Una cosa es la falsificación de boletos, y otra muy diferente la tiranía que puede ejercer sobre el mercado un competidor gigante en la industria de los espectáculos.
Tras el bochornoso fallo en el primero de los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Azteca, donde Ticketmaster fue incapaz de gestionar de manera adecuada las entradas del público, muchas voces se alzaron para recriminar al consorcio al cual pertenece la boletera.
¿Quién puede luchar contra los falsificadores y clonadores de entradas? Ya serán las autoridades o las propias boleteras quienes tomen las medidas necesarias para que no se desborde este problema tan grave que vimos en los conciertos de Bad Bunny y, unos días antes, también en los de Harry Styles.
Pero, ¿quién puede poner de rodillas a CIE, el corporativo que engloba a Ticketmaster y la promotora de conciertos y festivales Ocesa, y que a su vez es parte de la compañía internacional más grande del mundo en materia de espectáculos?
Nadie.
Tampoco hay alguna instancia gubernamental que pueda doblegar a Zignia Live y Apodaca Group, los otros grandes jugadores de los espectáculos musicales en México.
Nadie puede ni podrá contra ellos por una razón muy simple: estas empresas actúan apegadas a las reglas legales que imperan en el país. Cubren sus impuestos, gestionan los permisos y concesiones que requieren y, cuando cometen alguna infracción, pagan las multas correspondientes.
También, claro, buscan los mejores tratos en todo lo anterior: pagan los menores impuestos posibles, cabildean para pagar lo mínimo por las concesiones que se les permite explotar, y piden el máximo descuento y hasta el perdón de las multas que les llegan a aplicar. Como cualquiera lo haría (con la diferencia de que ellos tienen mucho dinero y una gran influencia).
Es cierto que los protagonistas líderes de los negocios, de cualquier tipo, cuentan con todo a favor y suelen jugar al límite de la legalidad. Sus abogados son buenísimos y además los consumidores por lo general no leemos las letras chiquitas cuando contratamos un servicio.
¿Abusan Ticketmaster, Superboletos, Ocesa y los demás gigantes de sus ventajas para clavar los colmillos al consumidor? Tal vez… Bueno, lo podemos dar por hecho. Pero lo hacen dentro del marco legal, así que ¿quién puede detenerlos?
Lo ocurrido con Bad Bunny fue algo excepcional, habrá que investigar lo que sucedió y corregir las fallas técnicas o humanas, con una fuerte multa de por medio (que le hará cosquillas a la boletera), y listo, asunto acabado. Más allá de eso, Ticketmaster, Ocesa y demás son intocables porque se apegan a la ley, así sea el límite de ella.
Y es que en el fondo el problema no radica en determinadas empresas que imponen sus condiciones al público, sino en el sistema comercial y legal que nos rige. Si de un plumazo desaparecieran Ticketmaster y Superboletos, sus lugares de inmediato serían ocupados por otras boleteras que se comportarían más o menos igual.
Y si Ocesa, Zignia Live y Apodaca Group cerraran sus operaciones, de inmediato habría quienes se encargarían -gustosos- de organizar los grandes conciertos y festivales en el país, reciclando sus estrategias.
De igual manera, si atrapan a los recientes falsificadores de boletos y a los revendedores, el problema no acabará del todo pues es seguro que en los próximos conciertos habrá nuevos pillos buscando aprovecharse de la situación que, como ya se dijo, es resultado del mercado y sus reglas.
¿Cuál es la solución, entonces? No lo sé. Lo que sí sé es que las autoridades relacionadas con el tema harán muy poco o nada. En primer lugar porque no pueden, como ya expliqué, pero también porque no quieren, pues a veces se benefician con el intercambio de favores que conlleva otorgar ventajas a los gigantes de los espectáculos.
El caso del Parque Fundidora en Monterrey es emblemático de esta relación “ganar-ganar” entre quienes hacen negocio y las autoridades: los empresarios pueden organizar festivales y conciertos pagando una bicoca por la renta del mejor espacio disponible en la ciudad, y los funcionarios reciben una buena cantidad de boletos para pagar lealtades, comprar simpatía y abonar a su futuro electoral, stands para dependencias gubernamentales y seguramente algo más. Todo dentro de lo legal, aunque sea en detrimento de los ciudadanos.
En diferentes escenarios y circunstancias, así puede ocurrir en cualquier asunto en el que los empresarios, de cualquier tamaño, actúan con las autoridades.
¿Moches? Por favor, eso no existe en este ramo de los negocios…
El tema amerita una exploración de mayor amplitud, lo haré pronto en este espacio. Por hoy, solo me queda esperar que en el próximo concierto mi boleto no resulte clonado y me dejen fuera.
Correo: xardiel@larocka.mx
