Justo cuando se celebraba una reunión de seguridad en Palacio de Gobierno, la violencia se presentó ahora en el Penal de Cadereyta, un reclusorio que se había mantenido al margen de los hechos violentos registrados recientemente tanto en el Topo Chico como en Apodaca.
En el centro penitenciario de Cadereyta no habían ocurrido ni motines ni riñas ni fugas como las presentadas en los otros dos penales de Nuevo León.
Cadereyta era casi una cárcel modelo hasta ayer que un supuesto operativo de revisión por parte de Fuerza Civil provocó disturbios y un incendio en este reclusorio estatal.
Extraoficialmente se manejó más de 40 heridos, entre reos y policías, pero el Gobierno del Estado sólo confirmó a un policía lesionado y sin gravedad.
Según Aldo Fasci, no hubo riña, sino que el incendio fue provocado como parte de una protesta de los reos por el operativo de seguridad.
Denuncian a funcionarios de penales
Siguiendo con el tema de los penales en Nuevo León, ayer circuló una manta denunciando a funcionarios del área de penales del Estado de actos de corrupción y abusos.
En la manta se incluyó el nombre de Humberto Marroquín, director del Penal de Apodaca, de Miguel Ángel Vigil Solís, jefe de seguridad y José Alberto Ortiz Gallegos, subjefe de seguridad.
A través del cartel –que no estaba firmado- se acusaba a los servidores públicos de ser cómplices de dos integrantes del crimen organizado que se supone manejan tanto el Topo Chico como el penal de Apodaca.
“Ellos son culpables de los actos que se llevan a cabo en el interior de los penales: extorsión, abuso, muerte, humillaciones.”, rezaba la manta.
“Esos funcionarios son parte de la corrupción y reciben numerosas gratificaciones económicas para que estos tengan impunidad”.
‘El Tigre Toño’ al banquillo
La Fiscalía Anticorrupción del Estado, a cargo del abogado Ernesto Canales, no pierde la esperanza de poder meter a la cárcel a un funcionario de la pasada administración.
La Fiscalía no cesa y sigue excavando para armar casos contra exfuncionarios de la administración del exgobernador Rodrigo Medina.
El caso contra Emilio Rangel Woodyard, exdirector de Agua y Drenaje de Monterrey, no es la única acusación que trae el Estado.
En los próximos días le tocará el turno al exsecretario de Educación, José Antonio González, “El Tigre Toño”.
El exrector de la UANL será citado a comparecer para que responda por los pagos que autorizó por las becas que otorgaba como parte del programa Se Educa, que canceló el gobernador Jaime Rodríguez cuando tomó protesta, alegando que los pagos estaban inflados.
De López de Arriaga
Xavier López de Arriaga se comunicó para precisar que ni él ni su empresa Great Plan Consultores realizan trabajo de relaciones públicas a favor de las empresas pedreras de Nuevo León como se publicó en esta columna recientemente.
El exsecretario técnico de Conarte aceptó que hace un año fue buscado por algunos dueños de pedreras, sin embargo rechazó el ofrecimiento por cuestiones personales.
Sale la aclaración para evitar malentendidos.
