Shakira está una vez más en la mira de las autoridades españolas, ya que, por segunda ocasión, fue señalada por el delito de fraude fiscal, debido a que la cantante colombiana habría presentado declaraciones falsas ante Hacienda.
La Fiscalía de España explica que la intérprete de “Loba” supuestamente defraudó a las autoridades con una cantidad estimada de 6 millones 686 mil 502 euros, durante 2018 a través de paraísos fiscales.
Estos “son generalmente países o lugares con impuestos bajos o inexistentes que permiten a los extranjeros establecer fácilmente sus negocios allí”, explica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Los paraísos fiscales también suelen limitar la cantidad de información que divulgan sobre las empresas y los propietarios, señala la organización. Es esta medida la que supuestamente habría usado Shakira.
¿Por qué Shakira hizo evasión de impuestos?
La investigación señala que la cantante defraudó a la Agencia Tributaria española con 5.3 millones del impuesto de la renta sobre personas físicas (IRPF) por los ingresos de su gira “El Dorado”.
Además, Shakira debe otros 773 mil 600 euros, los cuales corresponden al impuesto de patrimonio, ya que posee 12 millones de euros en inmuebles y activos financieros, explica la agencia de noticias EFE.
Esto debido a que la intérprete de “TQG” supuestamente presentó declaraciones no veraces de manera “consciente y voluntaria” con el fin de eludir sus obligaciones tributarias en España.
Shakira supuestamente omitió declarar rendimientos y dedujo gastos que no procedían, con lo cual pudo reducir significativamente el pago de sus impuestos, ya que en algunos casos los conceptos se contabilizaron por duplicado y otros gastos era de carácter “eminentemente personal”.
La Fiscalía de España explica que la cantante también hizo la firma de algunos “contratos simulados” a través de una sociedad constituida en Luxemburgo, a la cual le cedió sus derechos musicales, tras lo cual pagó una cantidad menor a Hacienda.
Las autoridades alegan que esta sociedad solo fue creada con este fin y que no llegó a desempeñar actividad alguna, más allá de una “intervención meramente formal y administrativa”.
Esta no fue la única empresa de la que habría hecho uso, debido a que la Fiscalía de Delitos Económicos indica que Shakira utilizó otra sociedad instrumental constituída en España para “contabilizar los ingresos y los gastos correspondientes” a su gira “El Dorado”, la cual no tiene actividad real.
Como esta, hay otras sociedades que Shakira supuestamente usó ubicadas en Islas Vírgenes Británicas, Malta, Panamá, Holanda, Luxemburgo y Liechtenstein, para redirigir su dinero, ya que son “países de baja tributación y alta opacidad”, es decir, paraísos fiscales.
A pesar de ello, la investigación contra la cantante señala que Shakira era residente fiscal en España durante 2018, por lo cual estaba obligada a declarar en su totalidad sus ingresos globales sin importar su origen y la ubicación del pagador.
¿Qué ha dicho Shakira al respecto?
Las autoridades españolas informaron que la cantante ya había sido notificada de esta nueva investigación en su domicilio en Miami, en donde reside actualmente con sus dos hijos tras su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué.
No obstante, el equipo de comunicación de Shakira indicó que aún no han recibido alguna notificación sobre el nuevo caso, de acuerdo con una declaración que brindaron para la agencia de noticias EFE.
Por el momento, Shakira y su equipo legal se encuentran concentrados en el juicio que se llevará a cabo este 20 de noviembre, ya que hará frente a la primera acusación por fraude fiscal en España.
Pues la cantante fue señalada previamente por un presunto fraude fiscal entre 2012 y 2014, en el cual habría simulado no vivir en España, además de supuestamente ocultar algunos de sus ingresos.
En esta primera investigación se estima que la intérprete de “Waka Waka” habría defraudado a las autoridades con 14.5 millones de euros, por lo cual la Fiscalía de España solicitó una pena de ocho años y dos meses de prisión; así como una multa de 23 millones de euros.
