Emiliano Zapata no fue traicionado para ser masacrado el 10 de abril de 1919, en Chinameca.
Ocurrió el 28 de julio del 2014, cuando fue aprobada la Ley de Servidumbre, medida legal (como última instancia) para despojar de sus tierras a campesinos en aras de la explotación del petróleo y la energía eléctrica.
Como en 1919, todo se planeó en el sector oficial.
De cómo se producen millonarios en México
Un rápido viaje al pasado mediato:
Septiembre de 1982, se registran graves problemas que afectaron al sistema económico y financiero de México.
1.- El peso se devaluó. De 12 pesos por dólar, pasa a 22.
2.- Las reservas internacionales son insuficientes para hacer frente a la demanda de dólares.
3.- La banca internacional cancela todo tipo de créditos al gobierno de México. Con ello, es imposible subsidiar la cartera vencida del sistema financiero nacional.
Estos fueron los argumentos para que el presidente López Portillo expropiara las instituciones bancarias y ordenara el control del tipo de cambio.
Para adquirir la banca comercial, que tenía una deuda de 25 mil millones de dólares, el Gobierno Federal pagó 3 billones de pesos.
En 1983 accede al poder la contra. La tecnocracia da los primeros pasos para reprivatizar la banca.
La privatización de las paraestatales se inicia a partir del sexenio de Salinas.
Apareció la banca paralela mediante casas de bolsa, arrendadoras financieras, aseguradoras y sociedades de inversión cuyos dueños adquirirían, posteriormente, los bancos durante la reprivatización.
La crisis de diciembre de 1994 (Presidencia de Zedillo), provocó que las tasas de interés se dispararan causando el sobreendeudamiento de las empresas y de las familias ante los bancos y el cese de pagos por parte de los deudores.
La posibilidad de quiebra de los bancos provocó que el gobierno de Ernesto Zedillo pusiera en práctica el Fobaproa, un mecanismo para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores.
Van los números fatales:
Los pasivos del Fobaproa fueron miles de millones de pesos por concepto de cartera vencida que canjeó por pagarés ante el Banco Central.
Se vivía la crisis de la crisis y por ello Ernesto Zedillo, en marzo de 1998, envió al Legislativo cuatro iniciativas para crear un marco legal que redujera las posibilidades de una nueva crisis bancaria, crear medidas eficientes de supervisión a las actividades crediticias y facilitar la capitalización de los bancos.
La gran controversia que orilló al Congreso a ordenar una “auditoria” al Fobaproa, fue provocada por la decisión presidencial de convertir en deuda pública los pasivos de dichos fondos, que sirvieron para asistir a los bancos, cantidad que fue de más de 850 mil millones de pesos.
Esta deuda la continúa pagando la población nacional.
Otro rescate, el carretero, ascendió a 64 mil millones de pesos.
‘Rescate’ de Pemex y la CFE…
Y para no perder la costumbre, gracias a los buenos oficios de Manlio Fabio Beltrones (PRI) y Luis Alberto Villarreal (PAN), el Congreso de la Unión ha convertido los números rojos de Pemex y CFE en deuda pública cuya cantidad será de 1.7 billones de pesos. Pero, el Partido Verde dice que actualizando las cifras, el “rescate” es de 2.1 billones de pesos.
Lo que estamos buscando es ver qué tanta proporción de los pasivos de Pemex los pasamos a una deuda soberana (…), una deuda nacional, anunció un Beltrones sobrado de cinismo.
El monto de este “rescate” oscila entre 1.7 y 2.1 billones de pesos, cifra superior al monto del endeudamiento asumido por Ernesto Zedillo por la quiebra del sistema bancario.
Con estas acciones “soberanas” del Poder Legislativo, los ricos serán menos y más ricos… Y los pobres se multiplicarán y serán más pobres.
La formula no falla.
México y la justicia discrecional
Los mexicanos padecemos una justicia bastante atípica, pues la discrecionalidad con la que se aplica permite concluir que, definitivamente, no haya justicia para ciudadanos de segunda.
Un recuento de hechos:
Un niño de 13 años de edad, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, fue herido en la cabeza el 9 de Julio por una bala de goma disparada por la policía del gobierno estatal que encabeza Rafael Moreno Valle.
Días después José Luis, fallece.
Hasta ahora no hay culpables de este asesinato legitimado por la Ley Bala poblana.
José Manuel Mireles, fundador del grupo de autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, fue detenido el viernes 27 de junio por presuntas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Un mes después, todo es confusión.
Semanas más tarde, en impresionante operativo en Holbox, Quintana Roo, son detenidos 15 pobladores por la supuesta destrucción de manglares.
