Durante la audiencia pública sobre los trabajos en el Río Santa Catarina realizados para prevenir riesgo de inundación, se llegó a un acuerdo entre #unrioenelrio y el Gobierno de Nuevo León. El compromiso asegura que esa corriente principal en Monterrey será declarada oficialmente como un Área Natural Protegida (ANP).
Durante la administración del exgobernador de Nuevo León, Natividad González, se emitió una declaratoria del río como ANP. Sin embargo, para que esa medida fuera efectiva, era necesario obtener la aprobación de la Comisión Nacional del Agua (CNA). Lamentablemente, el visto bueno fue negado tras una consulta realizada por el exdiputado Luis Armando Torres. La desaprobación se basó en la constatación de que las reglas administrativas de la declaratoria incluían disposiciones que permitían la construcción de infraestructura en el río. Esta situación fue considerada como una invasión de las atribuciones de la CNA en materia de gestión de recursos hídricos.
El acuerdo alcanzado por #unrioenelrio cobra importancia en vista de los antecedentes mencionados. Al establecer las etapas iniciales para enmendar un decreto de protección del Río Santa Catarina, el pacto se convierte en un hito significativo. Es especialmente relevante debido al prolongado tiempo que las administraciones estatales tomaron para reconocer el error, que abarca un lapso de 15 años. Si el Gobierno de Nuevo León honra su palabra y emite una declaratoria de protección, se estará demostrando la voluntad de abordar adecuadamente la protección y conservación de este importante humedal urbano.
Los cuernos del dilema se presentan entre el planteamiento de #unrioenelrio, que busca una nueva declaratoria de ANP para el río, y, por otro lado, la posición adelantada por funcionarios del Gobierno de Nuevo León del área ambiental, que sugiere solamente actualizar el decreto actual, previamente rechazado por la Comisión Nacional del Agua (CNA).
La decisión sobre la protección del Río Santa Catarina se centrará en una discusión jurídica que sentará las bases para la decisión política adecuada. Por un lado, se plantea la cancelación del actual decreto, el cual fue rechazado por el Gobierno federal mexicano. Esta medida abriría la puerta a una nueva declaratoria, lo cual es técnicamente factible ya que está contemplado en la Ley Ambiental de Nuevo León.
Pero el Gobierno de Nuevo León podría optar por actualizar el decreto actual. Este reajuste implicaría obligatoriamente eliminar las reglas administrativas que favorecen la infraestructura física y reemplazarlas definitivamente por disposiciones que promuevan la conservación o restauración de los ecosistemas. De esta manera, se lograría un resultado similar al de la cancelación en términos de protección del río.
Un río de fuego
En las últimas tres semanas, los incendios recurrentes en el Río Santa Catarina han sido motivo de preocupación. Con un total de 34 hectáreas estimadas de superficie quemada, sumadas a las 13 taladas por el Gobierno de Nuevo León y las 12 eliminadas por la administración municipal de Monterrey por la construcción de un puente en el Parque España, la situación exige una respuesta inmediata por parte de la administración estatal.
Es importante que el Gobierno de Nuevo León investigue las causas de los incendios y aplique sanciones adecuadas para los responsables. Además, se debe implementar un plan de restauración para recuperar los espacios afectados y mitigar los daños causados por el fuego.
Twitter: @tonyo_hernandez
