No se puede negar que la violencia y la inseguridad en Nuevo León han ido a la baja en los últimos meses, lo que ha permitido que las autoridades adopten un discurso optimista y los ciudadanos perciban una mejoría.
Poco a poco, el miedo que invadió a los regiomontanos ha ido desapareciendo y cada vez más sitios que se dejaron de frecuentar por ese clima de violencia comienzan a tener vida.
El Gobierno del Estado atribuye la reducción en las ejecuciones principalmente a las acciones que se han tomado para enfrentar a los grupos de la delincuencia organizada que se siguen disputando la plaza.
Pero hay también señales de alerta que obligan a las autoridades a no bajar la guardia ni descuidar la estrategia de seguridad, para continuar con esta tendencia positiva.
Se sabe, por ejemplo, que el grupo de los Zetas ha intentado reagruparse en algunos municipios del norte del estado, donde se han librado enfrentamientos con las fuerzas estatales y federales.
También hay informes que revelan que el contrabando de armas no cesa por parte de este grupo criminal en guerra con sus enemigos del Cártel del Golfo.
Y que éstos últimos tienen como fuente de ingreso el secuestro.
Son señales de alerta que merecen toda la atención de las autoridades de todos los niveles. Nadie quiere regresar al abismo.
La nueva ‘bomba’ de Mauricio Fernández
Apenas sale de la bronca del C-4 de San Pedro y de la Policía, el alcalde Ugo Ruiz tendrá que entrarle esta semana a otra herencia maldita que le dejó el exalcalde Mauricio Fernández.
La cancelación del contrato de construcción del cuartel de seguridad en Díaz Ordaz, una obra que desde el principio se manejó mal, lo subirá al ring a pelearse legalmente con la constructora Dycusa, de Javier Ballí.
En ocho meses la empresa constructora logró un ridículo avance del 4 por ciento en los trabajos del edificio de seguridad y nunca pudo conseguir el crédito para financiar estas obras que le costarían a San Pedro 500 millones de pesos.
Seguramente ahora Ugo Ruiz sabe por qué Mauricio Fernández lo invitó como alcalde electo a dar el banderazo de esta obra. No hay duda que lo que mal comienza, mal acaba, y ahora Ugo Ruiz sale salpicado.
Linchamiento contra ‘Alcalde, ¿Cómo vamos?’
El linchamiento político contra la organización “Alcalde, ¿Cómo vamos?”, que impulsan algunos munícipes metropolitanos, es una campaña condenable que atenta contra la incipiente participación ciudadana en los asuntos públicos.
En un año “Alcalde, ¿Cómo vamos?” ha logrado –sí, a base de presión social- que los presidentes municipales mejoren sus programas de rendición de cuentas y programas de transparencia a los ciudadanos.
Han conseguido cosas inéditas: por ejemplo la apertura de los permisos municipales a casinos derivó en que hoy estén cerrados 10 centros de apuestas de Monterrey por ilegales.
Los casinos de Guadalupe deberían de estar clausurados también, pero el alcalde del PRI, César Garza, no ha tenido el valor de hacerlo.
Lo que busca “Alcalde, ¿Cómo vamos?” es simplemente convertirse en una plataforma para ejercer un control social a nuestros alcaldes y sus funcionarios, tan acostumbrados a sus “consejos ciudadanos” a modo.
