Actualmente en la Ciudad de México existen más de mil inmuebles catalogados como de alto riesgo, en tanto el 44.2 por ciento de las viviendas presentan algún tipo de deformación, filtración o agrietamiento.
Esta situación ocurre a pesar de que las constituciones federal y local señalan que todas las personas tienen el derecho a una vivienda digna y que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para conseguirla.
Después de un recorrido realizado por Reporte Índigo documentamos que el derecho solo se queda en el papel.
En Buen Tono 35, alcaldía Gustavo A. Madero, decenas de personas damnificadas del sismo de 1985 viven hacinadas y en un inmueble a punto de derrumbarse. A pesar del riesgo, las autoridades han sido indiferentes con ellas.
Pasillos derrumbados, techos vencidos y paredes a punto de desplomarse son parte de la realidad de las 25 familias que viven ahí.
Una historia similar ocurre en el número 20 de la calle Leopoldo Auer en la colonia Héroes de Nacozari, donde existe una vivienda de dos niveles que presenta severos daños en los corredores, pasillos y techos. A esta situación de riesgo se suman filtraciones de agua y fallas en el drenaje y la instalación eléctrica que han ocasionado afectaciones a la salud de varios de sus habitantes.
Los inquilinos comentan que quedaron en el olvido y dejaron de ir las personas de mantenimiento por una disputa interna entre los dueños del inmueble.
Los casos más emblemáticos que documentamos están en el corazón del Centro Histórico de la capital del país, en la calle Justo Sierra. Parte de uno de ellos, el número 27, se desplomó en días recientes dejando a una persona lesionada y a ocho familias sin un lugar donde vivir.
A pocos metros, el inmueble de Justo Sierra 59 se encuentra en condiciones similares. Mientras los días pasan las familias que ahí viven se aferran a la espera de un derecho que le es negado por las autoridades.
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