Católicas por el derecho a decidir, una organización feminista
La organización defiende los derechos humanos de mujeres y jóvenes, en especial sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el acceso al aborto seguro y legal
Montserrat AguirreCatólicas por el Derecho a Decidir es una organización que lucha desde su trinchera para garantizar la autonomía de las mujeres y jóvenes para tomar decisiones sobre su vida y su cuerpo.
La organización ha contribuido a cuestionar normas, creencias, valores sociales y culturales, para reconocer que las mujeres son capaces de tomar decisiones sobre su cuerpo.
Uno de sus propósitos es visibilizar el efecto negativo que tienen los conservadurismos religiosos para las libertades y la autonomía de las mujeres y jóvenes, y luchar contra la visión dogmática que limita el reconocimiento de la diversidad y promueve el estigma y la discriminación.
La organización defiende los derechos humanos de mujeres y jóvenes, en especial sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el acceso al aborto seguro y legal, desde una perspectiva ética, católica y feminista.
Además tiene una presencia en distintos países del mundo, incluidos varios en América Latina y es un referente para entender el debate del aborto desde una perspectiva católica.
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Frances Kissling, escritora, activista y presidenta de la organización Católicas por el Derecho a Decidir en Estado Unidos, entre 1982 y 2007, ha señalado que la Iglesia no transmite enseñanzas adecuadas o datos certeros.
El problema es que los sacerdotes católicos, por ejemplo, muchas veces no presentan datos certeros sobre el aborto y la planeación familiar; tampoco transmiten adecuadamente las enseñanzas de la Iglesia; y, más aún, las políticas que proponen –como seguir penalizando el aborto– elevarían la mortalidad materna y tendrían otros efectos nocivos en las mujeres, indica.
Respecto a México, Kissling ha manifestado que aunque queda un largo camino para que la jerarquía católica acepte a las mujeres en igualdad de condiciones, hay algunas áreas, pequeñas aún, en las cuales empieza a haber cambios.
En el “Ciclo de diálogos entender y pensar la laicidad, panel: Sexualidad y Laicidad” que se realizó el pasado 9 se septiembre, por la organización Cultivando Género, se abordaron distintas perspectivas de las imposiciones que ha realizado la Iglesia a lo largo de los años contra la mujer.
Al respecto, la académica Pauline Capdevielle explicó que ha existido un control de la moral sexual e imposición de lo femenino por parte de la Iglesia hacia las mujeres, además de instruir la idea de que el destino de las mujeres es ser madre.
De acuerdo con Capdevielle, Kissling ha precisado que lo que rechaza la Iglesia católica no tiene tanto que ver con la vida de los fetos, es el papel de la mujer y la autoridad de la Iglesia sobre las cuestiones reproductivas y la familia.
“Ya no basta con proclamar la separación institucional entre el Estado y las Iglesias, cuando tenemos grupos que a veces se presentan como aconfesionales, que pretenden imponer a toda la sociedad su visión del mundo mediante su discurso de la moral o una visión sesgada de los derechos humanos donde nada más toman lo que les conviene”, dijo.
Mientras que Sofía Regalado, del colectivo Morras Help Morras, señaló que es necesario “voltear a ver de manera urgente y seria a los movimientos fundamentalistas, de corte religiosos que tienen reacciones extremas, radicales y absolutistas con el fin de defender y promover una visión única del mundo y de la moral y laico”.
Por ejemplo, una ola de religiosos extremistas han implantado la idea de que feministas radicales quieren confundir a los niños sobre su sexualidad.
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Por otra parte, y en el contexto actual que se vive por la epidemia de Covid-19, la organización alertó que los confinamientos obligatorios y las barreras a la movilidad han impedido que muchas mujeres puedan acceder a los servicios de salud esenciales, incluidos la atención a la salud sexual y reproductiva, los anticonceptivos y los abortos sin riesgos.
Los confinamientos durante un periodo de seis meses podrían dejar a 47 millones de mujeres de todo el mundo sin la posibilidad de acceder a anticonceptivos. Esto, según se estima, podría dar lugar a siete millones de embarazos no deseados adicionales. Muchos de ellos podrían tener lugar en Latinoamérica, donde el acceso a un aborto sin riesgos ha estado limitado por leyes draconianas y falta de información, informó la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
