Tres botones

Para quienes están alejados del actuar cotidiano de la autoridad en el Distrito Federal pudiera parecer extraña la reprobación casi unánime al encargado de los derechos humanos en la capital del país. A ellos hay que decirles que el puesto prácticamente estuvo vacante durante su gestión, en la que sólo se registraron desplantes que invadían el orden federal, con ánimo de lograr notoriedad. 

En efecto, a los del interior del país pudiera resultar extraño el saber que, no obstante los enormes recursos públicos que se destinan a la gestión oficial, la Ciudad de México prácticamente vive en la constante injusticia impartida por un tribunal superior que lo único que le faltaba era no rendir cuenta de las multimillonarias erogaciones que realiza. El caso de poder judicial capitalino ha llegado ya a los focos rojos, ante sentencias insostenibles, absurdas y claramente sesgadas a los intereses que cobija. 

El personaje en cuestión, salvo en el caso de Florence Cassez, que naturalmente le era ajeno, guardo cómplice silencio de lo que pasa en los juzgados de primera instancia y en las salas de confirmación que supuestamente les revisan labores. La justicia en el Distrito Federal la imparten los Colegiados Federales, que se llenan todos los días de sentencias complejas, incomprensibles e incoherentes entre ellas. Sin la intervención de los Colegiados la situación en el D.F. ya hubiera provocado más de un levantamiento.

Claro, inmediatamente se dirá que los asuntos contenciosos no son responsabilidad del ombudsman capitalino, y que éste debiera estar circunscrito a los abusos policiacos. Sin embargo, ese es parte del problema de la enorme simulación que constituye la supuesta protección de los derechos humanos en los países que sólo producen estadísticas con “aceptables” resultados en la comparativa internacional. 

En realidad todos sabemos que los asuntos que no involucran a cientos o miles de personas, o que no se politizan, duermen el sueño de los justos en los acervos de las comisiones, que sólo han demostrado gran eficiencia en realizar gastos de publicidad, comprar inmuebles o becar a sus funcionarios en viajes de turismo burocrático. Lo real, es que en México la protección a los derechos humanos no pasa del discurso a los hechos, a menos que se trate de casos que importen grotescos atropellos contra indígenas, desaparecidos o víctimas de abusos policiacos. En tanto que en el primer mundo se analizan asuntos que atentan contra la vida digna y un ambiente de concordia social, laboral y económica, aquí, andar de paseo leyendo estadísticas se considera proteger los derechos humanos.

Para llegar al fondo de la institucional denegada justicia deben revisarse casos en los que con clara invasión de la esfera competencial de la Federación, aquí se disfrazan las suspensiones de amparo de medidas precautorias, se imputa responsabilidad trascendental a socios y accionistas, en cruzadas emprendidas por acreedores influyentes y se considera malicia efectiva el decir la verdad.