La Profepa dictaminó la afectación de esta especie protegida, por ello los 15 habitantes de Holbox fueron consignados. El gobernador Roberto Borge Angulo prometió su libertad en 48 horas, nunca se cumplió la promesa.
Del asunto de Holbox todos son culpables hasta que no demuestren lo contrario.
El pasado 25 de julio la CNDH informó que en las cárceles del país hay 8 mil 334 indígenas presos. La mayoría bajo un proceso penal irregular.
A los aprehendidos no se les ha respetado su derecho a un debido proceso.
Del total de los detenidos, 27 son mujeres y 8.3 mil hombres; 7 mil 632 han sido procesados por el fuero común y 702 por presuntos delitos federales.
En Chiapas, donde “gobierna” Manuel Velasco Coello, cinco indígenas, entre estos un activista defensor y promotor de los derechos humanos, fueron detenidos arbitrariamente por varias horas y torturados física y psicológicamente en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, en el norte chiapaneco.
Sus nombres: José Luis Pérez Pérez, Roberto Pérez Pérez, Juan Carlos Pérez Pérez, Mario Pérez Pérez y Braulio Gómez Gómez, este último miembro de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limedh).
Vamos con los ciudadanos de primera clase o ‘business’
Un caso reciente fue la detención (22 de marzo), de Amado Yáñez, propietario de Oceanografía.
Esta empresa incurrió en fraudes financieros desde el sexenio 2000-2006, lapso en que gobernó Vicente Fox.
Uno de los casos ocurrió con la banca de desarrollo: la auditoría OIC-AAI-02/2005 del Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), reveló irregularidades en el crédito autorizado a Oceanografía, como la entrega de facturas apócrifas, incumplimiento de términos y condiciones de pago y mecánica de operación (revista Contralínea).
Pero la detención de Amado Yáñez fue por un fraude de 400 millones de dólares que cometió contra Citigroup-Banamex.
A este ciudadano de primera las autoridades le concedieron estar poco más de 40 días en arresto domiciliario en el conjunto “Las Brisas” de Acapulco.
Los de cuello blanco almidonado, todo lo resuelven. Más cuando el dinero está de por medio.
Pagó 80 millones de pesos como fianza. Es decir, menos del 2 por ciento de los más de 5 mil millones de pesos que, dicen, defraudó a Citigroup-Banamex a través de Oceanografía.
Amado Yáñez Osuna, aseguran, enfrentará en libertad su problemita.
Otro caso de justicia discrecional: Arrestan a Gastón Azcárraga (15 de febrero), por el delito de lavado de 198 millones de pesos.
Dos más: Carlos Romero Deschamps y a Ricardo Aldana, ambos involucrados en ilícitos en Estados Unidos.
Al primero le podrían ser confiscadas sus propiedades en EU por la empresa Arriba Limited, luego de que una Corte en Houston emitió un fallo definitivo por incumplimiento de un contrato firmado en 1984 y no entregar 6 millones de barriles de petróleo.
El segundo, Ricardo Aldana, depositó en Estados Unidos 40 millones de dólares en el año 2000 (coincide con la campaña de Francisco Labastida), cantidad que fue congelada por un juez a instancias de la “Arriba Limited”, en Texas.
Dicen que Romero Deschamps y Aldana son defraudadores en el vecino país del norte y, en México son dos respetables legisladores. Puro surrealismo mexicano.
Renglones retorcidos de la justicia
Ni duda, Gastón Azcárraga tiene un ángel protector.
Martha Gabriela Sánchez Alonso, jueza Séptima de Distrito de Amparo en Materia Penal en el DF, le otorgó la protección de la justicia, solo para que el juez que ordenó aprehenderlo dicte otra resolución, en el mismo sentido o en otro, siempre y cuando esté fundada.
El ángel de Azcárraga Andrade, platican los que saben, fue más allá al razonar a profundidad la protección de la justicia al empresario Premier:
La señora jueza Sánchez Alonso solicitó al juez 14 de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Rubén Darío Noguera Gregoire, “a que en plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución con estricto apego a las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales; es decir, que el nuevo fallo garantice la exacta aplicación de la ley, la legalidad, la defensa y la seguridad jurídica”.
Moreno Valle y el fin de su carrera política
La borrachera del poder lo llevó a creerse Dios.
Rafael Moreno Valle aún sigue convencido que puede disponer de la conciencia pero, más que todo, de la vida de sus gobernados.
Estaba seguro que criminalizando la protesta social subiría otro peldaño para buscar la Presidencia de la República. Pero la Ley Bala le provocó una caída como piano.
Dicen, quienes le han visto, que Moreno Valle quiere silenciar todo, al estilo de Álvaro Obregón, con puro cañonazo.
El gobernador poblano es el único que no se ha percatado que la muerte de un niño acabó con su carrera política.