Desde hace casi cinco años, trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) han declarado la ilegalidad y precariedad de quienes, a partir de 2016, fueron contratados como “prestadores de servicios” por Capítulo 3000, el cual no brinda ninguna prestación laboral. Y aunque en diversas ocasiones se han manifestado, no ha habido respuesta por parte de la administración a cargo del antropólogo Diego Prieto.
Ante ello, a partir del viernes 12 de agosto, los investigadores de base agremiados al Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH (SNPICD-INAH) se vieron obligados a suspender los proyectos de los que son titulares hasta que se cumpla el pago inmediato de los salarios que se adeudan a los investigadores contratados.
“Diego Prieto promueve la violencia laboral al llevar a los investigadores a tomar medidas extremas y sólo así lograr el cumplimiento de sus derechos laborales elementales. Tiende a desalentar y menoscabar la investigación científica”, declara Gustavo Alberto Ramírez Castilla, secretario general del Sindicato.
Jesús Sánchez, miembro de la Comisión de Apoyo a los investigadores por Capítulo 3000, indica a Reporte Índigo que consideraron ir más al fondo sobre la ilegalidad existente bajo este régimen de contratación, ya que viola las leyes y derechos de los compañeros como prestadores de servicios.
Y aunque entienden “la anemia presupuestal” que históricamente padece el INAH, la cual se ha recrudecido en los últimos tres años como consecuencia de las medidas que Presidencia ha establecido en términos de la “austeridad republicana”, esperarían que se replanteara su política administrativa para mantener a flote sus actividades, funciones y objetivos sustantivos, cosa que lamentablemente no sucede actualmente.
“No estamos dispuestos a soportarlo, estamos en agosto y hay muchos proyectos que todavía a los compañeros no se les paga, ni siquiera se les ha elaborado el contrato, esto pone en grave riesgo la continuación de la investigación y, por ende, la protección y la conservación del patrimonio arqueológico”, explica.
Continuamos en las oficinas de la @Hacienda_Mexico para exigir respeto a las garantías laborales de los trabajadores del #INAH. Así como denunciar la precariedad laboral con que son contratados miles de nuestros compañeros. ¡Basta de la precarización del @INAHmx! pic.twitter.com/qDAbm23gTU
— SNPICD-INAH Investigadores (@inah_academicos) June 3, 2022
Jesús Sánchez abunda en que, actualmente, los daños ya no son solamente hacia el personal, sino también para el patrimonio arqueológico, y a antropólogos sociales que están en el campo trabajando con las comunidades que requieren de traductores; así como a antropólogos físicos, lingüistas e historiadores, sólo por mencionar algunos.
Tanto Sánchez como Gustavo Alberto Ramírez explican que, en 2018, se le presentaron a Diego Prieto mil 200 actividades sustantivas en el sistema institucional de proyectos de todas las áreas, pero que la entonces secretaria técnica, Aida Castilleja, les expresó que solamente existían 208.
“Se han reducido dramáticamente los hitos de investigación que se pueden realizar debido a la reducción que Diego Prieto ha impuesto, ¿por qué no se reduce el aparato burocrático administrativo, ni los costos de adquisiciones y servicio? Son cerca de mil millones de pesos los que se gasta el Instituto en este año en arrendamientos y servicios. De esos mil millones solamente hay 88 millones de pesos para la investigación de los adscritos al Capítulo 3000”, revela.
“Más allá de ser una violación a la ley, que claramente marca que todo mundo tiene derecho el pago puntual, es una cuestión de ética y de moral”
De acuerdo con los investigadores, se trata de una artimaña de los funcionarios para despojar a la investigación desde el personal sustantivo, incumpliendo así, por ejemplo, los artículos 18 y 30 de la Ley Federal de Monumentos Arqueológicos, la cual establece que los trabajos de arqueología solamente pueden ser realizados por personal del INAH.
“De otra manera no podríamos desarrollar la investigación y los compañeros no tendrían trabajo. La actual administración del INAH sustenta y tergiversa los hechos para mantener al margen a los compañeros investigadores, porque con ellos cierra las puertas a los egresados de las escuelas del INAH y otras dependencias que necesitan de la institución para sobrevivir”, detalla.
Una acción de sobrevivencia de los trabajadores del INAH
Ante esta situación, Gustavo Alberto Ramírez Castilla, secretario general del Sindicato, reveló que entregaron 49 cartas donde exponen la grave situación de los trabajadores del INAH.
El escrito está dirigido a Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana; David Rogelio Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación; Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública; Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura federal y a Rogelio Ramírez de la O, titular de Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“No hay ninguna posibilidad de que esta situación se resuelva al interior de la institución mediante el diálogo y mesas de trabajo de análisis, porque Diego Prieto dice una cosa y finalmente se hace lo contrario a lo que afirma. Nos estamos dirigiendo a todas estas instancias porque, de seguir estás prácticas de contratación, va a haber un grave riesgo, incluso, de sobrevivencia”, declara.
Y aunque desde hace varios años se han manifestado afuera de la Cámara de Senadores y en la Secretaría de Hacienda, incluso, el pasado 23 de julio, en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, para hacer públicas sus demandas, no han recibido alguna solución.
Jesús Sánchez, miembro de la Comisión de Apoyo, comparte que de no ser escuchados han pensado dirigirse a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o, incluso, a instancias de nivel internacional.
“Además de decepcionarnos de los funcionarios a quienes nos estamos dirigiendo, mostrarían que no tienen el menor interés por lo que ocurre en el instituto y el patrimonio cultural de nuestro país, tendríamos que recurrir a instancias más allá de lo nacional, porque esto es una afectación a los derechos humanos elementales y de discriminación que viven los compañeros investigadores.
“Para ser escuchados nos han obligado a detener las labores y al incumplimiento de nuestra labor, lo cual es una situación grave, porque es un mandato de ley”
“Todavía nos quedan otras instancias a nivel nacional, estamos preparando toda la documentación para lograr una eventual reunión, tanto en la Cámara de Diputados como la de Senadores para dialogar con ellos y ver de qué manera pueden intervenir para resolver el problema”, concluye.
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