América Latina es de las zonas con mayor biodiversidad en todo el mundo, por lo que la conservación y el manejo razonable de los recursos se han convertido en una necesidad para alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable. Sin embargo, los humanos, a través de prácticas ilegales, ponen en riesgo esa riqueza ambiental.
El tráfico ilegal de animales, la tala inmoderada, la sobreexplotación de recursos y la contaminación de ríos, son algunos de los problemas que obligan a que activistas y ambientalistas pongan su vida en peligro para salvar la biodiversidad.
En 2017, de acuerdo con datos de la organización Global Witness, perdieron la vida 207 personas en el mundo; se trata del año más mortífero hasta el momento para quienes dedican su vida a la protección de los recursos naturales. El 60 por ciento de las muertes se concentró en América Latina.
A nivel mundial, México ocupó el cuarto lugar, con 15 muertes, sólo detrás de Brasil, Filipinas y Colombia. De los 10 países más peligrosos para ser El precio ser de ambientalista un defensor del ambiente, siete están en América Latina
Por lo que la firma de 12 países (Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Guyana, México, Panamá, Argentina, Uruguay, Perú, Brasil, Ecuador, Guatemala y Costa Ricael) para el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, se vuelve fundamental para la protección de aquellas personas que se dedican a salvaguardar al medio ambiente
El acuerdo, también conocido como Acuerdo de Escazú, es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos. Su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.
Historias de muerte
No permitir que un río sea desviado, contaminado con mercurio y cianuro o dragado, se puede pagar con la vida. En Colombia, de acuerdo con el informe ¿A qué precio?, de Global Witness, Hernán Bedoya fue baleado 14 veces por un grupo paramilitar. Fue asesinado después de manifestarse en contra de la palma aceitera y las plantaciones de banano en tierras robadas a su comunidad.
También, los indígenas Gamela fueron violentamente y agredidos en Brasil. Agricultores usaron machetes y rifles en un intento por tomar el control de su tierra por la fuerza, dejando 22 heridos de gravedad, algunos con las manos cortadas.
En México está el caso de Isidro Baldenegro, ganador del Premio Goldman del Medio Ambiente en 2005, un premio global para el activismo. Abandonó su comunidad en el norte de México después de recibir amenazas. Pero cuando regresó, el 15 de enero de 2017, un presunto sicario lo mató
Isidro fue víctima del fuerte aumento de la violencia contra personas defensoras del medio ambiente en México, el año pasado. Global Witness reportó tres asesinatos en 2016; pero, el año pasado, la cifra incrementó a 15.
Según la organización internacional, las razones del aumento de muertes de activistas se debe a la propagación del crimen organizado, la impunidad persistente, la falta de protección del gobierno y a la ausencia de un consentimiento libre, previo e informado de las comunidades para el uso de sus tierras o la explotación de sus recursos naturales.
Los casos de agresiones y violencia reflejan que los gobiernos y las empresas han fracasado en actuar con responsabilidad, lo que les convierte en un factor generador de crímenes.
El nuevo acuerdo busca que cada uno de los países implemente leyes que protejan a los activistas durante el cumplimiento de su trabajo.
También abre un camino para que empresas y gobiernos sepan proceder ante situaciones que se puedan salir de control y así evitar la muerte de más personas que se dedican a cuidar la biodiversidad.
¿Qué pueden hacer las empresas por los defensores?
> Desistir de los ataques físicos o legales contra ellos
> Consultar de forma significativa y seria a los defensoras sobre el diseño, la implementación y la evaluación de proyectos
> Asesorar y educar a clientes, proveedores y pares
> Instar a los gobiernos a que consulten a las personas defensoras en la elaboración de planes de acción
> Dar declaraciones sobre casos individuales de ataques o restricciones contra personas defensoras
