Cuando asumimos la enorme responsabilidad de cambiar el rumbo de México, en este nuevo proyecto de nación que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, nos encontramos con un país con una enorme desigualdad, sin una estrategia económica válida, carente de ética, equidad y justicia distributiva.
Dicha desigualdad generada por las pasadas administraciones, nos dejó un legado de desempleo, degradación de los niveles de vida y una creciente desesperanza para las nuevas generaciones que se estaban sumiendo cada vez más en la pobreza y en una profunda inseguridad colectiva.
Sin embargo, desde el Senado de la República, de la mano del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, estamos trabajando incansablemente por recuperar el progreso social como uno de los pilares para alcanzar el pleno desarrollo de nuestra nación.
Por lo tanto, partiendo de la necesidad que tienen los estados y municipios de eliminar la opacidad en el endeudamiento y aminorar la carga financiera que padecen por este concepto, proponemos modificar las leyes de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de Asociaciones Público Privadas.
El principal objetivo de esta iniciativa, es detener el sistemático endeudamiento y deterioro de las finanzas públicas de algunas entidades federativas y municipios que además, tienen el riesgo de comprometer su futura estabilidad económica.
En materia de responsabilidad hacendaria, se pretende regular la actuación de las entidades federativas y de los municipios para conducirse bajo criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y la estabilidad del sistema financiero.
De acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), en los últimos diez años, la deuda de los municipios de México ha aumentado en 26.6 por ciento a tasa real, alcanzado 44 mil 786.3 millones de pesos al primer trimestre de 2019.
Por lo tanto, esta medida abonará a la transparencia en cuanto a la información que reportan las entidades federativas y los municipios. Tendrán la obligación de reportar como deuda pública, además de los financiamientos, las obligaciones de pago. Así podremos contar con mejor información contable y con las herramientas necesarias para el combate a la corrupción en todos los órdenes de gobierno.
Nuestra propuesta, es lograr que se elimine la opacidad y el encubrimiento, bautizado como “Confidencialidad” de la información de los esquemas denominados Asociaciones Público Privadas y los Proyectos para Prestación de Servicios, a fin de obtener mayor transparencia y acceso a la información, evitando que dicha información sea clasificada como reservada o confidencial.
De la misma manera, estamos convencidos que deben rediseñarse los incentivos a los estados y los municipios para que cumplan una mejor función de fiscalización y recaudación. Fortalecer a los municipios para que tengan una mejor recaudación de impuestos y, simultáneamente, mejorar los mecanismos redistributivos a los estados y municipios con mayores índices de pobreza y marginación.
Un manejo adecuado de la política económica debe permitir el crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto y la redistribución de la riqueza nacional como eje estratégico del combate a la pobreza.
Si bien el crecimiento económico es requisito ineludible para el desarrollo social, este último sería el objetivo principal de la nueva estrategia que aquí se propone y cuya meta es que México logre ser una nación económica y socialmente catalogable como avanzada.
