A pesar de que México cuenta con uno de los marcos normativos y legislativos más progresistas, es una de las naciones donde se cometen más crímenes de odio contra la población trans.
Entre 2008 y 2020, el Observatorio de Personas Trans Asesinadas documentó 528 casos de transfeminicidio, cifra que revela el estado crítico que se vive en el país, donde existe un panorama fragmentado en derechos humanos y discriminación hacía las personas LGBTTT+, en los ámbitos de salud, laboral, social e institucional.
“Desafortunadamente, México tiene una transfobia muy vieja, atrincherada en un discurso religioso que ve como natural a un orden binario sexista, si naces hombre o mujer es porque Dios así lo quiso”.
“A esa vieja transfobia se le han añadido otros discursos que podríamos llamar de ‘una nueva derecha’, la cual pretende estar asociada a formaciones como el Frente Nacional por la Familia, que emplea el discurso de los derechos humanos para decir que los padres tienen derecho a educar a sus hijos como les plazca, ignorando el interés superior de los menores”, señala Siobhan Guerrero, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
De acuerdo con la también académica y activista, estos discursos neoconservadores, además de vulnerar la educación sexual integral del individuo, buscan mantener las terapias reparativas, también conocidas como “terapias de conversión”, cuyo propósito es cambiar conductas y deseos de las personas homosexuales a una orientación heterosexual.
Riesgos y retos
El país vive un momento donde los mensajes conservadores fomentan la transfobia. Surgen voces en distintos espacios políticos que señalan a las personas trans como un peligro y un riesgo para las familias e infancias, lo cual conduce a asesinatos de integrantes de la comunidad trans.
“El PAN parece que está interesado en echar un discurso de este tipo, como Gabriel Quadri. Tristemente, esto viene de espacios históricamente aliados; ahora miran con sospecha al movimiento trans diciendo que si se nos reconoce la identidad de género, algunas políticas diseñadas para la protección de las mujeres se vuelven inoperantes”, indica Siobhan Guerrero.
México es el segundo país en el que se cometen más transfeminicidios, además de que se ejerce una exclusión sistemática en espacios laborales o escuelas, aunada a la discriminación que se vive dentro de las familias.
“En fechas recientes, no sólo vemos intervenciones de políticos, sino de medios de comunicación que se permiten hacer de la transfobia la oportunidad de ganar audiencias. Tenemos un Estado que no tiene un observatorio oficial para crímenes de odio, no le da la suficiente importancia a este tema; la violencia, a pesar de todos los cambios legislativos, sigue”, comenta.
No obstante, Siobhan Guerrero afirma que en los últimos tres años se han logrado grandes avances. Por ejemplo, a la fecha, 13 entidades de la República Mexicana han aprobado la Ley de la Identidad de Género, entre ellas Ciudad de México, Coahuila, Oaxaca y Chihuahua.
Además de los avances legislativos, considera también que existe uno muy importante relacionado con la sociedad, en el cual las familias con hijos trans están empezando a acompañarlos, a ayudarlos para tener una vida digna y libre de violencias, esto permite dar un mensaje para que no sean expulsadas del núcleo familiar.
“En sólo cuatro estados ya permiten a las infancias acceder a sus identidades, paradójicamente, también en las embajadas y consulados de México, lo cual es chistoso, porque si eres un adolescente trans que vive fuera de México puedes acceder a un derecho que, quizás, en tu propio país no”, apunta.
Aun así, su gran preocupación es que lo poco que se ha avanzado se puede perder, pues los discursos de odio se están movilizando y tomando más fuerza en la esfera pública, hecho que podría incrementar el número de violencias hacia las personas trans.
La académica participó en la mesa Trans*mutualidades. Voluntades, resistencias y devenires colectivos, como parte del Coloquio Internacional Mutualidad, el cual se puede consultar en la cuenta de YouTube del Instituto de Estudios Críticos
La comunidad trans en pandemia
La académica considera que la tragedia es que el Gobierno no está interesado realmente en la comunidad trans. Cifras y datos son revelados gracias al trabajo de las organizaciones civiles, quienes, por ejemplo, han lanzado informes que indican que durante la pandemia incrementaron los crímenes de odio.
Asimismo, han apuntado a otros ámbitos, como el laboral. “Se ha visto una violencia económica, es decir, no hay un apoyo económico hacia las personas que han perdido el trabajo y regresan a casa, hay otro tipo donde se les obliga a regresar a vivir en el closet”, manifiesta.
En este sentido, Guerrero señala que México tendría que voltear a ver los logros de otros países, como Argentina y Uruguay, donde hay leyes con cuotas laborales para los trans, las cuales propician la justicia económica.
En el caso de la Ciudad de México, que cuenta con una Ley LGBT que propicia la creación de un mercado de trabajo, la académica considera que es un esfuerzo menor, comparado, por ejemplo, con Argentina, entidad que tiene programas que ayudan a las personas trans a tener apoyo económico.
Incluso, se ha reportado que al tener que regresar a sus casas, se les impidió continuar con sus terapias de reemplazo hormonal; o bien, las personas que viven con VIH no han podido continuar con su tratamiento antirretrovirales, pues en sus hogares hay desconocimiento de su padecimiento.
“La pandemia, desde luego ha incrementado las vulnerabilidades, sobre todo, del sector de personas trans que podríamos calificar como juventudes y personas adultas jóvenes”, revela.
Ante el panorama actual, Guerrero indica que el país ha olvidado la existencia de la población trans, pues no hay una preocupación por hacer ejercicios estadísticos para saber cómo se distribuye la población, así como cuáles son las necesidades y desafíos que enfrentan.
“Tenemos aproximaciones que nos han sido útiles para nombrar este tipo de violencia, para mostrar que las personas trans asesinadas son muy jóvenes, muchas de ellas en el trabajo sexual, prácticamente, todas ellas en la precariedad económica. El Estado parece no estar interesado, da la sensación de que desafortunadamente se enumeran temas, pero no hay quien escuche”, puntualiza.
