En México se siguen utilizando alrededor de 186 plaguicidas altamente peligrosos que contienen sustancias cancerígenas.
Esto a pesar de que hace un año la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM), denunció esa práctica en el país.
Al menos 85 ingredientes activos tóxicos para uso agrícola aún son comercializados en cientos de fórmulas en México, pese a que éstos están prohibidos en la Unión Europea dado sus efectos nocivos en la salud humana y el medio ambiente.
Al igual que el año pasado, esta semana se volvió a hacer un llamado por parte de Fernando Bejarano, director de la RAPAM, Sandra Laso de Greenpeace México, y Catherine Marielle, del Grupo de Estudios Ambientales (GEA), durante el Foro del Pequeño Productor al Consumidor: Diversidad y Nutrición, organizado por La Alianza por la Salud Alimentaria.
Para Lasso, representante de la campaña “Comida sana” de Greenpeace, los gobiernos, las compañías productoras de semillas y agrotóxicos y la industria alimentaria son responsables de continuar fomentando la agricultura industrial, cuyos insumos son precisamente estos productos químicos elaborados a partir de sustancias tóxicas como herbicidas, insecticidas, fungicidas, nematocidas y rodenticidas.
“Es hora de cambiar la política neoliberal que privilegia los intereses mercantiles y fomentar alternativas agroecológicas en una política de sustitución paulatina de plaguicidas altamente peligrosos para reducir riesgos a la salud y el medio ambiente en cumplimiento del Convenio sobre el Enfoque Estratégico de Sustancias Químicas a Nivel Internacional (SAICM, en inglés)”, exhortó Bejarano en un comunicado el año pasado.
Desde hace más de 20 años, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) vinculó los efectos de los plaguicidas “al nivel de morbilidad oncológica, pulmonar y hematológica, así como a las deformidades congénitas… y deficiencias del sistema inmunitario”.
En la Unión Europea, se han implementado acciones encaminadas a un uso sostenible de pesticidas como capacitación adecuada de usuarios profesionales, distribuidores y asesores, la prohibición de la fumigación aérea y, entre otros, la promoción de métodos no químicos.
También se han implementado medidas y sistemas para informar al público y obtener datos sobre incidentes de intoxicación aguda y envenenamiento crónico.
Además, para el 2016, todos los equipos de aplicación de plaguicidas deberán ser inspeccionado al menos una vez.