Por fin volverá a ser el gobierno de la República, y ya no será el gobierno del presidente.
Desde 1857 -por indicación constitucional- el gobierno federal se dividió para su funcionamiento en tres poderes, siendo estos elementos y no detentadores del mismo. Solo un dictador puede considerar el gobierno como algo propio.
La diferencia es sencilla, el mandante ordena y el mandatario simplemente acata. En efecto, en las democracias los presidentes son mandatarios que cuentan con auxiliares que integran una administración, ninguno de ellos es eje, ni centro del poder, sino que son empleados de alto rango y abundante paga.
Calderón, en su pobre conocimiento de la carta fundamental, pensó que los secretarios de estado eran su gobierno, como si se tratara de una corte palaciega, o peor aún, pensó que su sexenio era una especie de reinado en la que se registraron obras públicas acreditándose a su persona, cuando en realidad -visto con objetividad- se trató de una de las burocracias más onerosas y menos exitosas.
Pero en estos lamentables años lo único que realmente rebasó expectativas fue la simulación.
En tan sólo seis años se agotaron las reservas del IMSS, del Infonavit y del ISSSTE, los números que se entregan no se compadecen con la realidad y el tema de las pensiones públicas resulta uno de los temas más apremiantes y delicados que tendrá que enfrentar la próxima administración.
Se incumple la promesa de ofrecer números oficiales de víctimas de la fallida escaramuza, surgida más del temor a un levantamiento social que de la estrategia.
En cuanto al lavado de dinero, los resultados no podían ser peores, habiéndose comprometido la seguridad nacional al jugar los puestos claves en la carta del nepotismo del que se pensó soberano. La banca amasó fortunas, quedando la rendición de cuentas confiada a los funcionarios que operaron el banco que a la postre terminó siendo HSBC.
Lejos de observar las salvaguardas constitucionales en cuanto recursos naturales estratégicos, se firmaron contratos a largo plazo, en los que empresas extranjeras -sobre todo españolas- se adueñaron del agua, del gas, del petróleo, de segmentos claves en materia de comunicaciones y, por supuesto, de la banca más predatoria del mundo, al permitírsele un margen financiero que en cualquier país civilizado sería considerado usura.
El remozamiento basado en pinturita modernizadora de carreteras se consideró avance en infraestructura, en tanto que durante varios años se envió parte sustantiva del presupuesto público a fideicomisos, mandatos y empresas fantasmas en el exterior. Tan sólo Pemex es incapaz de explicar el faltante de planta de hidrocarburos y no le ajustan las cuentas en ITS, ni en el Master Trust.
En el próximo informe de gobierno, forzadamente escucharemos un buen número de mentiras, envueltas en una falsa emotividad basada en un deber simuladamente cumplido, pero solo aplaudirán quienes en esta gestión cobraron bonos o recibieron contratos y prebendas.
La verdadera condición de las finanzas públicas es ya un foco rojo que requiere atención inmediata, pero en la farsa transexenal se acostumbra colocar en el aparador de la historia al que se fue, cuando nunca se pasó de la sobrediagnosis a la atención de los problemas.
La población ya dijo “no” a la fórmula aposentada en las oficinas públicas, pero aun así, ¿será capaz el nuevo gobierno de repetirnos la dosis?
En ese contexto, la Fiscalía Anticorrupción debe suprimir el país en el que no pasa nada. Para ello, la sociedad debe dejar de mirar a otro lado mientras los paladines del quebranto se agazapan en el fuero constitucional. Basta ya de mentiras oficiales.