Vivienderas, vivales y otros males

Sin mayor explicación, Gil Díaz anuncia su salida de Geo, mientras que el ex Fonatur no ha terminado de explicar los faltantes en la constructora que dejó en ruinas, sí, esa que eludía los concursos alegando que era una paraestatal y que distribuía los contratos entre subcontratistas, quienes todo hacían y ponían para no desparecer, hasta que la maquinita, por abuso, se descompuso, dejando un tiradero que la Sefupu supo ignorar rentablemente. 

Parece inconexo que mientras Fernando Gómez Mont se volvió experto en terrenos nacionales y en desarrollos inmobiliarios de todo tipo, el hermano fuera un próspero desarrollador público. En tan sólo unos años, la viviendera creció casi tan rápido como se desplomó.

El manto del extitular de las finanzas públicas mucho ayudó, ya que el garlito de canalizar las mal llamadas “disponibilidades públicas” a negocios privados, lo acomodó entre albicelestes, quienes rápido aprendieron a subejercer el gasto generando enormes caudales, antes conocidos como “guardaditos”, los cuales mucho dejan hacer en provecho de los amigos burlando a la ASF.

Ahora lo importante parece ser el deslindarse de las negras historias que aparecerán en materia de vivienda y de otros negocios fallidos. La pregunta es si también otros  giros anunciarán su independencia de Gil, como lo es el caso de Global Drilling o, la favorita, Navix de México, empresas que en un estado de derecho simple y llanamente no harían lo que hacen aquí, ante la ingenuidad o distracción inexcusable del equipo de Lozoya. 

Para los de Telefónica ya es muy tarde, la fibra óptica, tendida a espaldas de la Cámara de Diputados, quedó protegida en texto constitucional, y jamás, podrá ser concesionada a la empresa que pensó embolsarse en paquete al ex funcionario con la segunda red en importancia en nuestro país. 

Pero para fortuna de todos ellos, con éxito, la PGR ha venido desmantelando lo poco que dejó Marisela Morales para integrar averiguaciones en materia de corrupción y venalidad, quedando ya una central de no ejercicios que preserva la continuidad del Pacto por México.

La alarmante superficialidad y falta de seriedad, con honrosas y limitadísimas excepciones, con la que  ministerios públicos -que reprueban hasta los exámenes institucionales- se han abocado a revisar denuncias por doce años de desvíos, llegan al grado de sostener que si un servidor público funge como parte y testigo en un contrato público, ello es válido, por no haber ley que lo prohíba.

No pasa nada, todo sigue igual, pero puede empeorar.