La comunidad científica y tecnológica del país está en espera de un cambio positivo en su sector, que las autoridades logren, a través de una Ley, lo que se promete en el Artículo 3 constitucional: que los mexicanos puedan gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica.
Será en febrero, aún sin fecha oficial, cuando el Poder Legislativo decida qué camino tendrá el papel de la ciencia en México, a través del análisis y aprobación de la nueva Ley General de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI), una norma que aún pone nerviosa y en incertidumbre a la comunidad científica mexicana.
“La elaboración de una iniciativa de Ley abre un espacio de oportunidad para corregir el rumbo, erradicar prejuicios y diseñar un nuevo marco normativo que despliegue las potencialidades alcanzadas”, se lee en el texto Organismos Autónomos para la Complejidad de la ciencia y su mejor orientación pública: el FCCyT, que Rafael Loyola Díaz, sociólogo de la UNAM; Octavio Paredes López, ingeniero bioquímico del Cinvestav, y José Franco, del Instituto de Astronomía de la UNAM, publicarán en la revista Forum del siguiente mes.
Uno de los colaboradores del texto, el doctor José Franco, comparte, en entrevista con Reporte Índigo, que la nueva Ley es un avance importante; sin embargo, lo sería aún más si en el Congreso General se tomaran como guías los objetivos de desarrollo sostenible implementados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde la ciencia, tecnología e innovación son considerados elementos estratégicos para un buen desarrollo nacional.
De acuerdo con el también doctor en Física por la Universidad de Wisconsin, lo que requiere la nueva reforma es, además, una participación de las entidades federativas en el desarrollo del conocimiento de la tecnología y la innovación, con el fin de tener un desarrollo equilibrado en todo el país.
Al respecto, la doctora Julia Tagüeña, coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), distingue que tomar en cuenta a los estados es importante porque el no hacerlo representa un gran problema nacional, la centralización.
“Estoy segura que de esta Ley depende el futuro de la CTI en nuestro país, y por lo tanto, del futuro de México, porque una nación que no tenga un sistema correcto de CTI no puede progresar”, destaca Tagüeña.
Tanto para la doctora en Ciencias como para el doctor en Física, además de que se le debe tomar importancia a la opinión de los estados para el desarrollo de la nueva Ley, también es imprescindible no olvidar temas como la equidad de género, un rubro que, aunque está presente en la reforma de 2002, no debe menospreciarse en una época en la que, más que nunca, se ha luchado por no ignorar el papel de la mujer en la ciencia.
Debemos partir por los elementos positivos que estaban en la Ley anterior, como la equidad de género. No podemos reinventar el mundo desde cero, y creo que lo que hay que hacer en esencia es mejorar las cosas que están aún en la actual iniciativa
En entrevista, la doctora Tagüeña asegura que una de las esperanzas que se tienen es que el Congreso esté abierto a escuchar opiniones por parte de la comunidad científica, y en ese sentido no permitir que en las Cámaras no se tome en cuenta el tema del presupuesto, ya que en los últimos meses ha representado uno de sus tormentos.
“Si no dejas en claro cuál es el compromiso económico hacia el sistema de CTI, no va haber fondos suficientes que permitan el desarrollo que necesitamos”, dice Tagüeña, agregando que otro de los rubros a tomar en cuenta por parte del Congreso es el compromiso hacia la juventud, es decir, apoyar las carreras relacionadas a CTI.
Conacyt, sin involucrarse de más en la reforma de la ciencia
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) es parte fundamental de la nueva Ley General de CTI, pues representa la institución a cargo de este rubro en todo el país; sin embargo, se pide que no se sobreinvolucre en su papel con la nueva reforma aprobada.
En la nueva Ley, según Tagüeña, debe establecerse cuál va a ser la gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia (SNC), pues existen dos caminos: por un lado, donde el Conacyt preside al sector científico en su totalidad y, por el otro, donde este órgano funciona como un secretario Ejecutivo de un sistema que tiene una gobernanza amplia y participativa.
“La comunidad científica se inclina por la segunda opción, una gobernanza colegial, donde se pueda tomar en cuenta la voz de otros para tomar las grandes decisiones (…) Para que haya un desarrollo científico sano en un país, las comunidades de CTI deben ser parte de los mecanismos de la política pública-científica”, comparte Julia Tagüeña.
En ese sentido, el doctor José Franco considera que es importante conocer cuál va a ser la postura que el Conacyt tomará para la aprobación de la nueva Ley, con el fin de que, en conjunto, se decida qué puntos funcionan.
Apoyar a las carreras universitarias enfocadas en la CTI es uno de los rubros que debería tomarse en cuenta en la nueva Ley
