La situación del medio ambiente y los derechos humanos en América ya era motivo de preocupación antes del COVID-19; y en vez de que los gobiernos mejoraran ambas áreas en respuesta a la pandemia, se han observado varias regresiones.
David Boyd y Soledad García, de derechos humanos y el medio ambiente, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la ONU, respectivamente, alertaron del “relajamiento” de diferentes países del continente al respecto.
En una declaración conjunta, anunciaron que la pandemia ha puesto de manifiesto el estado ya frágil de la protección del medio ambiente en muchos países americanos y ha exacerbado las pautas de desigualdad existentes.
“No es casualidad que las zonas con mayores niveles de contaminación ambiental y mayores tasas de mortalidad por COVID-19 sean las mismas en las que viven personas históricamente discriminadas”, apuntaron los expertos.
Además, advirtieron que algunas decisiones políticas desfavorables podrían dar lugar a un deterioro acelerado del medio ambiente y tener repercusiones negativas en una amplia gama de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la salud, el agua, la cultura y la alimentación, así como al derecho a vivir en un medio ambiente saludable.
Obligaciones de los Estados de América
Para evitar aumentar los problemas medioambientales y humanos, los encargados de la ONU le pidieron a los Estados latinoamericanos reforzar sus leyes, políticas, programas y reglamentos para evitar catástrofes futuras.
Hicieron un llamado a suspender y no aprobar ni invertir en actividades industriales o agrícolas a gran escala si no se han aplicado los mecanismos apropiados de consulta y participación con arreglo a las normas internacionales, incluido el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.
Subrayaron también que las instituciones de protección del medio ambiente deben contar con el financiamiento, el personal y el equipo adecuados para continuar sus tareas de vigilancia y aplicación de la ley en sus respectivas jurisdicciones.
“Los Estados deben adoptar todas las medidas pertinentes para proteger a los defensores de los derechos humanos y medioambientales a investigar y enjuiciar con prontitud a los responsables de amenazas o actos de violencia contra esas personas”, puntualizaron.
