La captura de Miguel Ángel Treviño Morales, jefe del Cártel de los Zetas, prende sin duda las alertas en Monterrey y en Nuevo León.
No se sabe todavía el nivel de repercusiones que provocará la detención del Z-40 en la ciudad, pero donde existe fuerte nerviosismo es en el municipio de San Pedro Garza García.
Con la caída del capo –detenido la madrugada del lunes por la Marina en el municipio de Anáhuac- se debilita la alianza que existe entre los Beltrán Leyva y los Zetas en San Pedro.
Por lo pronto hoy está convocada una reunión del Grupo de Coordinación en Nuevo León, en la que participa el gobernador Rodrigo Medina y los mandos militares y federales.
Sólo habrá un tema en la mesa: las probables consecuencias y el reacomodo que sufrirá la estructura de los Zetas en Nuevo León.
La idea no es provocar alarma entre los habitantes de Nuevo León, pero desde ayer se intensificó el patrullaje de militares en zonas de San Pedro.
Reapertura de punto fijo de Fuerza Civil
El Gobierno de Nuevo León se anotó ayer un punto a su favor con la reapertura del punto fijo de Fuerza Civil de la colonia Lagos del Bosque, cerrado desde hace meses por órdenes de un juez federal.
El gobernador Rodrigo Medina encabezó ayer la reinauguración de este cuartel de seguridad ubicado sobre la avenida Garza Sada.
El Mandatario estatal reconoció la participación que tuvo su secretario general de Gobierno, Álvaro Ibarra, quien logró mantener las negociaciones con los vecinos para llegar a una solución.
Ibarra logró resolver este problema vecinal y se apuntó una buena también como la que logró hace un mes cuando enfrentó el ultimátum de los transportistas.
En el evento estuvo presente el abogado Olmo Guerrero, del despacho Martínez Arrieta, que representó legalmente a los vecinos inconformes con este edificio.
Guerrero logró el amparo que obligó al Gobierno del Estado a cerrar el punto fijo, pero luego colaboró para convencer a los mismos vecinos que se desistieran del amparo ganado.
Versiones encontradas en San Pedro por cuartel
En el tema de la suspensión de la construcción del cuartel de seguridad de San Pedro en la avenida Díaz Ordaz, obra insignia del exalcalde Mauricio Fernández, existen versiones encontradas.
Por una parte el alcalde sampetrino Ugo Ruiz atribuye a la incapacidad de la empresa constructora Dycusa el hecho que no haya podido conseguir el financiamiento privado para este proyecto de infraestructura estimado en 500 millones de pesos.
Ruiz tiene razón: en el contrato queda claro que era responsabilidad completa de la empresa del empresario Juan Antonio Ballí conseguir este crédito en la banca privada.
Pero la versión que da la empresa es totalmente distinta a la que maneja el edil sampetrino: ningún banco quiso entrarle a financiar este proyecto porque concluyeron que el Municipio de San Pedro no tiene capacidad de pago. ¡Glup!
