensibles para los usuarios y la industria. 

Según la Information Technology & Innovation Foundation, “el robo digital” de música, películas y contenido protegido por copyright ocupa el 24 por ciento del ancho de banda del mundo. 

‘Libertad’ en internet

Los datos anteriores forman parte del argumento pro ACTA: las industrias que dependen de contenidos –cine, música, editorial– son seriamente amenazadas por la piratería, por tal motivo se tienen que endurecer las medidas que impidan su proliferación a nivel global.

Y tienen razón. Desde que se masificó el acceso a Internet, los usuarios nos hemos –¿mal acostumbrado?– a obtener todo gratis en Internet. Está en el ADN del cibernauta gracias a Napster y cada uno de los servicios posteriores de P2P (peer-to-peer) que le siguieron: restricciones van y vienen, pero el usuario siempre encuentra la manera de darle la vuelta y obtener imágenes, videos, películas, series, noticias, canciones… de manera gratuita. 

Ahí está el debate, en la viabilidad de un modelo de intercambio comercial entre autores y consumidores, una frontera que por cierto es cada vez más borrosa. Clay Shirky, uno de los intelectuales digitales más reconocidos en el mundo, hace poco dijo que la palabra “publishing” (o publicación) “ya no es un trabajo” sino “un botón”. 

“Hay un botón que dice “publish” (publicar) y cuando lo presionas, está hecho… Teníamos una clase de personas llamadas “publishers” (editores) porque representaba una habilidad profesional especial hacer que las palabras y las imágenes fueran visibles al público. Ahora no se necesitan esas competencias profesionales. No se necesita ninguna habilidad. Se necesita una instalación de WordPress”, dice Shirky, refiriéndose indirectamente al concepto de la “democratización de distribución” de contenidos. 

El problema con ACTA no está en la decidida defensa de intereses de las industrias afectadas, sino en la opacidad y secrecía con la que ha sido planeado el acuerdo internacional, en plena era digital en donde se privilegia la apertura, la transparencia y la rendición de cuentas. 

Internet se ha convertido en un refugio catártico para los mexicanos, egipcios, españoles, etc., que tienen el privilegio de tener acceso a la Red y que ven en este espacio un canal no solo de entretenimiento, sino de resistencia y organización. Cualquier indicio que ponga en duda esa condición de libertad de información, activa las alarmas de una sociedad digital que ve en WikiLeaks y Anonymous a sus más grandes defensores. 

Pero la guerra cultural que se deriva de ACTA tiene que ver con una pregunta básica: ¿estamos o no dispuestos a pagar por contenidos en Internet? Si los usuarios se brincan las formas legales es porque a) existe la posibilidad de hacerlo y/o, más importante, b) porque consideran que los contenidos en Internet carecen de valor. 

Si es así, entonces estamos viviendo en una era de transición en la que a la “audiencia” prácticamente no le importa de qué manera se obtiene el financiamiento para crear súper producciones como “The Dark Night” en el cine o “My Beautiful Dark Twisted Fantasy” en la música, porque, a fin de cuentas, existe la opción de “streamear” o descargar de manera gratuita ese material. La obtención gratuita de contenido parece una inercia que ha demostrado ser imparable en los últimos 10-15 años.  

El gran debate está en cómo evitar el pisoteo de intereses entre los creadores de contenidos y los usuarios/audiencia; de un lado los creadores tienen todo el derecho de exigir una remuneración por su trabajo y que no se reproduzca indiscriminadamente un material que tiene una fecha de lanzamiento y un precio específico; del otro, los usuarios tienen todo el derecho de exigir que se les tome en cuenta en la discusión de un acuerdo comercial de tal magnitud y que las libertades básicas de Internet –privacidad, libertad de expresión– se mantengan intactas. 

Quizá –no lo sé, nadie ha podido demostrarlo– ambas exigencias no pueden coexistir. La creatividad y la innovación en la era de Internet ha proliferado sin restricciones (la cultura remix, por ejemplo); a la par, la industria de la distribución de música grabada está en caída libre, lo que ha provocado que se ponga ahora más enfásis en las giras y conciertos para tratar de nivelar las pérdidas provocadas por la venta de discos. 

La ratificación de ACTA está ahora en manos del Senado en México. Mientras, la guerra cultural entre el sharing y el copyright sigue en curso, sin una clara salida en el horizonte. 

A favor

>> El combate frontal a la piratería para generar una cultura de la legalidad y la justa remuneración del trabajo.

>> La protección de varias industrias que generan ingresos a través de impuestos y generan fuentes de empleo.

>> La reivindicación del valor que tiene la generación de contenido.

En contra

>> Pone en riesgo derechos básicos de los usuarios de Internet como la privacidad y la libertad de expresión.

>> Anclarse a un modelo de intercambio comercial entre creadores de contenido y usuarios que –al parecer– está caduco.

>> Freno a una nueva cultura de creatividad e innovación a partir del libre tránsito de imágenes, textos y sonidos.

Los peligros
Clay Shirky en TED sobre los peligros de acuerdos como SOPA y ACTA