Una más de Poiré

No obstante, es claro que él espera que sí redunde en el resultado de los complicados comicios que enfrenta el partido oficial en aquella entidad.

El grotesco proceder de la presente administración para continuar haciendo campaña con los “logros” de este gobierno durante la veda, ha hecho poco por reposicionar a los candidatos albicelestes.

Sin embargo, la exagerada exposición del ministro del interior en los medios de comunicación, nos recuerda constantemente una más de sus promesas incumplidas.

Sí, el de las listas prometidas. Aquellas que nos pudieran dar una idea menos aventurada de la cantidad de víctimas que esta estéril masacre nos ha dejado, siendo claro que estamos peor de lo que estábamos al inicio del sexenio.  

A diferencia del nacido muerto Renave, el muy deseado Renavi es el único instrumento que brindará un número de fatalidades más acercado a la realidad.

El Registro Nacional de Víctimas, que para algunos solo pudiera entrañar morbo, y para otros el parámetro de ineptitud del equipo saliente, en realidad es el único instrumento que permitirá sacar a los agraviados de las ominosas estadísticas mensuales, al asignarles un identificador individual que permita dar seguimiento a las indagatorias, haciendo viable el conducir procesos caso por caso. La fórmula actual solo garantiza una masiva impunidad.

Hoy, después de aparecer en los periódicos, solo se apilan expedientes que son imposibles de rastrear y que no permiten impulsar la continuidad de las investigaciones o procesos penales, ya que en unas semanas simplemente engrosan el abultado cerro de números irreconciliables, asignados por ministerios públicos, jueces y policías, a lo largo y ancho del país.  

Al cabo de unos meses, los nombres y números ingresan al limbo de los muertos del sexenio calderonista, en los que de manera arbitraria y poco seria se ha llegado a la cifra de 60 mil caídos, dato que -con poca resistencia- acepta el Gobierno Federal, dado que el número negro apunta a duplicar, triplicar o multiplicar de alguna manera esa cifra.

En tanto no exista un registro auditable y fiscalizable de las muertes acaecidas, no sólo no se hará justicia, sino que no es realista el decir que las autoridades mexicanas atienden de manera pulcra, técnica y eficaz los procesos tendientes a aplicar el cada vez más ligero “peso de la ley”. 

En efecto, en lugar de proferir esos discursos aparentemente elocuentes, el secretario de gobernación debiera ocupar las semanas que le restan en el cargo para cumplir cuando menos uno de los ofrecimientos que hiciera ante los micrófonos para tratar de justificar su inexplicable nombramiento.

La lista de los caídos, no solo los de nacionalidad mexicana, sino incluyendo a los de todo Centro y Sudamérica, seguirá siendo reclamo. 

Es claro que saben que la primer lista publicada provocará reacciones de Tijuana hasta Tierra del Fuego, ya que hasta hoy ha sido fácil pensar que el ser querido enterrado ha sido considerado en los 60 mil muertos, pero cuando aparezcan las primeras listas el nombre de los fallecidos reclamará omisiones, derribando la cifra calculada a la mexicana.

Es cómodo seguir haciendo anuncios de programas que otros ejecutan, pero al menos habría que reconocer que no se es capaz de cumplir lo dicho.