Una historia de corrupción
Durante estos cuatro años de gobierno, la administración del presidente López Obrador se ha distinguido por dos cosas: Falta de resultados y corrupción. La refinería Dos Bocas es un claro ejemplo de ambas cosas. De 2019 a la fecha, se han asignado al menos tres contratos a empresas ligadas con Juan Carlos Tapia, un empresario […]
Kenia LópezDurante estos cuatro años de gobierno, la administración del presidente López Obrador se ha distinguido por dos cosas: Falta de resultados y corrupción.
La refinería Dos Bocas es un claro ejemplo de ambas cosas. De 2019 a la fecha, se han asignado al menos tres contratos a empresas ligadas con Juan Carlos Tapia, un empresario hidalguense acusado de huachicoleo y de entregar sobornos en torno al caso Odebrecht.
El 10 de marzo de 2017, la entonces Procuraduría General de la República inició una investigación por el delito de sustracción ilegal de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, derivado de una toma clandestina que se encontraba dentro de las instalaciones de la empresa Construcciones Industriales Tapia (Citapia), fundada por Juan Carlos Tapia en el estado de Hidalgo. Sin embargo, en 2018, Pemex se desistió de la denuncia y el delito quedó impune.
El 5 de julio de 2019, Citapia fue inhabilitada para participar en contrataciones públicas de carácter federal, pero el señor Tapia y su familia no solo recibían contratos mediante esa empresa. Existen al menos cuatro más en las que tanto sus hermanos, sus primos y su pareja sentimental figuran como accionistas.
El 30 de abril de 2007 crearon Mexicana de Recipientes a Presión S.A. de C.V., cuyos accionistas, según el Registro Público de Comercio, son: Juan Carlos Tapia, Selene Martínez Abarca y Gilberto Juan Tapia Vargas. Esta empresa ha recibido al menos un contrato por servicios e integración de la Refinería en Dos Bocas por 78.4 millones de dólares.
Mexicana de Recipientes cambió su razón social a Procesos Especializados y Proyectos S.A. de C.V. (Proesa), el 18 de marzo de 2018, cuyos accionistas son Abel Vargas Rosales (primo de Juan Carlos) y Ángel Manuel de Jesús Bautista.
El 15 de diciembre de 2017 dieron de alta la empresa Grupo Constructor Industrial Oil and Gas S.A. de C.V., cuyos accionistas nuevamente son su primo, Abel Vargas Rosales, Yosimir Moreno Constantino y Selene Martínez Abarca.
Sin embargo, fue hasta el 9 de diciembre de 2020, según consta en el Registro Público de Comercio, cuando registraron la empresa Manufactura Especial y Proyectos Industriales S.A.P.I. de C.V. (MEPI), empresa que ha recibido, al menos, dos contratos por parte del Gobierno federal para la refinería de Dos Bocas. Los contratos son para la fabricación de tanques de almacenamiento y para la fabricación y montaje de tuberías.
Como se desprende del acta de constitución de sociedad, MEPI fue creada “a modo” para participar en la obra de Dos Bocas. Aunado a ello, los accionistas de MEPI son dos empresas, una de ellas relacionada con el señor Tapia: Procesos Especializados y Proyectos S.A. de C.V.
Los contratos que le han asignado a las empresas del señor Tapia suman más de 400 millones de dólares.
Por donde se vea, esto es corrupción. La Secretaría de Energía debe supervisar los antecedentes de las empresas a las que se les asignan los contratos, pero tal parece que tratándose de las empresas del señor Tapia hacen una excepción.
Decían que eran diferentes, pero resultaron ser lo peor que le pudo pasar al pueblo de México.