Debido a su negligencia criminal, el gobierno del presidente López Obrador es responsable de la muerte de cientos de miles de mexicanos. Ha puesto en luto a más de 840 mil familias que perdieron a sus seres queridos, de acuerdo con datos oficiales al último corte de este gobierno, por muertes confirmadas por COVID-19 y exceso de defunciones relacionadas con esta enfermedad.
Este gobierno no quiso hacer pruebas y en un inicio impidió, incluso, la participación de laboratorios privados. No dotó de insumos médicos a hospitales ni clínicas del sistema de salud, no cuidó al personal médico y trató de ocultar la cifra real de muertos por COVID-19.
Se empeñó en desmentir la eficacia del cubrebocas y, por si fuera poco, adquirió tarde las vacunas, que distribuyeron de forma electoral.
Por si fuera poco, la Secretaría de Salud informó que más de cinco millones de vacunas contra COVID-19 serán tiradas a la basura porque caducaron en junio. Sí, mientras la gente esperaba ser vacunada para salvar su vida y la de sus familias, el Gobierno realizó una pésima distribución, llegando tarde a estados y municipios.
Es increíble que conciban de esta manera tan irresponsable el servicio público y el ejercicio del presupuesto. Más de 600 millones de pesos tirados a la basura por su irresponsabilidad.
El artículo 214 del Código Penal Federal refiere que comete el delito de ejercicio ilícito del servicio público aquel servidor público que por razón de su empleo dañe gravemente el patrimonio o los intereses de alguna dependencia de la administración pública federal.
Repito, comete un ilícito quien por razón de su empleo dañe gravemente el patrimonio o los intereses de alguna dependencia de la administración pública federal.
¿Cuántos ilícitos de esta naturaleza hemos visto en este sexenio? Y en este caso tenemos un responsable visible: alguien que minimizó la pandemia, que se empecinó en combatir las exigencias de médicos y científicos y que además se ha dado el lujo de tirar los recursos públicos a la basura y con eso, hay que decirlo, matar a mexicanos que podrían haber sobrevivido.
Urge que se investigue y sancione la negligencia de López-Gatell, responsable de la mala distribución que generó la pérdida de cinco millones de vacunas.
