Anexos para curar adicciones crecen sin control

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, Nuevo León cuenta con cerca de 300 mil consumidores habituales de drogas, siendo las más comunes la mariguana, las metanfetaminas y el crack. 

El abuso de este tipo de sustancias representa un riesgo de salud serio para los usuarios, pero también para sus familias, quienes, sin darse cuenta, se convierten en víctimas colaterales del consumo de sus seres queridos, sobre todo en sectores vulnerables.

Ante semejante panorama, la entidad ha experimentado un aumento significativo en la utilización de los llamados anexos, pequeños centros de rehabilitación para pacientes con problemas de adicción, los cuales se han convertido en una alternativa viable para miles de familias, quienes no cuentan con los recursos económicos para costear una clínica privada. 

La Secretaría de Salud de Nuevo León admitió un incremento del 30 por ciento en el interés de la población por echar mano de este tipo de lugares.

Sin embargo, la opacidad con la que operan muchos de estos centros, aunado a la falta de métodos efectivos de rehabilitación y el desconocimiento de las autoridades en torno a lo que verdaderamente ocurre en su interior, han provocado que, para muchos internos la estancia en un anexo sea equivalente a pasar una temporada en un centro de reclusión penitenciaria. 

¿Cuántos anexos son y cómo operan?

El primer problema es la falta de datos fidedignos. 

Ni el Gobierno del estado ni las autoridades municipales cuentan con cifras que demuestren el número de anexos que operan en Nuevo León; aunque en un padrón oficial se calcula la presencia de 137 de estos centros en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM), la cifra real, de acuerdo a organizaciones especializadas como Reinserta y Documenta, puede llegar a superar los 600 locales.

En este contexto, más de 450 anexos estarían operando al margen de la ley y sin aplicar protocolos aprobados para la rehabilitación de los pacientes.

Igual de ilustrativo es el número de inspectores encargados de vigilar que estos centros sí estén registrados, pues los datos oficiales dan cuenta de sólo hay ocho elementos en activo para toda la entidad. 

De tal forma, la nula vigilancia gubernamental hacia los anexos abre la puerta para que, en su interior, los malos tratos y la impunidad sean el pan de cada día. 

“Cuando llegué me quisieron intimidar con golpes, así fue en los seis meses que estuve ahí; nos pegaban debajo de las costillas para que no lo notara la familia (…) Nunca había estado en un lugar así; la verdad, yo lo considero como si fuera el infierno”, afirmó un ex interno entrevistado por Reporte Índigo Monterrey. 

“En lugar de ayudarme me perjudicaron”: experiencia en un anexo

Aunque no existe un estándar, los anexos suelen aplicar el mismo modus operandi con sus internos: a menudo utilizan nombres que evocan algún tipo de espiritualidad o conexión religiosa, esto con el objetivo de tranquilizar a los familiares, además de presumir el uso del método de los 12 pasos, utilizado por agrupaciones como Alcohólicos Anónimos.

Los anexos cuentan con la figura de los “padrinos”, quienes son, en su mayoría, internos antiguos que también atravesaron por problemas de adicción, y que replican con los recién llegados el mismo tipo de violencia de la que fueron víctimas. 

“Cuando llegué me recibieron mal porque era reincidente de ahí; me recibieron con gritos y con patadas (…) Un poco antes de Navidad, a los reincidentes nos tenían encuerados, hincados, echándonos agua y golpeándonos; creo que en lugar de ayudarme me perjudicaron”, narró otra víctima que prefirió mantener su identidad en el anonimato. 

El costo promedio por internar a una persona en este tipo de centros ronda los mil 300 pesos semanales, una cantidad difícil de solventar para muchas familias. 

De acuerdo con la información disponible, las autoridades han suspendido 26 anexos en los últimos años; muchos de ellos no contaban con ayuda profesional de doctores, psiquiatras o psicólogos al momento de su clausura. 

Se estima que, de 2015 a la fecha, se han registrado hasta 17 muertes de internos en anexos de Nuevo León; esta cifra, al igual que el número real de estos centros, puede ser mucho mayor. 

¿Qué dicen las autoridades sobre los anexos?

Lejos de ignorar la situación, el Gobierno de Nuevo León está al tanto de las complicaciones derivadas de la proliferación de anexos en la entidad; sin embargo, sostienen que la existencia de estos corresponde a una exigencia social. 

‘’Es un tema bastante complejo, porque estos centros nacen de una necesidad innegable, de que exista un tratamiento de rehabilitación de adicciones en modalidad de internado, desde luego respetando la Norma Oficial Mexicana que hay al respecto”, afirma Gerardo Palacios Pámanes, titular de Seguridad Pública estatal. 

Aunque está de acuerdo en su regularización, reconociendo incluso que el estado no cuenta con un número oficial de anexos en la entidad, el funcionario dijo que deben existir opciones de rehabilitación económicas al alcance de todos los sectores de la población, especialmente en los sectores vulnerables. 

“Hay que regularizarlos desde un punto de vista de salud, pero es necesario tener opciones asequibles desde un punto de vista económico para la rehabilitación de adicciones, que es un problema grave en el país y en Nuevo León”, argumentó.