La comunidad científica en México confiaba en que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador las cosas cambiarían para bien.
Tener un financiamiento vasto para la investigación y su aplicación, la dignificación de las condiciones laborales para los trabajadores y poner la ciencia al alcance de todos eran algunas de las cuestiones que pensaron se lograrían; sin embargo, la historia ha sido otra.
La labor durante este sexenio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), institución responsable de establecer las políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI) en el país, no ha sido sobresaliente y menos la de su directora María Elena Álvarez-Buylla Roces, quien ha sido acusada de sólo buscar el poder a través del fanatismo y el activismo, en lugar de priorizar la ciencia.
Álvarez-Buylla Roces, destacada bióloga y Premio Nacional de Ciencias 2017, con el objetivo de centralizar las decisiones en materia de CTI, emprendió una batalla por quitarle poder al Foro Consultivo Científico y Tecnológico y lo logró; ahora busca hacer lo mismo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). En este caso la lucha continua.
Más fácil llegar a un Nobel que a Álvarez-Buylla. @ElenaBuylla @Conacyt_MX
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— Comunidad Estudiantil del CIDE (@plumaverdeORG) December 9, 2021
Su interés por controlar las decisiones en este sector también la han llevado a ignorar a la comunidad científica durante la creación de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología o al querer construir un “nuevo Conacyt” y transformarlo en Conahcyt, es decir, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Ante este panorama incierto y de muchos cambios, estos son algunos temas que seguramente acapararán la atención dentro de este sector:
La lucha de María Elena Álvarez-Buylla contra el CIDE
María Elena Álvarez-Buylla Roces impuso a un director, cambió el reglamento y desapareció programas educativos, lo que ha provocado marchas y protestas de la comunidad estudiantil y la renuncia de destacados investigadores. La última baja fue la del doctor Alejandro Madrazo Lajous.
Finalmente, a la comunidad del CIDE les deseó “paciencia, resiliencia y una pronta liberación de la actual pestilencia”.
— Comunidad Estudiantil del CIDE (@plumaverdeORG) December 16, 2022
Recursos que no ayudan a la Ciencia, Tecnología e Investigación
Para el rubro de CTI, este año se destinarán 128 mil 746 millones de pesos; es decir, el 1.5 por ciento del presupuesto nacional, lo cual a simple vista sería una buena noticia; sin embargo, tras esta cantidad destinada se esconden los proyectos prioritarios de esta actual administración.
Las dependencias más beneficiadas serán la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Energía, esta última recibirá 7 mil 146 millones de pesos que, de acuerdo con la Red ProCiencia MX, este dinero no esta destinado a la ciencia y la tecnología, sino a la compra de títulos valores.
Así que si bien este año habrá un incremento, no todo el dinero estará en función de fortalecer la investigación científica en el país.
Legislaciones se aferran al pasado
Después de un largo retraso, una iniciativa de Ley de Ciencia, denominada Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) fue ingresada por parte del Ejecutivo a la Cámara de Diputados para su discusión.
La comunidad científica acusa que la iniciativa presidencial parece retornar al pasado en lugar de proporcionar el marco legal para avanzar hacia un futuro mejor. Además, no contempla instrumentos de apoyo a la investigación ni un sistema de gobernanza en el que participen todos los sectores involucrados.
A partir de que el Presidente @lopezobrador_ presentó a la Cámara de Diputados, la iniciativa de Ley de HCTI, han salido opiniones superficiales, apresuradas, mal intencionadas o desinformadas que parecen ser un pretexto para golpear a su gobierno. (1/2) pic.twitter.com/S0OB22OLlJ
— María Elena Álvarez-Buylla Roces (@ElenaBuylla) December 28, 2022
También elimina drásticamente la autonomía de los Centros Públicos de Investigación y no incluye de manera igualitaria a todas las instituciones en donde se produce conocimiento científico y tecnológico.
Finalmente, no especifica el monto del financiamiento que el Estado deberá asignar a las actividades de ciencia y tecnología ni establece mecanismos de transparencia para su operación.